No es solo sexualidad: reciclaje, seguridad vial... Lo que esconde el pin parental de Vox

El pin parental —la iniciativa estrella de Vox, que supone pedir a las familias una autorización expresa para cada actividad complementaria que sus hijos lleven a cabo dentro del currículo obligatorio— se ha convertido oficialmente en la primera batalla política entre el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos y los gobiernos autonómicos de la derecha (PP y Cs) que se apoyan en el partido de Santiago Abascal. El epicentro está en Murcia, por ser el Ejecutivo regional que más avances ha registrado con el asunto.

En concreto, la Consejería de Educación que dirige el PP en esta comunidad mandó el 29 de agosto las habituales instrucciones de comienzo de curso para educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato en las que incluyó, por primera vez, una orden muy concreta: aquellas actividades que forman parte de la propuesta curricular y otras incluidas en los planes aprobados por el centro deberán contener los objetivos perseguidos y los datos de las personas o instituciones que vayan a desarrollarlas. Además, las impartidas por personas ajenas al claustro de profesores deberán ser autorizadas por los padres, manifestando si muestran su conformidad o no con la realización.

Al tratarse de una instrucción —que además fue recurrida por los sindicatos de la Región murciana de forma inmediata— y no de un decreto formal, hay centros que la aplican desde septiembre y otros que todavía no la han puesto en marcha, según ha podido confirmar este diario. El programa electoral de la formación de ultraderecha hablaba de un pin parental para que los padres decidieran si sus hijos reciben charlas o talleres sobre "ideología de género, educación sexual y otras cuestiones moralmente controvertidas" que pueden resultar "intrusivas para la conciencia y la intimidad". Pero la realidad es que la instrucción de Educación es mucho más amplia y no limita las autorizaciones a este tipo de cuestiones.

De hecho, ocurre lo contrario. Detrás de la exigencia de Vox (que no se conforma con la instrucción y exige en el nuevo acuerdo presupuestario elevarlo a la vía normativa a través de un nuevo decreto) se esconden el resto de talleres y actividades que no solo forman parte del currículo obligatorio, sino que se refieren a cuestiones tradicionalmente vinculadas a la formación de los chavales. Y que ahora podrían estar también en riesgo si los padres deciden no autorizar a sus hijos. Los ejemplos son evidentes: reciclaje, seguridad vial y charlas de profesionales para enfocar el futuro profesional y laboral de los alumnos.

Según ha podido comprobar este diario de distintos centros murcianos, a lo largo del primer trimestre se incluyeron en muchos colegios charlas sobre educación vial —impartida por agentes de la Policía Local de Murcia— que complementaba una excursión posterior al Parque Infantil de Tráfico. Otro ejemplo es un taller sobre desarrollo sostenible y biodiversidad que impartieron profesionales del ámbito en otros colegios. Los profesores que llevan aplicando el pin parental desde la instrucción de inicio de curso reconocen que la orden es que los alumnos que no entreguen el papel firmado por sus padres no puedan asistir a la actividad.

Se trata de un asunto que preocupa mucho a las organizaciones sindicales que, a diferencia del Gobierno central, sí se movilizaron en septiembre, cuando Educación actuó por primera vez. El presidente de la Asociación Nacional de Profesionales de la Enseñanza (el sindicato ANPE) en Murcia, Clemente Hernández, reflexiona acerca de la situación: "Vox promueve esta iniciativa por un tipo de charlas —las de contenido sexual o relacionadas con el colectivo LGBTI—, pero qué ocurre si cada padre empieza a cuestionar un taller programado por el centro. Actividades que previamente han sido aprobadas por el consejo escolar donde están representadas las familias", apunta.

Además del riesgo de que los padres comiencen a vetar contenidos y dificulten la labor de los centros, Hernández insiste en la "carga burocrática enorme" que la medida impulsada por Vox está generando en los colegios. "Los profesores tienen que asumir qué hacer cada vez que haya una charla o un taller y algunos alumnos se hayan olvidado de la autorización, a pesar de que aseguran que les permiten acudir", explica. Yendo al fondo de la cuestión, en el sindicato no tienen dudas de que el planteamiento "es del todo innecesario". "Cada actividad ha sido programada con antelación. Todo se decide antes de comenzar el curso y las familias están informadas. Hay unos 620 centros educativos públicos en Murcia y no hay denuncias en este sentido. No es un planteamiento que sea necesario. Solo se generan problemas burocráticos", insiste.

TE PUEDE INTERESAR

Celaá da un mes a Murcia para quitar el pin parental y Rosell propone aplicar el 155

EFE

Burocracia... y mucha política. El presidente de ANPE en Murcia lamenta que la educación en la Región se haya convertido "en la moneda de cambio" de los presupuestos regionales y, sobre todo, la consecuencia más inmediata: "La política se ha metido en los centros y lo va a condicionar todo. Y eso no puede ser", zanja.

División en el Gobierno murciano

La polémica en torno al pin parental también puede generar un problema importante en el seno del Gobierno autonómico, donde el PP ha impulsado la medida para dar cumplimiento a una exigencia de Vox y Ciudadanos —la otra mitad del Gobierno— se opone a su implementación. Fuentes del partido naranja asocian la fuerza de Vox en Murcia (en las últimas generales, ganaron las elecciones) al requerimiento tan tajante en la negociación presupuestaria para avanzar en el pin parental. "Lo hacen porque quieren dar un golpe en la mesa y demostrar lo fuertes que son", reconocen.

TE PUEDE INTERESAR

El Gobierno va a la guerra cultural con Vox por el pin para unir el bloque de investidura

Iván Gil

Sin embargo, la postura naranja sigue siendo "la compatibilidad de conjugar la libertad de elección de los padres con los derechos de los niños". Aseguran estar en contra del pin parental y que no permitirán un cambio normativo. Según ha podido confirmar este diario, el partido de Isabel Franco se opondrá a un cambio legislativo y no permitirá que el pin parental llegue a través de un nuevo decreto si la votación pasa por la Asamblea murciana, dividiendo el voto del Gobierno regional.

Por su parte, la ofensiva del Gobierno central de PSOE y Unidas Podemos tampoco parece terminar. La ministra del ramo, Isabel Celaá, comunicó que su departamento enviaría un requerimiento a la región por entender que "vulnera" el artículo 27.1 de la Constitución, instando al Ejecutivo regional a "volver a la legalidad" anulando la iniciativa en el plazo de un mes. También Ciudadanos ha solicitado un informe a los servicios jurídicos de la comunidad autónoma para que aclaren el recorrido de la propuesta de Vox y sus límites legales.