Las condiciones de Vox: la firma de Cs y medidas contra sin papeles y LGTBI

Vox ha concretado este miércoles las condiciones que pone para que la Comunidad de Madrid tenga un presidente o presidenta en el plazo fijado, el pleno de investidura del 11 de julio. Las ha resumido en tres: respetar gran parte del programa de la formación (con medidas fuertemente ideológicas), que el pacto que se alcance se firme (lo que obliga a que Ciudadanos se siente a negociar con ellos) y, sobre todo, que se cumpla, en una clara crítica a lo que ha pasado en el Ayuntamiento de Madrid.

La presidenta de Vox en Madrid, Rocío Monasterio, ha puesto un límite a las negociaciones: el 2 de julio, día en el que el presidente de la Asamblea debe proponer candidato a la presidencia del Gobierno regional. Como ha publicado El Confidencial, si no hay acuerdo para esa fecha a Vox no le importa retrasar la investidura a septiembre. "Tenemos todo el verano para negociar, que a los políticos nos pagan el mes de agosto".

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Monasterio ha dejado claro también que el PP deja de ser el socio preferente y ahora se abre un periodo de negociación en el que Vox "tiende la mano a todos los partidos que pretendan llegar a un acuerdo de investidura durante el mes de julio". Un aviso para PP y Ciudadanos. Las condiciones que propone Vox, no obstante, dejan claro que sus únicos socios viables son Isabel Díaz Ayuso e Ignacio Aguado, ya que su "programa de mínimos" es incompatible con el bloque de la izquierda representado en el Parlamento madrileño. En cuanto al reparto de sillones, Vox asegura que ya no es una prioridad: "Venimos a defender ideas. A evitar políticas del consenso socialdemócrata".

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El documento entregado hoy por Vox para iniciar las negociaciones (en teoría ya habían comenzado con el PP) resume los requisitos que va a exigir para firmar un acuerdo, "un programa de mínimos en las que todas las partes ceden y dan". El primer apartado es económico. Vox pide bajar impuestos "sin elevar la deuda", realizar una auditoría de las subvenciones concedidas en los últimos años, "sus cantidades y destinatarios", y suprimir "las subvenciones destinadas a financiar chiringuitos, entes públicos, sindicatos, patronales o empresas públicas que tengan carácter ideológico, que no respondan a criterios razonables del uso del dinero público o que supongan una duplicidad de competencias". Rocío Monasterio señaló que ya tiene identificados a muchos de estos beneficiarios.

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Vox también pide cerrar aquellas "entidades que no justifiquen su existencia bajo estos criterios" y no crear nuevos entes públicos en la estructura del Gobierno, una estructura que quiere adelgazar. "También se suprimirá la ayuda al exterior". Monasterio dejó claro que su prioridad ya no es entrar en el futuro Gobierno. Aquí hay un cambio de tendencia, producido porque desde el partido se ha dado cuenta que formar parte de un Ejecutivo desgasta más que estar en la oposición. Monasterio también dejó claro que no es imprescindible sentarse a negociar directamente con Ciudadanos en una mesa a tres, basta con que la formación naranja firme y cumpla lo que se acuerde.

Esta nueva vía implica un fuerte desgaste para la candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, que tendrá que realizar una fuerte labor de mediación entre dos socios, Vox y Cs, que no se tragan pero que están obligados a entenderse. Otra de las exigencias de Vox pasa por crear una Consejería de Familia y Natalidad "para revertir el invierno demográfico e incentivar la maternidad". Otro punto del documento de Vox es el que pide colaborar desde la Comunidad de Madrid "para identificar a los inmigrantes que se encuentren en la región de manera ilegal, con especial repatriación de los 'menas'", es decir, menores de edad.

Vox también pide, "dado que los recursos de los madrileños no son finitos, evitar el turismo sanitario, requiriendo "al país de origen el pago de la factura sanitaria tanto de los inmigrantes ilegales como de los comunitarios o visitantes que se hayan beneficiado de la sanidad pública madrileña". Además de "suprimir la ayuda a los inmigrantes ilegales y aquellas asociaciones que promuevan la inmigración ilegal".

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Otro de los ejes de Vox, clave también en su programa nacional, es "garantizar la libertad educativa y derecho de los padres a elegir el modelo que deseen para sus hijos". Para ello pide derogar "aquellos artículos de la legislación en vigor que atenten contra la libertad de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones morales". También pide la aprobación del 'pin parental'. Un sistema por el que los centros educativos deben pedir la autorización de los padres para dar a los niños "charlas, talleres o actividades con carga ideológica o moral contraria a sus convicciones". Es decir, los padres podrán vetar, si lo desean, la formación en sexualidad.

Monasterio ha exigido retocar dos leyes autonómicas, la 3/2016 de 22 de julio y la 2/2016 de 29 de marzo, lo que supondría derogar artículos que defienden derechos de la comunidad LGTBI. Se trata de las leyes de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid, y la de Protección Integral contra la LGTBifobia y la discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual, puntos en los que es prácticamente imposible que llegue a un acuerdo con Cs.