La rebaja de penas para la sedición en el Código Penal inquieta al mundo de Waterloo

La rebaja de penas para el delito de sedición que prepara el Gobierno español inquieta al soberanismo de Waterloo, ya que aunque todos los actuales fugados podrían volver y eso rompería la dinámica legitimista y de internacionalización del 'procés', Carles Puigdemont no se ha pronunciado en concreto sobre esta medida. "No es el momento de tomar esta decisión. Yo lo que quiero hacer es volver a casa como persona libre con una república catalana independiente", ha asegurado Puigdemont en entrevista en Catalunya Ràdio. Todo apunta, por tanto, a pocas ganas de volver ni siquiera si lo permite la ley.

El principal problema es el denominado 'concurso medial': los acusados, también los que están en la cárcel, están condenados por diversos delitos, entre ellos, malversación. Y para este último no se quieren recortar las penas. Rebajar las penas de sedición podría servir para poner en la calle a aquellos que ya hayan cumplido buena parte de la nueva pena. Pero haría falta que la reforma fuese muy concreta, para encajar justo en el tipo, por ejemplo: sedición sin violencia con malversación para convocar un referéndum ilegal. Es decir, hace falta que el cambio del Código Penal sea muy, muy concreto para que encaje en los hechos que sentenció el fallo del Tribunal Supremo.

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Fuentes cercanas a Waterloo han calificado el cambio legal de “maniobra” contra el espacio de Justicia europeo, donde los independentistas no dejan de cosechar victorias legales. Es decir, el soberanismo catalán, sobre todo el instalado en el exterior, no quiere que se pinche su dinámica de enfrentamiento con España.

Fuentes jurídicas apuntan que hay diversos riegos, en función de cómo se lleve a cabo la reforma del Código Penal. Según cómo se ejecute, los agravios pueden no solo no suponer una distensión sino todo lo contrario, generar nuevos problemas. Una de las claves es la relación con la malversación. Por ejemplo, podría darse la paradoja de que Junqueras quedase libre por haber cumplido los años de cárcel necesarios, pero que a la vez sus estrechos colaboradores, Josep Maria Jové y Lluís Salvador, que han de afrontar una causa abierta en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), acabasen en prisión, ya que serán procesados por “desobediencia, prevaricación, malversación y revelación de secretos”. Es decir, la intención de la reforma es pasar página, no añadir nuevos volúmenes a las sentencias judiciales sobre el 'procés'.

Romper el exilio

El autodenominado 'exilio catalán' también tiene miedo de que algunos de sus miembros pidan volver, en caso de que el cambio del Código Penal se lo permita. Tanto Puigdemont como Toni Comín o Lluís Puig están reclamados por sedición y malversación. El cambio de la ley, en principio, afectaría a la sedición pero no a la malversación, por lo que, en principio, solo la 'exconsellera' de Agricultura Meritxell Serret podría volver. Pero, como se ha explicado antes, dependerá de lo específico de la reforma. De hecho, ha habido personas huidas que han preferido no regresar, como es el caso de la dirigente de la CUP Anna Gabriel, que sigue en Suiza pese a que sobre ella pesa el cargo de desobediencia, que se saldaría con una multa.

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Un proyecto de Asens

El diputado de los 'comunes', Jaume Asens, es el padre de este proyecto de cambio del Código Penal. Asens esperaba haberlo impulsado como ministro de Justicia, pero al final esa cartera no fue para Podemos. Sin embargo, ahora el Gobierno lo ha hecho suyo y lo está ajustando para intentar aliviar la presión de la cuestión catalana. Asens también fue el hombre que recomendó a Puigdemont en 2017 huir a Bélgica, de manera que si ahora su reforma prosperase tal y como él pretende, también sería el hombre que lo trajese de vuelta, en caso de que él quisiera, cosa que no queda muy clara, dada la reacción de Puigdemont.

En ERC, ven el proyecto Asens con desconfianza, según explican fuentes del partido. No por la propuestas sino por la dificultad técnica. Asens pretende que se apruebe por lectura única, lo que supone la concentración en un único debate plenario del examen parlamentario de una iniciativa legislativa. Además, sin acuerdo más amplio, la reforma del Código Penal podría ser recurrida por el PP. La vía del indulto parece más segura para excarcelar a los ya condenados, pero no serviría a los que, como Jové o Salvador, siguen pendientes de juicio.