Quim Torra, condenado a año y medio de inhabilitación por desobedecer con los lazos

El mandato del 'president' Quim Torra ya tiene fecha de caducidad. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha condenado al líder independentista a año y medio de inhabilitación por desobediencia, delito en el que incurrió al no retirar los lazos amarillos de los edificios de la Generalitat tras los requerimientos de la Junta Electoral Central (JEC) en la campaña del 28-A. El 'president' ha anunciado que recurrirá la sentencia ante el Supremo, lo que implica dejarla sin efecto hasta que el alto tribunal se pronuncie: el tiempo medio de respuesta a los recursos de casación es de nueve meses. "A mí no me inhabilitará un tribunal con motivación política", ha asegurado tras conocer la condena.

En el caso de que el Supremo confirme la sentencia, el 'president' quedará fuera de la vida política en 2020, situación que pone sobre la mesa la convocatoria de elecciones para buscar un sucesor. Pero si se sacan las urnas en Cataluña, la hipótesis de que el propio Torra se presente como candidato para desafiar a la Justicia queda descartada: la Ley Electoral establece que son inelegibles los condenados por sentencia, aunque no sea firme, por delitos de rebelión, de terrorismo, contra la Administración pública o contra las instituciones del Estado cuando la misma haya establecido la pena de inhabilitación. La desobediencia se considera delito contra la Administración pública.

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A lo largo de 58 folios, el TSJC explica que Torra desobedeció, sin que hubiera ninguna circunstancia que modificara su responsabilidad, la decisión de la Junta Electoral Central que, una vez convocadas las elecciones del pasado 28 de abril, ordenó la retirada de la simbología partidista exhibida en edificios públicos, decisión que comunicó en tiempo y forma. Además del año y medio de inhabilitación, el tribunal le condena al pago de una multa de 100 euros diarios durante 10 meses, como pedía la Fiscalía.

La sentencia destaca además la "recalcitrante y reiterada actitud desobediente" del 'president', de la que incluso hizo "alarde público", convirtiéndola así en un pulso con el Estado. "El mismo día 19 de marzo, a la finalización de la reunión del Consell de Govern presidido por el aquí acusado, su portavoz, la Sra. Elsa Artadi i Vila, comunicó en una comparecencia pública que el 'president' no tenía intención de retirar los símbolos tal y como ordenaba la JEC". En el juicio, celebrado el 18 de noviembre, el propio Torra convirtió su declaración en un desafío al sistema judicial: "Sí, desobedecí. Era imposible obedecer una orden ilegal". "No vengo aquí a defenderme. En todo caso, vengo a acusar el Estado".

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Torra ha incidido este jueves en el mismo mensaje tras conocer la sentencia. Según ha explicado en rueda de prensa, tiene "nula confianza" en la Justicia española, lo que no quita que recurrirá el fallo ante el Supremo: "Mi condena será su condena. Es así como me expresé frente al tribunal el 18 de noviembre por haber defendido la libertad de expresión de todos los ciudadanos", ha afirmado. "La sentencia del TSJC dice que desobedecí. Pero este tribunal está formado por tres personas sin imparcialidad y con una Fiscalía plegada a los intereses del Gobierno español".

El pulso entre el 'president' y la JEC llegó a su culmen el 21 de marzo, cuando cambió el lazo amarillo del Palau por uno blanco, manteniendo en todo momento el lema de 'Llibertat presos polítics i exiliats' en el mismo. La sentencia explica que esta decisión supuso una "clara desatención a la orden de la Junta Electoral Central", por lo que se emitió un nuevo acuerdo en el que requirió al 'conseller' de Interior que diese "instrucciones a los Mossos d’Esquadra a fin de que procedan a retirar de los edificios públicos de la Administración de la Generalitat de Cataluña y de todas las entidades vinculadas o dependientes de dicha Administración autonómica, banderas esteladas, lazos amarillos o blancos con rayas rojas u otros de análogo significado".

Torra terminó por ceder un día después, fecha en la que se dio orden de retirar los símbolos independentistas de los edificios públicos, pero para entonces el caso ya estaba en manos de la Fiscalía. "A lo largo del día 22 de marzo, con antelación a las 15:00 horas, se dio debido cumplimiento a este acuerdo por las fuerzas requeridas para ello", explica la sentencia.

Un nuevo procedimiento en marcha

El TSJC ya tiene entre manos un nuevo caso que afecta de forma directa al 'president'. La investigación se basa en que el líder independentista desoyó al tribunal el pasado septiembre, cuando le ordenó retirar del Palau de la Generalitat una pancarta de apoyo a los presos del 'procés'. La Sala Contenciosa del TSJC acordó el 3 de diciembre que la causa siga adelante en la vía penal por si los hechos encajan con un delito de desobediencia, tras lo que se nombró al magistrado Carlos Ramos Rubio ponente del procedimiento.

La investigación se remonta a cuando la Sección Quinta de la Sala Contencioso Administrativo estimó las medidas cautelares solicitadas por Impulso Ciudadano, una asociación contraria al independentismo que argumenta que los lazos amarillos o las pancartas a favor de los presos del 'procés' incumplen los deberes a los que está sometida la Administración pública de representar al conjunto de la ciudadanía.

Frente a la solicitud de retirarlos, desde la Generalitat negaron que la organización tuviera "la legitimación activa para interponer el presente recurso contencioso", argumento que el TSJC echó por tierra: como ciudadanos que no se alinean "con la opción ideológica representada por dicha pancarta y el símbolo anexo", el TSJC considera que se ven afectados por la colocación de los mismos y, por tanto, legitimados para pedir su retirada. Pese a la orden del tribunal de retirar la pancarta del Palau, el 'president' respondió una vez más con un desafío.

El 20 de septiembre, el tribunal le dio 48 horas para quitar el lazo amarillo y la pancarta de apoyo a los 'presos políticos' de la fachada del Palau. Lejos de obedecer el mandato, Torra denunció una "vulneración flagrante del derecho a la libertad de expresión", para lo que presentó los símbolos como un clamor "mayoritario de la sociedad catalana y un compromiso democrático del Govern con las personas que sufren la represión por haber defendido la democracia, los mandatos electorales y los derechos fundamentales".

El 27 de septiembre, expirado ya el plazo, el tribunal ordenó entonces que los Mossos d'Esquadra retiraran la pancarta, tras lo que dos operarios de la Generalitat quitaron el mensaje del Palau sobre las 15:30. El Govern, sin embargo, respondió con un nuevo envite: a las 18:00, colgó otra pancarta con el lema 'Libertad de opinión y expresión. Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos'.