El Gobierno va a la guerra cultural con Vox por el pin para unir el bloque de investidura

Con apenas una semana de vida y prescindiendo de la tradicional tregua de los 100 días, el Gobierno y la oposición se han enzarzado ya en su primera batalla cultural a cuenta del pin parental o veto cultural promovido por Vox. Un arranque que anticipa una legislatura de trinchera cargada de polarización y una tensionada agenda del Gobierno, cuyas propuestas se toparán con una ola de reacción. Un contexto que, en definitiva, refuerza el eje izquierda-derecha en el Congreso, dibuja una alternativa que busca liderar Vox y no hace otra cosa que cohesionar el bloque de la investidura. Todo ello, cuando comienzan a prepararse las negociaciones para los Presupuestos.

Con un Gobierno en minoría y un Congreso con pluralidad de voces, solo una oposición a la que Vox marque el paso facilitará al Ejecutivo conseguir las mayorías necesarias con otras formaciones minoritarias. Como se demostró en la sesión de investidura, las diferencias quedan aparcadas ante la falta de alternativa. "La alternativa, un Gobierno de PP y Vox, era mucho peor", argumentaba este fin de semana el líder de ERC, Oriol Junqueras, en una entrevista en el diario 'El País'. De ahí que el Gobierno haya escalado esta primera batalla cultural con Vox, que pretende situar la educación pública en el centro de la diana. Un asunto que genera consenso entre la izquierda y que lleva a remar junto al Gobierno de PSOE y Unidas Podemos al resto del bloque de la investidura.

La primera rueda de prensa del Consejo de Ministros en que se escenificó la coalición con la intervención de la socialista Isabel Celaá y la ministra de Unidas Podemos Irene Montero, junto a la portavoz, María Jesús Montero, se centró en anunciar que el Gobierno solicitaría un requerimiento al Gobierno murciano por el pin parental. El Gobierno pasaba así a la ofensiva anunciando "contundencia" y reforzando un mensaje que ha seguido centrando la agenda política de estos días.

Una oposición a la que Vox marque el paso facilitará al Ejecutivo conseguir las mayorías necesarias con los partidos minoritarios por la "falta de alternativa"

Esta batalla cultural visibiliza una pugna entre el bloque de la investidura y el "bloque reaccionario". En palabras del vicepresidente, Pablo Iglesias, según el mensaje que trasladaba a través de las redes, "la ofensiva del bloque reaccionario con el pin Abascal no busca solo normalizar la desobediencia de la derecha frente a la ley (mañana será el pin fiscal para que los ricos no paguen impuestos) sino que es un ataque contra la educación pública y las familias que la necesitan".

El proceso iniciado por Vox en Murcia ha arrastrado al Partido Popular de Pablo Casado hacia posiciones ajenas que nunca antes había defendido. Los de Santiago Abascal ganan terreno en su lucha por liderar la oposición al Gobierno y prometen extender la polémica iniciativa a Andalucía y Madrid. El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz aseguraba este lunes por la mañana que tenía "constancia de que se va a trabajar de manera efectiva y decidida" en la Consejería andaluza de Educación "para que el pin parental sea una realidad". En la Comunidad de Madrid, la portavoz Rocío Monasterio también busca vincular su necesario apoyo a los Presupuestos a que se implante este veto parental a determinadas actividades complementarias en horario escolar de sus hijos.

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Paloma Esteban

El seguidismo de los populares con Vox incomoda en una parte del partido, como alguno de los líderes autonómicos ya ha manifestado tanto en público como en privado. Hay debate interno sobre la estrategia a seguir, pero hasta el momento parece imponerse la línea marcada por su portavoz, Cayetana Álvarez de Toledo. El pin parental también ha enfrentado a Ciudadanos con Vox, cuya estrategia de oposición contribuye a aumentar el aislamiento de la formación liderada por Inés Arrimadas. El Gobierno de Mariano Rajoy ya buscó en su día la polarización con Podemos para aislar al PSOE, su principal rival.

La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, llamaba precisamente la atención este lunes por la mañana sobre el hecho de que Pablo Casado "haya caído en esto, en el fondo y en la forma en que lo ha hecho", después de haber acusado a la ultraderecha a "agredir" a la educación pública. Unas horas antes, era Victoria Rosell, futura delegada del Gobierno para la Violencia de Género, quien mantenía la llama sobre esta polémica ironizando sobre la posibilidad de aplicar al Gobierno de Murcia el artículo 155 de la Constitución si el Ejecutivo autonómico sigue adelante con el veto parental. "Hay unos cauces jurídicos que pueden ser no necesariamente judiciales sino incluso administrativos de requerimiento para que cumpla la obligación, imagínese, incluso de un 155 en Murcia, porque se niega a tratar a todo su alumnado por igual, o a garantizar los derechos de las personas más vulnerables", concluía.

Las diferencias no son menores entre el Gobierno de coalición y sus socios de investidura, pero la existencia de un enemigo común cohesiona

Si el bipartidismo, las mayorías absolutas, el rodillo parlamentario o los ejecutivos monocolor son ya parte del pasado, este nuevo ciclo político comienza a moldearse en forma de dos bloques enfrentados. Ya antes de la investidura, Pablo Iglesias defendía que "el bloque de la moción de censura", en el que incluía a ERC, al PNV y a EH Bildu, y que en junio de 2018 aupó a Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno "está llamado a asumir la responsabilidad de la dirección del Estado". Asimismo, añadía que la posibilidad de acuerdos con el PP era prácticamente nula porque "está en otra cosa, peleándose con la extrema derecha de Vox, y eso va a durar tiempo". En este contexto, se arrogaba que "los que tenemos responsabilidad de dirección de Estado y de trabajar la democracia integrativa somos nosotros".

Un cambio de paradigma del que depende la estabilidad del Gobierno en minoría y a la que, paradójicamente, ayuda la ofensiva de la oposición simbólicamente liderada por Vox. Las diferencias no son menores entre el Gobierno de coalición y sus socios de investidura, pero la existencia de un enemigo común cohesiona. Máxime, cuando una de las medidas estrella de Vox, que este mismo lunes llevaba al registro del Congreso, pasa por promover una reforma de la Ley de Partidos que permita ilegalizar a las fuerzas independentistas.