SIN CAMBIOS NORMATIVOS SOBRE EL PAPEL

PP, Cs y Vox pactan los Presupuestos en Murcia con avances en el pin parental

Vox aprobará los presupuestos de PP y Cs en Murcia tras lograr un avance en la aplicación del pin parental, aunque no habrá un cambio normativo en el currículo obligatorio como exigía

Foto: El presidente de Murcia, Fernando López Miras, y la vicepresidenta, Isabel Franco. (EFE)
El presidente de Murcia, Fernando López Miras, y la vicepresidenta, Isabel Franco. (EFE)

Luz verde a los primeros presupuestos del Gobierno de coalición de PP y Ciudadanos en Murcia tras haber llegado a un acuerdo con Vox. La negociación que llevaba días estancada a causa del polémico pin parental ha dado sus frutos. Finalmente habrá una aplicación de la exigencia del partido de Santiago Abascal, que se conforma con extender la instrucción dada por la Consejería de Educación murciana en el mes de septiembre, y renuncia a que el cambio normativo formal se recoja en el acuerdo presupuestario. Es decir, los avances normativos, si finalmente llegan, se harán a través de la consejería y sin un acuerdo firmado en el Gobierno por la oposición de Ciudadanos.

Los detalles del acuerdo todavía no se han hecho públicos y, como suele ocurrir, hay diferencias a la hora de explicarlos. Fuentes de Ciudadanos aseguran que la postura de los naranjas es "la mantenida en todas partes" y aseguran estar "satisfechos" al frenar las pretensiones de Vox, insistiendo en que los talleres y charlas previstos en el proyecto de cada centro seguirán adelante. Por su parte, el portavoz de Vox, Juan José Liarte, aseguró que habrá un cambio en los decretos de primaria, secundaria y bachillerato para introducir lo acordado. Los naranjas confirman que si la Consejería de Educación propone modificaciones en los decretos en la junta de gobierno, sus cuatro consejeros votarán en contra. Los seis del PP serían suficientes para aprobarlas, aunque la imagen de desencuentro en el Ejecutivo sería evidente.

El concepto de pin parental supone que las familias deben autorizar a sus hijos a participar en cualquier actividad complementaria impartida por profesionales ajenos a los centros educativos y al claustro de profesores. Vox planteaba la medida pensando en charlas y talleres que consideran "moralmente controvertidos", como aquellos que tratan de educación sexual. Pero, en la práctica, este filtro no existía: hablaban de cualquier actividad complementaria. Vox consiguió arrancar al PP en su acuerdo de investidura un párrafo que hablaba de "garantizar la obligatoriedad del consentimiento expreso para que los padres pudieran decidir la asistencia de sus hijos a enseñanzas relacionados con contenidos éticos, morales o sexuales".

En la propuesta inicial para aprobar los presupuestos del Gobierno regional, Vox —que fue primera fuerza en las generales de noviembredaba un paso más allá y exigía desarrollar formalmente la iniciativa con cambio normativo en los decretos de currículo de Primaria, Secundaria y Bachillerato. Eso significaba que la autorización sería necesaria también para aquellas actividades complementarias que se incluyeran en los currículos obligatorios del alumnado, y que cada centro aprueba al inicio de curso con la participación de las familias y los profesores representados en el consejo escolar. La negociación se estancó: Ciudadanos aseguró que no permitiría un cambio en la legislación y se ponía como límite lo acordado para los presupuestos en Andalucía, donde gobiernan también con populares y se apoyan en la ultraderecha.

El acuerdo andaluz hablaba de permitir a las familias educar en libertad y de una autorización para actividades complementarias, siempre y cuando no afectara al currículo obligatorio. Era la línea roja que, finalmente, han sobrepasado aunque sin llegar a lo que pedía Vox.

¿Qué se ha aprobado exactamente?

A lo largo de este jueves la polémica se desató cuando algunos dirigentes de la formación naranja, como la consejera Ana Martínez Vidal, aseguraron que el pin parental "ya existía en Murcia". Se basaban en una instrucción que la Consejería de Educación (dirigida por el PP en la Región) lanzó el pasado septiembre, justo al empezar el curso. Lo que hizo la consejería fue dar carta de naturaleza a la exigencia de Vox, pidiendo a los colegios que empezaran a solicitar a los padres ese consentimiento para cada una de las actividades complementarias en las que participaran sus hijos en el curso.

Gran parte de la comunidad educativa se lanzó en contra de la medida sin descartar incluso tomar medidas legales. Al tratarse de una instrucción sin un cambio normativo, algunos centros empezaron a implementarlo y otros muchos no lo hicieron. En todo caso, no hay controles ni inspecciones en funcionamiento, según explican fuentes del Gobierno regional.

Imagen del aula de un colegio público. (EFE)
Imagen del aula de un colegio público. (EFE)

El acuerdo presupuestario ha mantenido el párrafo incluido en el acuerdo de PP y Ciudadanos sobre este asunto, que se ceñía a "permitir a las familias educar a sus hijos en libertad, sin imposiciones de ningún tipo, mediante el establecimiento de una autorización expresa de las familias para la participación de sus hijos en actividades complementarias", pero con la siguiente introducción: "Establecido a tal efecto por la Consejería de Educación y Cultura". Es decir, el acuerdo presupuestario sí asume a nivel regional la instrucción dada por la consejería, aunque no habrá cambios legislativos.

Precisamente por la inexistencia del pin parental real, Vox quiso ir un paso más allá pidiendo modificar los decretos e introduciendo una cláusula en la que los padres deben firmar la autorización o automáticamente sus hijos estarán excluidos de la actividad. Dicho de otra manera: si hasta ahora la ausencia de una nota pidiendo que los hijos no acudieran se entendía como que las familias estaban conformes con que participaran, ahora es justo al revés: se requiere el esfuerzo de los padres de entregar siempre un justificante o la suposición será que no quieren que sus hijos acudan. El portavoz del partido insiste en que este supuesto sí se aplicará.

Ciudadanos, por su parte, se oponía a que el Ejecutivo murciano diera un paso real al frente. Reconocía que las instrucciones de las consejerías que controla el PP no son competencia suya ni del Gobierno como tal, pero insistía en ningún caso apoyará una iniciativa efectiva. Finalmente ha dado su brazo a torcer, aunque fuentes del partido regional aseguran sentirse "satisfechos" por haber aguando el envite de Vox. En la Junta de Andalucía —donde Ciudadanos sí controla Educación—, no se ha puesto en marcha ninguna instrucción similar.

La polémica del pin parental ha llegado al Gobierno central, al anunciar el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que el Ministerio de Educación "recurrirá ante los tribunales la decisión" del Ejecutivo regional, a pesar de que esa decisión aún no había sido tomada. Fuentes del Gobierno regional aseguran que al no haber un cambio en los decretos que afecte a la ley de educación, entienden que la ministra Isabel Celaá "no puede recurrir" tal cuestión.

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