Pin parental en el currículo obligatorio: órdago de Vox en los Presupuestos de Murcia

El Gobierno de coalición de PP y Ciudadanos tiene un nuevo incendio en Murcia. Y una vez más, como ocurre en otras comunidades autónomas, la causa es la relación con su socio externo: Vox. Encima de la mesa, la negociación de los Presupuestos de 2020 (atascada desde finales del año pasado) y un escollo principal: la implantación formal del pin parental en los centros educativos, una de las banderas del partido de Santiago Abascal y que supone una autorización expresa de las familias sobre cualquier materia, charla o actividad complementaria que desarrollen los alumnos.

En todos los acuerdos de investidura firmados entre Vox y el PP —Ciudadanos y el partido de ultraderecha no pactaron por escrito en ninguna región—, aparecía un párrafo que hablaba de "permitir a las familias educar a sus hijos en libertad, sin imposiciones de ningún tipo, mediante el establecimiento de una autorización expresa de las familias para la participación de sus hijos en actividades complementarias". El mismo párrafo que aparece en el último acuerdo presupuestario firmado, en esa ocasión sí, por los tres socios en Andalucía. Sin embargo, en el caso de Murcia, la formación de Abascal va un paso más allá.

Según ha podido constatar este diario, el grupo parlamentario de Vox, que dirige Juan José Liarte en la Región, ha incluido en su propuesta para el acuerdo de Presupuestos que se está negociando unos anexos en los que se desarrolla con claridad la implementación del pin parental con un formulario tipo que las familias deberían empezar a usar y la propuesta de modificar los decretos de currículo de Primaria y de Bachillerato. Es decir, por primera vez, Vox plasma sobre el papel una modificación legal y normativa en materia de Educación que pide regular la autorización expresa de los padres en actividades complementarias que, al formar parte del currículo escolar, son obligatorias para el alumnado.

En concreto, la propuesta —a la que Ciudadanos se niega en redondo, según confirman dirigentes regionales y también de la gestora nacional— establece que las actividades complementarias obligatorias pasarán a tener "carácter voluntario" para los alumnos siempre que: se realicen fuera del centro o precisen aportaciones económicas de los padres (como ya sucedía en la actualidad), o "sean impartidas por personas ajenas al claustro del centro" si los padres, madres o representantes legales no prestan su consentimiento expreso.

Y en lo que respecta a esas actividades y talleres impartidos por personas que no pertenecen al claustro del colegio o instituto, las familias recibirán una relación detallada por parte de los tutores con la siguiente información: descripción de la actividad y contenidos, objetivos, materiales, nombre y titulación de la persona que lo imparte y la fecha en que se realizará, tal y como aparece en el formulario tipo al que ha accedido este diario.

Vox defiende en su programa que el pin parental sirve para que los padres decidan si sus hijos reciben charlas, talleres o actividades que afectan "a cuestiones morales socialmente controvertidas o sobre la sexualidad" que pueden resultar "intrusivos para la conciencia y la intimidad". Sin embargo, la propuesta lanzada en Murcia no concreta el tipo de actividades y pide una interferencia familiar en el proyecto educativo que cada centro aprueba al inicio de cada curso.

Ciudadanos siempre se ha mostrado contrario a esta propuesta, criticando que el partido de Abascal quiera influir en los contenidos obligatorios que todos los alumnos deben recibir independientemente de la comunidad. Recuerdan, además, que cada centro cuenta con un consejo escolar —en el que están representadas las familias, igual que los docentes— que aprueba cada año el proyecto educativo del centro, las materias y actividades que sus hijos desarrollarán. La formación naranja, de hecho, defiende que haya un protocolo para el trabajo con los contenidos relacionados con la convivencia democrática o la educación sexual en el que se impliquen las familias, expertos en salud y diversos colectivos.

El debate lleva tiempo recorriendo las distintas comunidades autónomas en las que el bloque de la derecha pactó. También la Comunidad de Madrid, donde el pasado noviembre el Gobierno de PP y Ciudadanos dejó claro a Rocío Monasterio, portavoz de ultraderecha en la Asamblea, que no se pondría en marcha la medida. La propia presidenta popular, Isabel Díaz Ayuso, se unió al vicepresidente, Ignacio Aguado, asegurando "que la política no puede entrar en las aulas una y otra vez", pidiendo a Vox que dejara de "intentar romper algo tan importante como el vínculo entre profesores y alumnos" solo porque "una mamá de Vox o de Podemos quieran decidir los contenidos que dan los profesores".

Fuentes del partido naranja recuerdan además que muchas líneas curriculares dependen directamente de la ley educativa estatal y ponen en duda que las reformas planteadas por Vox puedan llevarse a cabo en las comunidades autónomas. Dirigentes de la gestora aseguran que la línea roja es lo pactado en Andalucía —donde hay un compromiso por la libertad de los padres para decidir sobre la educación de sus hijos, pero que no se ha desarrollado para implementar nada formalmente— e insisten en que no darán su brazo a torcer en Murcia. No respaldan el formulario ni la modificación normativa. El entorno de la vicepresidenta en la Región, Isabel Franco, también deja claro que se opondrá a ese punto en la negociación.

Vox, sin embargo, insiste en mantener el órdago. La pretensión de populares y naranjas pasa por debatir los Presupuestos en el mes de febrero, lo que deja un escaso margen de dos semanas para tener el acuerdo cerrado.