Torra y Torrent desafían al Supremo y rozan el delito de desobediencia

La desobediencia que se muerde la cola. Quim Torra, y el presidente del Parlament de Cataluña, Roger Torrent, anunciaron este viernes públicamente que no piensan acatar la orden de la Junta Electoral Central de quitar el escaño al presidente de la Generalitat. Después de que el Tribunal Supremo rechazara suspender de forma urgente el acuerdo por el que se le considera inhabilitado para la actividad parlamentaria, ambos reiteraron que el órgano no es competente para tomar esta decisión y que no obedecerán. "Acabo de hablar con el 'Molt Honorable president' para confirmarle que sigue siendo diputado", indicó Torrent.

Si la amenaza verbalizada pasa del terreno de la palabra al del hecho, los dos incurrirían en la comisión de un delito de desobediencia. Torra más que nadie sabe qué consecuencias puede tener desoír a la JEC. Su decisión de no retirar los lazos amarillos de los edificios públicos por orden de la misma junta le llevó al banquillo, del banquillo a una condena por desobediencia a año y medio de inhabilitación, de la condena —aún no firme— a la pérdida del escaño. Con la resistencia a este último paso se arriesga a volver al punto uno: de nuevo el banquillo.

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EFE

"Soy diputado del Parlamento y presidente de Cataluña como se votó el 4 de enero en sesión plenaria. La decisión del Supremo es una nueva vulneración de la soberanía del Parlament. No reconoceremos los efectos que pueda tener esta decisión", aseguró rotundo después de conocer que se mantenía en vigor la orden de retirarle el acta. Horas después de que hiciera estas declaraciones, la Junta provincial ejecutó el acuerdo. En cumplimiento de lo dispuesto, declaró la vacante como diputado de Torra e indicó que se adjudicara la credencial a Ferrán Mascarell al correr turno.

Las opciones de ambos se dividen ahora entre ir a un enfrentamiento frontal o inclinarse por ganar tiempo. La decisión del Supremo no es definitiva. Este viernes la Sala de lo Contencioso solo se pronunció sobre si había motivos para paralizar la orden de la Junta de forma urgente para evitar daños irreparables. Y no vio que existieran. Eso no quiere decir que obren igual en su análisis del fondo.

Por poner un ejemplo gráfico de la diferencia que existe entre la respuesta jurídica a la reclamación de estas medidas de urgencia, conocidas como cautelarísimas, y la decisión final de una sala, está reciente el asunto de la exhumación de Franco. En ese caso, el tribunal paralizó la exhumación de forma cautelar pero después falló a favor de autorizarla y Franco fue trasladado desde el Valle de los Caídos hasta el Pardo.

Y en este caso puede suceder lo mismo. Esa es, al menos, la esperanza de los afectados que precisamente se han agarrado a este argumento en los escritos remitidos para intentar evitar la pérdida del acta. Dijeron a la Junta provincial que, pese a la decisión del Supremo, debe esperarse al pronunciamiento final sobre el incidente de medidas cautelares. Por si hay cambios.

No obstante, la resolución que esperan puede tardar días. Tanto Torra como Torrent tienen una salida intermedia para esquivar la desobediencia frontal. Es previsible que el 'president' del Parlament reclame un informe jurídico a los letrados del Parlament en el que solicite que se le argumente que el Reglamento de la cámara no prevé "la inelegibilidad sobrevenida" como causa de pérdida de la condición de diputado.

No sería de extrañar ya que los servicios jurídicos del Parlament se personaron ante la Junta Electoral Central (JEC) a petición de Torrent para intentar que Quim Torra no fuera inhabilitado por la vía rápida que prevé la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg). El letrado mayor, Joan Ridao, antiguo alto dirigente de ERC esgrimió entonces que la decisión constituye una forma singular de privación de la capacidad electoral pasiva producto "de la mala técnica legislativa", o, lo que es lo mismo, que la JEC podría estarse basando en una norma inconstitucional para destituir a Torra.

Sea mala o buena esa técnica legislativa, lo cierto es que está en la ley. Y los tribunales están para hacer que esta se cumpla sin entrar a valorar si el legislador cometió o no errores. Así lo demuestran anteriores decisiones del Supremo sobre esta misma cuestión. En el caso de un alcalde de La Oliva (Fuerteventura) condenado en primera instancia por prevaricación, la Sala de lo Contencioso respaldó la inhabilitación anterior a la firmeza de la resolución.