La GAIP ampara el secretismo de las comunicaciones entre Torra y Puigdemont

La Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública (GAIP) ha amparado la opacidad de las comunicaciones entre Quim Torra y Carles Puigdemont en una resolución en la que se pone del lado de la Generalitat, que a través de la Oficina del President asegura: “No consta que se haya hecho videoconferencia entre el presidente Quim Torra y expresidente Carles Puigdemont mediante el sistema corporativo”. La Generalitat usa el subterfugio “sistema corporativo” para evitar referirse a plataformas como Skype o Jitsi.org, que son los que utiliza Puigdemont en sus comunicaciones.

La oficina también contestó oficialmente que “no consta en la agenda oficial del presidente Quim Torra ni en la de la consejera Meritxell Budó que se haya hecho videoconferencia o reunión a distancia con el expresidente Carles Puigdemont o con el exconsejero Toni Comín”, pese a que la propia Meritxell Budó ha reconocido que durante su mandato “participaba” en el Consell per la República, si bien matizando que era de manera “no activa”, sin explicar qué significaba esto último.

La GAIP es un órgano especializado y se define como “plenamente independiente”. Lo preside Elisabeth Samarra. En su resolución a una petición de El Confidencial, este órgano, que debería garantizar el acceso a la información pública, da por bueno un informe de la Generalitat con fecha del 11 de noviembre en el que se asegura “no es que no se le haya dado la información pública, sino que no consta en la administración su existencia por lo que no puede ser objeto del derecho de acceso a información pública”.

En su petición, El Confidencial solicitaba saber cuántas veces, con qué periodicidad, qué personas participaban en las reuniones por videoconferencia entre Puigdemont y Quim Torra y las fechas en que habían tenido lugar. Pero, para la GAIP, “materialmente lo que hace –la Generalitat– es estimarla y facilitar a la persona reclamante la información realmente existente en poder de la Administración sobre lo que ha pedido, es decir, que las videoconferencias solicitadas no existen. De todos modos, el error en el etiquetado de la resolución no quita que su contenido sea lo que es procedente jurídicamente, por lo que se debe desestimar la reclamación”, tal y como fija en su resolución.

El Confidencial pidió una mediación entre las partes que se encuentra contemplada por la legislación que la GAIP ha denegado porque “no tiene ningún sentido invertir tiempo y recursos en la mediación” al considerar que se trata de información inexistente.

Peticiones ignoradas

El Confidencial también solicitó a la GAIP que en la mediación compareciera el responsable técnico del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) asignado a Presidencia para informar sobre si en la Generalitat se consideran "corporativas" las herramientas colaborativas como Skype u otras.

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También se le recordó a la GAIP que la Instrucción 3/2018 de la Secretaría de Administración y Función Pública que en su punto 10.1 afirma: "Se entiende por herramientas colaborativas las aplicaciones utilizadas para las comunicaciones entre personas que trabajan para conseguir un objetivo común, tales como redes sociales, wikis, blogs, sistemas de gestión de contenidos (SharePoint, Moodle, etc.) y de mensajería instantánea (WhatsApp, Skype, etc.)

Existe una legislación vigente que regula las comunicaciones de la Generalitat por sistemas como Skype que la GAIP ha preferido ignorar

La misma instrucción prevé también que "el personal solo puede utilizar las herramientas colaborativas que la Administración de la Generalidad ponga a su disposición para el tratamiento de la información". Por lo tanto, la instalación de herramientas como Skype o de otros sistemas de videoconferencia en ordenadores de la Generalitat es competencia exclusiva de los servicios de informática corporativos y su utilización deja la oportuna constancia. La misma instrucción, en su Punto 14.1 a) afirma que la Generalitat dispone de herramientas que posibilitan "registrar el acceso a los sistemas de información", lo que permite afirmar que cualquier utilización de cualquier sistema, sea "corporativo" o sea "colaborativo" ha tenido que dejar la oportuna constancia y debe ser accesible en las condiciones previstas en la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia. Pero la GAIP ha preferido ignorar la legislación vigente, aceptar sin más la versión de la Generalitat y no indagar sobre si esta “inexistencia” se debía a que, por ejemplo, se habían destruido las grabaciones.

Cuestión clave

Los contactos en Torra y Puigdemont son una de las cuestiones clave de esta legislatura. Torra siempre se ha definido como un “custodio” del cargo que en realidad debía ocupar Puigdemont. Como miembro de JxCAT, Puigdemont puede hablar con Torra cuando quiera. Pero si lo hace en calidad de presidente del Consell per la República ya no puede. El Consell debería haberse registrado como 'lobby', pero no lo ha hecho para mantener esa opacidad que rodea todo lo que se refiere a la interferencia continua de Puigdemont en los asuntos de la Generalitat. Al no hacerlo se viola la ley.

La Generalitat podría alegar que estos contactos forman parte del día a día de JxCAT, pero eso sería como negarse a reconocer el Consell per la República. Y en esa trampa saducea se encuentra atrapado todo el Govern. Mientras, Meritxell Budó sigue dando largas al Parlament para comparecer en la Comisión de Asuntos Institucionales para dar explicaciones sobre sus vínculos con el Consell per la República.

En su negativa la GAIP solo se basa en artículos genéricos de la ley. Suficiente para dar cobertura a esta actuación que implica importantes déficits democráticos y cuya opacidad se encuentra fuera de toda duda.