El PP cuela en el pacto con Cs varias de las exigencias de Vox con una redacción 'light'

PP y Ciudadanos han firmado en la comunidad de Madrid un acuerdo programático de 155 medidas para conformar un Gobierno de coalición. En ese pacto los populares admiten abiertamente que han introducido muchas de las exigencias que Vox redactó hace unos días para poder sumar su apoyo, aunque su redacción deja claro de que se trata solo de intenciones más que de obligaciones. El equilibrio para que Ciudadanos aceptara lo propuesto por Vox en un texto que solo negociaba con el PP ha sido complicado, señalan fuentes de los equipos negociadores. "El acuerdo solo defiende la Constitución, no habrá ninguna medida que suponga un retroceso", señaló Ignacio Aguado al presentarlo, que recalcó en que no tiene ningún problema en sentarse con Rocío Monasterio, líder del Vox en Madrid, para explicárselo.

De las 155 medidas firmadas 16 están en el capítulo de sanidad. Vox exigió, "dado que los recursos de los madrileños no son finitos, evitar el turismo sanitario", requiriendo "al país de origen el pago de la factura sanitaria tanto de los inmigrantes ilegales como de los comunitarios o visitantes que se hayan beneficiado de la sanidad pública madrileña". El último punto del acuerdo Ciudadanos-PP, el 16, el texto intenta de una manera 'light' satisfacer la exigencia de Vox: "Seguiremos colaborando con el Gobierno de España para evitar el turismo sanitario, dando cumplimiento a los reglamentos europeos y potenciando los mecanismos de facturación y cobro entre países por los ciudadanos comunitarios y no comunitarios atendidos". Una declaración de intenciones que se traduce en seguir cumpliendo las leyes.

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D. Fernández

Otra de las peticiones de Vox, clave también en su programa nacional, fue "garantizar la libertad educativa y derecho de los padres a elegir el modelo que deseen para sus hijos". Para ello pide derogar "aquellos artículos de la legislación en vigor que atenten contra la libertad de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones morales". También pidió la aprobación del 'pin parental'. Un sistema por el que los centros educativos deben pedir la autorización de los padres para dar a los niños "charlas, talleres o actividades con carga ideológica o moral contraria a sus convicciones". Es decir, los padres podrán vetar, si lo desean, la formación en sexualidad.

El acuerdo Ciudadanos-PP incluye 20 medidas en materia de educación. "Asumiremos un compromiso político por la libertad y la igualdad de oportunidades en la educación. Garantizaremos el derecho de las familias madrileñas a elegir la educación de sus hijos, ya sea en centros públicos, concertados o privados", señala el primer punto. "Igualmente, garantizaremos la libertad de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones morales, como defiende el artículo 27.3 de la Constitución Española". Aunque no se hace mención específica al 'pin parental' el PP está dispuesto a estudiar su implantación esta legislatura.

Otra de las exigencias de Vox pasaba por crear una Consejería de Familia y Natalidad "para revertir el invierno demográfico e incentivar la maternidad". En principio el término 'natalidad' no estará en ninguna consejería, y Ciudadanos gestionará el área de Asuntos Sociales y Familia. El acuerdo, no obstante, incluye "desarrollar la Estrategia Madrileña de Apoyo a las Familias para promover la natalidad y garantizar la igualdad de derechos de todas las familias". También habrá ayudas: "ampliaremos las ventajas y beneficios actualmente reconocidos en la normativa autonómica a lasfamilias numerosas de la Comunidad de Madrid y buscaremos extender determinadas ventajas y beneficios a las familias con dos o más hijos y a las familias monoparentales".

En el aspecto económico y fiscal Vox pedía bajar impuestos "sin elevar la deuda", realizar una auditoría de las subvenciones concedidas en los últimos años, "sus cantidades y destinatarios", y suprimir "las subvenciones destinadas a financiar chiringuitos, entes públicos, sindicatos, patronales o empresas públicas que tengan carácter ideológico, que no respondan a criterios razonables del uso del dinero público o que supongan una duplicidad de competencias". La bajada de impuestos viene recogida en el acuerdo, no así la supresión de subvenciones. El único compromiso es la "evaluación del impacto socioeconómico de las políticas públicas y de las subvenciones concedidas en la Comunidad de Madrid, favoreciendo la transparencia, la eficacia y la eficiencia, mejorando así la toma de decisiones futuras". Otra declaración de intenciones.

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David Fernández

Otro punto del documento de Vox era el que pedía colaborar desde la Comunidad de Madrid "para identificar a los inmigrantes que se encuentren en la región de manera ilegal, con especial repatriación de los 'menas'", es decir, menores de edad. El acuerdo intenta satisfacer esta exigencia. "Colaboraremos, teniendo en cuenta nuestro marco competencial, con la Administración General del Estado para favorecer una inmigración ordenada y legal y se garantizará que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado tengan acceso a la información de la que disponga la Administración regional relativa a los extranjeros en situación irregular", reza el punto 51. Nada más. Ayuso dejó claro en la presentación del acuerdo que "la Comunidad no tiene competencias para repatriar a menores inmigrantes".

"Igualmente, apoyaremos a las instituciones competentes en la lucha contra las mafias de tráfico de personas y aquellas organizaciones que favorezcan la llegada de extranjeros en situación ilegal", señala lo firmado en PP y Ciudadanos. Vox también pedía "eliminar la ayuda al exterior, que debe ser competencia exclusiva del Estado. Así suprimiremos gasto público innecesario". El acuerdo firmado revela que PP y Ciudadanos revisarán estas ayudas a la cooperación. "En materia de ayuda al exterior se procederá a una evaluación de las actuaciones y, en todo caso, se actuará en plena coordinación con la Administración General del Estado", señala el punto 50.

PP y Ciudadanos se comprometen a revisar las ayudas a la cooperación, ya que Vox había pedido que se elimasen "por ser un gasto innecesario"

Uno de los puntos más polémicos de las exigencias de Vox fue el que exigía retocar dos leyes autonómicas, la 3/2016 de 22 de julio y la 2/2016 de 29 de marzo, lo que supondría derogar artículos que defienden derechos de la comunidad LGTBI. Se trata de las leyes de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid, y la de Protección Integral contra la LGTBifobia y la discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual.

El acuerdo entre Ciudadanos y PP deja claro no obstante que "creemos firmemente en la diversidad y, por ello, garantizaremos la igualdad de todas las personas, evitando que puedan ser discriminadas por razón de lugar de procedencia, etnia, sexo o cualquier otra circunstancia personal. Defenderemos los derechos del colectivo LGTBI+ en la Comunidad de Madrid. Promoveremos la plena igualdad social de las personas lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales y lucharemos contra la discriminación y la violencia que todavía sufren". Es decir, que la exigencia de Vox de revisar más de una decena de artículos de estas dos leyes no se especifica en el documento, aunque Isabel Díaz Ayuso ha mostrado su disposición a estudiar partes concretas de esos textos y debatirlas en la Asamblea. Como la inversión de la carga de la prueba en denuncias por discriminación y la autorización para talleres de diversidad de género en las escuelas.