El Gobierno intenta rebajar la tensión con el CGPJ y llamará al PP para renovar órganos

El Gobierno de coalición de Pedro Sánchez quiere pasar página de la fuerte colisión que ha dominado toda su primera semana en el poder, a raíz tanto de la elección de Dolores Delgado como próxima fiscal general del Estado como de las palabras del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, sobre la "humillación" que habían infligido los tribunales europeos a la Justicia española. El Ejecutivo se queda con que el Consejo General del Poder Judicial ha avalado finalmente la propuesta de Delgado para el Ministerio Público y no entra a valorar ni su división interna ni el hecho de que no haya hablado en su informe de la "idoneidad" de su candidatura. Al tiempo, anuncia que llamará de inmediato al PP para proceder a la renovación tanto del CGPJ como de los órganos pendientes de relevo: el Tribunal Constitucional o el Defensor del Pueblo.

El de este viernes fue el segundo Consejo de Ministros de la coalición y el último que se celebrará ya en viernes, ya que la próxima cita del Gabinete será el martes, y así se repetirá semanalmente, pese a las quejas de la oposición, que denuncian el "sometimiento" del Congreso. En esta ocasión no compareció Pedro Sánchez, sino la portavoz, María Jesús Montero, y las titulares de Igualdad, Irene Montero, y Educación, Isabel Celaá. Es la primera vez en la que debuta un ministro de Unidas Podemos ya como miembro del Gobierno en la Moncloa y las tres se afanaron en mostrar sintonía y cohesión.

El CGPJ avaló este jueves, con 12 votos a favor y siete en contra, que Delgado cumple con los requisitos legales para convertirse en fiscal general. Esto es, que acumula 15 años de ejercicio profesional como jurista de prestigio, pero no se incluyeron en el dictamen términos habituales en este tipo de informes, como los méritos que reúne el candidato o idoneidad para el cargo para el que es promovido. La portavoz Montero se quedó con la primera parte: que el Poder Judicial, cuyo pronunciamiento es preceptivo, aunque no vinculante, ha constatado que es "una persona que cumple con lo que la ley marca para poder desempeñar un puesto de esta responsabilidad". Además, Delgado, durante su etapa como ministra, "ha respetado de forma escrupulosa la independencia de la Fiscalía, y los hechos también avalan que va a seguir teniendo ese mismo concepto", añadió.

El Ejecutivo se queda con que el CGPJ ha constatado que Delgado cumple los requisitos legales y no entra a valorar su debate interno

A partir de ese punto, el Gobierno no quiere inmiscuirse en las deliberaciones en el seno del CGPJ ni hablar sobre la división y crispación que ha generado en la Justicia la propuesta de Delgado. Solo expresa su "respeto" a sus debates y "a la separación de poderes", nada más. "Cualquier otra consideración, el Gobierno no va a entrar. La propuesta de nombramiento sigue su curso", señaló, para indicar que el Ejecutivo mantiene sus planes y no cederá en la candidatura de Delgado. Montero pidió entonces que no se resalten cuestiones en las que los partidos de la oposición quieren "sacar tajada", porque con esa actitud hacen un "flaco favor a la Administración de Justicia". También en tono deliberadamente conciliador, la ministra reclamó respeto a todas las instituciones porque es algo que "compete" tanto a la oposición como al Gobierno.

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Mano tendida para los acuerdos

Preguntada por si este choque con la Justicia podía ser un preludio de lo que puede ocurrir en esta legislatura, de manera que las derechas acudan a ella como "referente", Montero buscó templar. De manera evidente. "Ni con nuestras expresiones ni con nuestras acciones vamos a contribuir a incrementar ningún grado de crispación, ningún intento de embarrar la vida pública, como hacen otras formaciones, y mucho más cuando concierne a otros poderes del Estado. Es nuestra obligación velar por la convivencia normalizada de todas las instituciones y es nuestra función que la política se pueda desarrollar en condiciones de normalidad", porque los ciudadanos quieren que los políticos "se entiendan" y no se instalen en la "confrontación" o en el "bloqueo". "En esa tarea vamos a estar, no espere de nosotros que vayamos a echar ni un mínimo de leña a los intentos de incendio que algunos quieren provocar —agregó—. Vamos a intentar que se produzca el diálogo, la normalidad, la convivencia democrática, y el respeto a las decisiones de los ciudadanos a través de las elecciones".

"No esperen que vayamos a echar ni un mínimo de leña a los intentos de incendio que algunos quieren provocar. Vamos a intentar el diálogo", dice Montero

El siguiente objetivo del Ejecutivo es procurar precisamente la renovación de los órganos constitucionales, entre los cuales figura el CGPJ (en funciones desde hace más de 13 meses), pero también el Tribunal Constitucional o el Defensor del Pueblo. El PP ya ha anunciado que no está dispuesto a dialogar sobre esta cuestión, pero el Gobierno lo va a intentar. La portavoz adelantó que el titular de Justicia, Juan Carlos Campo, llamará "de inmediato" a los conservadores para negociar el relevo de estas instituciones. El Ejecutivo apela a la "responsabilidad" a los populares, a los que sigue "tendiendo la mano" para suscribir acuerdos de Estado. Y aunque será el ministro el que inicie los contactos, no se descarta que también asuma las riendas el propio presidente y que llame él a Pablo Casado, a quien el Gobierno pide una actitud "constructiva", porque es "fundamental" que se siente a la mesa.

Todo indica que el Gabinete de Sánchez seguirá apretando al PP y a las demás fuerzas políticas para que se avengan a pactar los cambios en las instituciones, porque ya Sánchez empezó con la presión el martes, y ha continuado en los últimos días, también este viernes. "Ninguna fuerza política puede intentar bloquear primero al Ejecutivo y posteriormente a órganos tan importantes para el funcionamiento de la democracia", censuró.

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"Línea nítida"

También está pendiente la reunión de Sánchez con Quim Torra. No hay fecha aún, dijo Montero, porque los gabinetes de los dos presidentes siguen cuadrando las agendas. Ya el jefe del Ejecutivo dijo que quería que ese encuentro, que será en Madrid o en Barcelona, se produjera "cuanto antes".

El Gobierno busca la llamada "desjudicialización" de la política, y a ese cambio de postura obedece también que Exteriores haya permitido la apertura de las 'embajadas' catalanas en Argentina, México y Túnez. La noticia se ha conocido el mismo día en que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña anuló el decreto del Govern que reabría las delegaciones de la Generalitat en Reino Unido, Alemania, Estados Unidos, Italia, Suiza y Francia en junio de 2018. En esa sentencia, por tanto, el TSJC estimó el recurso contencioso administrativo presentado por Exteriores.

El Gobierno alega que si ha permitido la reapertura de tres 'embajadas' catalanas es porque el Govern ha incorporado los "requerimientos" de Exteriores

La vía libre para la reapertura de las oficinas en Argentina, México y Túnez —habían sido impugnadas por Josep Borrell por entender que promovían fuera de España las tesis del independentismo, y luego suspendidas por el TSJC— se dio apenas días antes de que tomara posesión de su cargo la nueva ministra, Arancha González Laya, cuando estaba al frente del departamento, de manera interina, la titular de Defensa, Margarita Robles. Esta misma explicó este viernes que si se ha permitido que funcionen de nuevo las delegaciones en esos tres países es porque la Generalitat "atendió a los requerimientos del Gobierno" de limitar la acción de sus oficinas a actividades comerciales y culturales", informa EFE. Robles relató que ella habló con la Conselleria de Exteriores para explicar que una comunidad autónoma "no podía tener delegaciones que hicieran política exterior, sino que se tenía que limita a actividades de carácter comercial o cultural".

El departamento catalán aceptó la posición del Ejecutivo central y cambió los decretos de reapertura de manera que ya no invaden la competencia en política exterior, que es exclusiva del Estado. También Montero, desde la Moncloa, subrayó que lo importante es que la Generalitat ha "incorporado" las condiciones que Exteriores consideró "imprescindibles" para que hubiera una "línea nítida" entre las oficinas que las CCAA pueden tener fuera de España y la acción exterior del Estado, residenciada en las embajadas.

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De momento, no hay más recursos al TC

En esa línea encaja también que no se hayan presentado más recursos ante el Tribunal Constitucional. El Gobierno en funciones registraba impugnación tras impugnación, semana tras semana, antes de las elecciones del 10-N. La ofensiva contra el independentismo era clarísima. Pero las elecciones han cambiado por completo la perspectiva, y ahora la estabilidad del Ejecutivo depende de ERC. Desde los comicios, el Gabinete ha ido dando largas a las últimas impugnaciones pendientes, y en particular la que el Parlament aprobó el 26 de noviembre. Montero aseguró que el Gobierno no está dejando pasar los plazos, simplemente que para interponer cualquier recurso o requerimiento hay que estudiar bien el expediente y "en eso se está trabajando".

El Ejecutivo niega que esté dando largas para impugnar resoluciones del Parlament: el expediente se sigue estudiando y recurrirá si las leyes se saltan

La portavoz remarcó que el compromiso del Ejecutivo es "firme" y que no permitirá que "ninguna administración" se salte las leyes o las incumple. Igual que ha ocurrido con el 'pin parental': Montero y Celaá anunciaron un requerimiento al Gobierno de Murcia para que retire la instrucción de este curso académico que establece que los padren den su autorización previa y expresa para que sus hijos acudan a actividades impartidas por personas ajenas al centro.

La "desjudicialización de la política" no es que no se recurran ante los tribunales incumplimientos de las normas, dijo la portavoz, sino que los jueces no tengan que decidir sobre cuestiones políticas que son motivo de "controversia o de conflicto". "La política no se puede esconder detrás de la togas", remató.