El Estado intentará mostrar irregularidades en la compra de Meirás por Franco
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El juicio arranca el lunes

El Estado intentará mostrar irregularidades en la compra de Meirás por Franco

El abogado del Estado jefe en Galicia ha expuesto esta línea argumental tras una reunión con el delegado del Gobierno sobre el enfoque del Estado para defender que el inmueble es público

Foto: El Pazo de Meirás. (EFE)
El Pazo de Meirás. (EFE)

La estrategia jurídica de la Abogacía del Estado en el juicio sobre el Pazo de Meirás que empieza el próximo lunes en A Coruña se centrará en demostrar la irregularidad de la compra por el dictador Francisco Franco y la posterior administración del inmueble por parte del Estado.

El abogado del Estado jefe en Galicia, Javier Suárez, ha expuesto esta mañana la línea argumental que se expondrá la próxima semana durante el juicio, tras mantener una reunión con el delegado del Gobierno, Javier Losada, sobre el enfoque del Estado para defender que el inmueble forma parte del patrimonio público.

Aunque Suárez ha dicho a los periodistas que prefiere no entrar en detalles técnicos que se abordarán la próxima semana, sí ha resumido la estrategia de la demanda de la Abogacía del Estado, que entiende que el pazo era un bien de dominio público porque se destinó durante 40 años a una finalidad pública como fue que sirviera de sede oficial al jefe del Estado.

Foto: Alberto Núñez Feijóo. (EFE)

"Entendemos que eso determinó que el Estado adquiriese el bien por usucapión con la condición de un bien de dominio público, de manera que la posesión posterior que ha podido realizar la familia Franco a partir del año 1975 no le permite adquirir la propiedad del bien porque el dominio público es imprescriptible", ha explicado el abogado del Estado.

La Abogacía del Estado pretende demostrar así que la compra del inmueble por el dictador fue "simulada y fraudulenta", un argumento que sostendrá con "un documento clave que demuestra que Franco falseó el título con el que inscribió el Pazo de Meirás a su nombre", lo que constituiría en la actualidad un supuesto delito de falsedad en documento público.

"Además, argumentará que el inmueble fue utilizado durante cuarenta años con usos públicos, como residencia del Jefe del Estado y para asuntos como Consejos de Ministros", y que "fue administrado por el Estado, que corrió a cargo de todos sus gastos", añade la Delegación del Gobierno.

Entendemos que eso determinó que el Estado adquiriese el bien por usucapión con la condición de un bien de dominio público

Bajo esta premisa, se trataría de "un bien de dominio público" y no sería posible que hubiera sido transmitido a los herederos del dictador.

El delegado del Gobierno en Galicia ha subrayado que la finalidad de esta demanda y su "gran argumentación jurídica" es "fortalecer la democracia", en palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre esta acción, que aspira a recuperar para el patrimonio público el inmueble, situado en el municipio coruñés de Sada y propiedad de los herederos del dictador.

El juicio arranca el lunes en el juzgado de Primera Instancia número uno de A Coruña, en un proceso iniciado por la Abogacía del Estado al que posteriormente se sumaron la Diputación, la Xunta y los ayuntamientos de Sada y A Coruña.

"Son muy importantes la reparación, la justicia y la memoria", ha sostenido Javier Losada, que ha destacado la "magnífica profesionalidad" del abogado del Estado al que ha deseado éxito en el proceso con la confianza de que el Pazo de Meirás sea recuperado para el patrimonio público.

Foto: El pazo de Meirás. (EFE)

El pasado 31 de enero, en la audiencia previa al juicio en la que tanto la Abogacía del Estado como la familia Franco presentaron sus alegaciones, los herederos del dictador fundamentaron su estrategia de defensa en que han poseído como dueños "hasta hoy", de "buena fe" y "con justo título" el inmueble en el que no se han hecho inversiones a costa del erario público.

Además, la defensa de los nietos de Franco asegura que este pagaba los impuestos correspondientes y que se imputaba los gastos, ingresos y rendimientos en su cuota tributaria, mientras que la Abogacía del Estado sostiene que los impuestos se pagaban con dinero público.

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