El cambio de criterio de la Fiscalía deja libres a otros dos CDR presos por terrorismo
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Ferrán Jolis y Alex Codina

El cambio de criterio de la Fiscalía deja libres a otros dos CDR presos por terrorismo

La decisión supone un paso más ya que se abre la puerta a la excarcelación de aquellos que manejaron precursores pero no explosivos

Foto: Protesta de los cdr en Barcelona. (EFE)
Protesta de los cdr en Barcelona. (EFE)

La Audiencia Nacional ha impuesto a un cuarto miembro de la célula de miembros de los CDR desarticulada a finales de septiembre una fianza de 5.000 euros para eludir el ingreso en prisión y a un quinto, de 10.000. Se trata de Ferrán Jolis, el experto en informática en el grupo, y de Alex Codina. El segundo de los casos va un paso más allá del criterio aplicado hasta el momento, relativo a aquellos que no manejaron sustancias explosivas, ya que Codina sí manejó precursores, según los indicios que obran en la causa. Tras la decisión, sólo dos de los acusados por terrorismo permanecen ahora en prisión incondicional.

La decisión de imponerle esta fianza fue adoptada, en el primer caso, por la jueza instructora María Tardón en sustitución del titular del Central 6 y "a instancias de la Fiscalía", que no se opuso al escrito presentado por la defensa de Jolis para que su situación se aparejara a la de otros tres miembros del grupo. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha acordado, por su lado, la prisión eludible con fianza para Codina, al determinar que no se encontró en la pericial elaborada por los dos técnicos del Grupo de Desactivación de Explosivos (GEDEX) de la Guardia Civil de Barcelona "referencia a la existencia de explosivos y sí únicamente de sustancias que debidamente mezcladas y siguiendo los correspondientes procedimiento técnicos pudieran llegar a convertirse en explosivos (precursores), disponiendo el recurrente de documentos con información para elaborar explosivos".

Foto: Un vehículo de la Guardia Civil en el traslado de siete miembros de los CDR detenidos el 26 de septiembre. (EFE)

En concreto, el auto explica que no existe en el registro del domicilio la sustancia "termita" sino precursores de la misma. La Sala deja constancia objetiva de la existencia de dichas sustancias precursoras que no son en sí mismas explosivos, sin entrar a valorar las declaraciones de descargo del recurrente en el sentido de que las sustancias eran utilizadas en su trabajo de restaurador. "Lo que sí nos permite afirmar, desde el punto de vista de los elementos justificantes de la prisión es el hecho de la objetiva inexistencia de explosivos en poder del señor Codina y que, por ello, su situación en este aspecto no difiere de los otros tres encausados recurrentes respecto de los que se ha acordado la posibilidad de imposición de una fianza para obtener su libertad", señala la Audiencia.

Tres de los siete CDR encarcelados por delitos de terrorismo quedaron libres la pasada semana previo pago de 5.000 euros. Tal y como planteó la Fiscalía, se les impusieron fianzas de 5.000 euros al considerar que no mantuvieron contacto con explosivos. Así, Guillem Xavier Duch, Eduardo Garzón y Xavier Buigas salieron con la obligación de comparecer los lunes en el Juzgado más cercano a su domicilio y no podrán abandonar el territorio nacional. Los tres acusados han depositado en el juzgado las fianzas impuestas.

La Fiscalía cambió hace unos días su criterio anterior y reclamó cauciones para que estos tres acusados recuperaran la libertad. Defendió, en una vista celebrada hace unos días, la variación de su situación de prisión incondicional. Los magistrados descartan, en su auto sobre los tres primeros beneficiados con esta variación, que se vulneraran sus derechos. Además, dio plena credibilidad a los indicios que pesan en contra de los tres pero no los consideró suficientes para mantenerles en la cárcel. "Existe una relevante probabilidad de culpabilidad", indicaban.

A pesar de ello, la Sala ponderó que el riesgo de fuga es mucho menor que cuando se produjo su encarcelamiento. Explicó que se pueden adoptar otras medidas cautelares menos gravosas y atiende a su arraigo personal, familiar, social y económico, que disminuye sensiblemente el peligro de que traten de sustraerse a la acción de la Justicia.

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Respecto a la destrucción de pruebas, los magistrados determinaron que en el momento actual ya han sido practicadas la casi totalidad de las pruebas y ya no existe la posibilidad de que entorpezcan o retrasen la investigación. También descartan que puedan influir en testigos o peritos. El motivo esencial valorado ha sido, sin embargo, "su falta de participación en la fabricación y tenencia de explosivos". La Sala precisó que los investigados continúan imputados por delitos de pertenencia a organización terrorista, tenencia de explosivos y conspiración para la comisión de estragos.

Jolis, el informático

Esta misma valoración es válida para Jolis, informático y parte del 'núcleo ejecutor' del ERT. Su rol era una pieza clave en el éxito de la organización, pues permitía garantizar la permanencia de la misma en el tiempo a través de la securización de las comunicaciones. Participó además en la reunión 'in itinere' con la hermana del expresidente catalán Carles Puigdemont, recuerda Europa Press.

Foto: El presidente de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra (i), y su antecesor en el cargo, Carles Puigdemont, durante una reunión en un hotel de Bruselas. (EFE)

Jolis recibió del también investigado Xavier Buigas el encargo de establecer una red de comunicación segura e indetectable para poder mantener comunicaciones desde el interior del Parlament, cuya instalación se realizaría en establecimientos y restaurantes cercanos mediante la usurpación de puntos wi-fi públicos y privados. En las conversaciones intervenidas al grupo por la Guardia Civil se le escucha afirmar: "Me estoy jugando el culo, porque si me pillan me van a meter terrorismo y banda organizada", aunque él dijo en su declaración policial que sólo lo dijo como "vacileo" ante su novia, con la que acababa de empezar una relación.

Jolis fue uno de los dos investigados que el pasado septiembre, tras las detenciones, pidió abogado de oficio y declaró durante varias horas tanto ante los investigadores de la Guardia Civil como ante el juez instructor de la causa. Tras su entrada en prisión provisional, renunció a su letrado y pidió ser asesorado por el equipo de asesores jurídicos de Alerta Solidària, como el resto de detenidos.

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