Moncloa pone a cero el contador de la Ley de Memoria y alarga el debate del franquismo

Cambio de planes sobre la marcha. La Moncloa da un giro de timón y modifica su estrategia respecto a la modificación de la Ley de Memoria Histórica. De una proposición de ley del Grupo Socialista que ya estaba elaborada y registrada en el Congreso —aunque con la tramitación sin arrancar— a un proyecto de ley del Gobierno, que no ha pasado aún la primera lectura por el Consejo de Ministros.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez pone así el contador a cero con una de sus políticas bandera de esta legislatura, como fue en la anterior, marcada por la exhumación de Francisco Franco, tras un largo proceso de contienda con la familia del dictador en los tribunales. El Gobierno, en lugar de impulsar la tramitación del texto que ya tenía la Cámara Baja en sus manos, se ha decantado por redactar él la norma. Y eso, puede estirar los tiempos, ya que un proyecto de ley requiere una doble lectura por el Consejo de Ministros y el informe de los órganos consultivos antes de su aterrizaje en el Congreso.

De este modo, la discusión sobre la nueva norma que cambiará sustancialmente aquella que aprobó el Gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero en 2007, no llegará a las Cortes Generales hasta el otoño. Eso sí, una vez en el Parlamento, al ser una iniciativa del Gobierno, tiene prioridad sobre las proposiciones que presentan los grupos. Su paso por las dos cámaras podría durar en torno a tres meses, salvo si se opta por un procedimiento exprés. La consecuencia es que el debate sobre la huella del franquismo se prolongará, previsiblemente, durante bastante tiempo. Y este es un asunto que permite al bipartito polarizar con el ala derecha del Parlamento, especialmente con Vox.

El texto incluía desde la atribución al Estado de la exhumación de las fosas, hasta la creación de un banco de ADN o la retirada de las medallas

El Grupo Socialista presentó en el Congreso el pasado 24 de enero, apenas diez días después de que se formase el nuevo Gobierno de coalición, su proposición de Ley de Memoria Histórica y Democrática [aquí en PDF], una norma de nuevo cuño que contemplaba aspectos novedosos, como la atribución al Estado de la apertura de las fosas del franquismo, la creación de un sistema de banco nacional de datos de ADN en el que queden registradas las coordenadas de los restos óseos desenterrados, la promoción de un censo nacional de víctimas de la dictadura, la elaboración de un catálogo de títulos nobiliarios concedidos entre 1948 y 1977 que representen una exaltación del régimen —para su posterior supresión—, la instauración del 31 de octubre como día de recuerdo y homenaje a las víctimas del golpe militar y la dictadura, el impulso del conocimiento de la historia democrática española en el sistema educativo o la retirada de las medallas pensionadas a acusados de tortura como Billy el Niño —ya fallecido—.

La iniciativa también incluía que el Gobierno, por real decreto, determinaría el nuevo marco jurídico que habría de regir el Valle de los Caídos, lo que supondría la salida de la comunidad benedictina, muy beligerante con el Ejecutivo desde que anunció, en el verano de 2018, que Franco saldría de Cuelgamuros.

Un buzón para sugerencias

El texto también contenía una parte de reforma propiamente dicha de la ley de Zapatero (la 52/2007), para declarar la nulidad de las sentencias de los tribunales franquistas —no solo la ilegitimidad—, y para resignificar el Valle de los Caídos, y hacer de él "un cementerio civil, lugar de memoria de las víctimas de la Guerra Civil española y la dictadura franquista, de información de su construcción y significado, de conocimiento del periodo histórico en el que se inserta, e impulsor del reconocimiento, dignificación y homenaje de aquellos cuyos restos se encuentren allí inhumados".

La proposición de ley se quedó ahí, parada. Ni siquiera dio el primer paso, el de la toma en consideración, por el que el pleno del Congreso decide si inicia o no su tramitación. Si es así, se abre el plazo de presentación de enmiendas —primero, a la totalidad, luego, las parciales—, para después discutirse el texto en ponencia y comisión, de ahí viajar de nuevo al pleno de la Cámara Baja y, posteriormente, al Senado. Si este introduce cambios, la ley regresa a la carrera de San Jerónimo para su aprobación definitiva.

La norma, que contemplaba la previsión de resignificar el Valle de los Caídos, quedó lógicamente parada por la emergencia del covid-19

El covid-19 paralizó en seco, lógicamente, la tramitación de todas las iniciativas no relativas a la emergencia sanitaria. Pero culminado ya el estado de alarma, el Ejecutivo quiere retomar su agenda política de la legislatura y desarrollar el acuerdo de Gobierno de PSOE y Unidas Podemos.

Y una de las materias a la que el bipartito confiere mucha importancia es, precisamente, la memoria histórica. La Moncloa ya dio una primera pista de su cambio de planes el pasado 26 de junio, cuando el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, que pilota la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, adelantó que había abierto un buzón —consultaleymemoria@mpr.es— para que los ciudadanos envíen "propuestas, ideas, opiniones o sugerencias" de cara a modificar la ley de 2007. Podrán enviarse las aportaciones —siempre con identificación del remitente—, advertía el Ejecutivo, hasta el próximo sábado 11 de julio.

TE PUEDE INTERESAR

Lo que no se vio de la exhumación de Franco: 'walkie talkies', tensión y maldiciones

Juanma Romero

Las distintas opciones

Días después, el pasado 30 de junio, Calvo, en declaraciones a los medios en una visita al Palacio Real de Madrid, anunció que pretende elevar al Consejo de Ministros, este julio, un nuevo proyecto de Ley de Memoria Histórica. Y quiere ir rápido, dijo, porque España "es la única democracia importante en el mundo que tiene fosas comunes con desaparecidos y familias enteras esperando, algunas personas muy mayores, no morirse pensando que sus padres, sus abuelos, sus familiares están sin identificar y sin la dignidad que corresponde a una democracia".

A partir de una primera lectura, el Consejo elevará el anteproyecto a los órganos consultivos, y tras su dictamen el texto ya sí se remitirá a las Cortes

La vicepresidenta señaló que su ministerio ultima con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) un "plan de exhumación en todo el territorio", con inyección de fondos públicos para que a través de los ayuntamientos se puedan exhumar restos de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura. Ella misma citó, asimismo, la creación de un banco de ADN y la resignificación del Valle de los Caídos, para lo que habrá, aseguró, una reunión pronto. La número dos opuso la sensibilidad del Ejecutivo de Pedro Sánchez en esta materia a la de Mariano Rajoy, que "se jactó de decir que había cero euros para la memoria democrática" en sus Presupuestos.

El texto que prepara el Ministerio de la Presidencia llegará al Consejo de Ministros, para una primera lectura, por tanto, en este mes. A partir de entonces, sería elevado a los órganos consultivos para que emitan su informe. Una vez disponga el Gobierno de todos los dictámenes, estudia la norma una segunda vez. El Consejo remitiría ya sí el proyecto de ley al Congreso. Un paso que, calculan en su equipo, podría darse en septiembre u octubre. "Se están viendo posibilidades para agilizar la tramitación", abundaron estas fuentes. El Gobierno podría pedir a las Cortes que examinara el texto por el procedimiento de urgencia y en lectura única, lo que acorta considerablemente los plazos, reduciéndolos al mínimo.

Si el Gobierno hubiera, sin embargo, optado por su plan inicial, el de proposición de ley, la tramitación podría empezar, teóricamente, ya. Aunque tampoco es tan fácil. Julio y agosto son meses inhábiles en el Parlamento, y solo se pueden convocar sesiones extraordinarias —del pleno o de las comisiones— si lo pide el Ejecutivo, la Diputación Permanente o la mayoría absoluta del Congreso —artículo 61.2 del reglamento—. Este mes hay previstas dos sesiones plenarias —entre otras cosas, para aprobar los dictámenes de la Comisión de Reconstrucción—, pero la agenda está de momento vacía para agosto, y no es frecuente que las comisiones se reúnan para tramitar proposiciones de los grupos, informan fuentes de la Cámara.

Calvo: "España es la única democracia importante que tiene fosas comunes con desaparecidos y familias esperando, algunas muy mayores"

De esta manera, lo habitual sería que todo el trabajo de tramitación parlamentaria se retomara en septiembre, con el arranque del nuevo periodo de sesiones. Una iniciativa de los grupos también se puede tramitar por el procedimiento de urgencia —los plazos se acortan a la mitad— y en lectura única —sin pasar por ponencia y comisión—. Al final, la celeridad o no con que se discutan y aprueben las iniciativas, sean del Ejecutivo o de los grupos, depende mucho de la presión —y el criterio de oportunidad política— de la Moncloa y de la mayoría gubernamental.

TE PUEDE INTERESAR

"Represivo", "populista": juristas de izquierda en contra de que el franquismo sea delito

Beatriz Parera

"De los primeros temas"

Desde la Moncloa explican que si se ha elegido finalmente la vía del proyecto de ley es porque había cuestiones que no habían quedado resueltas en el texto presentado por el Grupo Socialista, como el asunto de la retirada de las condecoraciones policiales y pensionadas a Antonio González Pacheco, 'Billy el Niño', acusado de torturar a sus detenidos durante el régimen. Para entonces, no había fallecido: el expolicía murió, contagiado por coronavirus, el pasado 7 de mayo.

En el PSOE explican que el texto del Gobierno será "más completo" que el registrado. Sánchez prometió perseguir como delito la exaltación del régimen

Fuentes del Grupo Socialista indicaron a este diario que la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, que dirige el socialista almeriense Fernando Martínez, está "trabajando la norma", que será "más completa" que el texto que registró el partido en enero. "Podíamos haber introducido enmiendas en nuestra iniciativa, pero tiene más sentido que la traigamos al Congreso como proyecto de ley del Gobierno con todo ya incluido", indican.

Desde el equipo de Calvo subrayan que la norma no morirá, porque es una de las banderas del Gobierno y una de las materias en las que se quiere volcar la vicepresidenta, un asunto al que le confiere especial importancia. "Y va de los primeros temas que quiere sacar adelante", insisten. Añaden que una prueba es que en este julio se habilitará un concurso para liberar una dotación presupuestaria para las entidades memorialistas.

Sin embargo, no tiene pinta de ser una ley que el Ejecutivo pueda tramitar sin mucho debate. Porque aún habrá de definirse, por ejemplo, cómo se resignificará el Valle de los Caídos, o si se incluye, como Sánchez prometió en la campaña de las generales del 10-N, la apología del franquismo como un delito, en cuyo caso se requeriría del formato de una ley orgánica para poder reformar el Código Penal. Franco volverá además a una Cámara en la que, a diferencia de lo que ocurrió en 2018, cuando pasó por el Congreso la exhumación del dictador, ya sí está la ultraderecha de Vox. Dos años atrás, el pleno convalidó el real decreto ley que permitía la salida de Franco de Cuelgamuros con la abstención de PP y Ciudadanos, pero ahora Pablo Casado sufre la competencia directa de Santiago Abascal.