Declaración de emergencia climática

El Gobierno obligará a las ciudades de más de 50.000 habitantes a tener su Madrid Central

Se incluirá en la futura Ley del Cambio Climático que el Ejecutivo remitirá al Congreso en un plazo máximo de 100 días. Mantiene el compromiso de prohibir los vehículos de combustión en 2050

Foto: La vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. (Efe)
La vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. (Efe)

El Gobierno ha aprobado en su primer Consejo de Ministros ordinario de los martes una declaración de emergencia climática con la que sienta las bases de la lucha contra el calentamiento global que se marca el Ejecutivo para esta legislatura. Se trata de una declaración transversal a todos los ministerios, ya que tendrán que diseñar sus políticas con el objetivo de combatir la emergencia climática. La prioridad para el Ministerio de Transición Ecológica será aprobar en un plazo de 100 días en anteproyecto de la Ley de Cambio Climático para remitirla al Congreso.

Una de las medidas estrella de este anteproyecto, y que se ha modificado respecto a la propuesta inicial, es que el Gobierno obligará a los municipios de más de 50.000 habitantes a establecer una zona de bajas emisiones. Esto significa que ya no será voluntario para los grandes municipios establecer su 'Madrid Central', sino obligatorio, con el objetivo de reducir la contaminación de los grandes núcleos de población. Así lo ha explicado la vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en el que ha aprobado la declaración de emergencia climática.


El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya propuso esta medida en su investidura fallida de la pasada primavera, pero su incapacidad para conseguir el respaldo del Congreso hizo que decayera. Ahora, se planteará ya en esta Ley de Cambio Climático que está ya muy avanzada y que remitirá en menos de 100 días a las Cortes, ha señalado la vicepresidenta.

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El Consejo de Ministros también se ha comprometido a mantener la prohibición de circulación a vehículos con emisiones a partir de 2050, lo que singnifica respetar "a rajatabla", los objetivos marcados por la Unión Europea. El objetivo del Gobierno va más lejos, ya que pretende establecer en las próximas semanas el calendario para la descarbonización de la economía. Este marco incluirá la senda para "alcanzar la neutralidad climática a más tardar en 2050". A partir de ese momento, toda la energía consumida por el país tendrá que proceder de fuentes "100% renovables".

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La declaración de emergencia climática incluye un total de 30 líneas de acción para los 100 primeros días de Gobierno para combatir el calentamiento global. Entre ellas, incluye también el estudio de las figuras fiscales para eliminar las subvenciones e incentivos existentes a los combustibles fósiles. El objetivo es que estas acciones contaminantes no estén subsidiadas desde el sector público para evitar su uso. "En línea con nuestro compromiso con el G20, no habrá nuevos subsidios a combustibles fósiles y revisará los que ya existen". No contempla, sin embargo, la subida de impuestos al diésel.

"Tenemos que ser más rápidos y ambiciosos" en la lucha contra el cambio climático, ha apuntado Ribera. Pero no solo eso, "también hay que hacer un esfuerzo para que nadie se quede atrás". Es indudable que habrá muchos sectores afectados por esta nueva normativa del clima, lo que obligará a mejorar las redes de protección social que ofrezca el sector público y también a recualificar a los trabajadores desplazados para que puedan cambiar de sector.

El Ministerio creará también una Asamblea Ciudadana del Cambio Climático, a semejanza del caso francés, que incorporará a la sociedad civil de cara a las futuras decisiones sobre lucha medioambiental. Esta Asamblea tendrá una composición equilibrada de hombres y mujeres y también contará con representación de los jóvenes. El objetivo es garantizar la "participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones en materia de cambio climático", señala la declaración.

103.000 millones para las CCAA

El Consejo de Ministros también ha aprobado la primera comunicación de las entregas a cuenta que se realizará a las comunidades autónomas y corporaciones locales en el marco de la prórroga presupuestaria. En concreto se liberarán 103.000 millones de euros a las regiones, apenas 200 millones más que en 2019. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha explicado que esta cifra es el resultado de la prórroga de las entregas del pasado ejercicio y que se actualizarán cuando se apruebe el anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2020. Es de esperar que las entregas a cuenta finales vayan a ser superiores a esta cuantía, ya que el crecimiento económico y las subidas de impuestos previstas elevarán las previsiones de recaudación y, por tanto, las transferencias que les corresponden a las regiones.


"Las comunidades autónomas tienen que saber cuáles son las cantidades que se irán librando en los próximos meses", ha explicado Montero, "hoy comunicamos esas cantidades y las actualizaremos cuando se apruebe el anteproyecto de presupuestos". Esto significa que el Gobierno no esperará a la aprobación de los PGE en el Congreso para actualizar las entregas a cuenta, algo que el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se negó a hacer durante sus años al frente del Ministerio. Con esta nueva directriz, el Ejecutivo se compromete a actualizar las entregas a cuenta en el mismo momento en el que cuente con la previsión de ingresos públicos que acompaña a la elaboración de las cuentas del Estado.

Montero también ha anunciado cuál es la liquidación definitiva del sistema de financiación autonómica correspondiente al año 2018, que siempre se liquida con dos años de retraso. Los cálculos definitivos de los técnicos del Ministerio de Hacienda han dado como resultado un saldo favorable a las comunidades autónomas que asciende a 10.985 millones de euros y que el Ejecutivo abonará en los próximos meses. Esta cuantía es casi el doble que la de 2017 (4.833 millones superior) como consecuencia de que en 2019 se tuvo que liquidar el cambio del IVA introducido en el año 2017.

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El Consejo de Ministros también ha aprobado la subida del salario de los funcionarios cumpliendo así con el compromiso alcanzado por el anterior ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro. En concreto, el Ejecutivo ha aprobado una subida del salario del 2% con efectos retroactivos al primero de enero. Con esta medida, el Ejecutivo podrá abonar la nómina de enero incorporando ya esta subida. El acuerdo también contempla una subida salarial variable en función del crecimiento del PIB que parece inalcanzable. Para que se produjera sería necesario que el PIB de 2019 hubiera experimentado un avance superior al 2%, cifra que ya han descartado los principales organismos y casas de análisis.

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