La ONG del catalán exige que los funcionarios de toda España dominen su lengua

El segmento independentista está en ebullición permanente en el inicio de la campaña electoral. Los partidos soberanistas, sobre todo, ERC y JxCAT, llevan semanas en marcha y la CUP se arrancó esta semana con la noticia de que ya ha comenzado una campaña de denuncia contra los locales de Barcelona que no rotulan en catalán. En medio de este magma, la Plataforma per la Llengua, más conocida como ‘la ONG del catalán’, ha elaborado un documento marco de 25 acciones para que las distintas formaciones lo incorporen en sus programas de cara al próximo 12 de mayo. Una de ellas es exigir que se imponga el catalán a los funcionarios de toda España.

Se trata de la campaña ‘Vota por la lengua’, que para las elecciones europeas del 9 de junio incorpora otro documento con seis propuestas más. Estos escritos se han hecho llegar a los partidos políticos soberanistas. La consigna es que los votantes ‘indepes’ no voten a los partidos que no incorporen estos postulados.

Plataforma per la Llengua es la entidad que ayuda a la CUP a denunciar a los locales por no tener letreros en catalán y es la misma organización que introdujo, con el beneplácito del Govern, a espías en los patios de los colegios para vigilar en qué idioma hablan los niños fuera de las clases. Se trata, pues, de una entidad focalizada en el tema identitario que ahora quiere “situar el catalán en el centro del debate público”.

Por eso exige compromisos concretos en esta materia. Entre las medidas que propone figuran algunas de dudosa legalidad, como limitar los contratos públicos a empresas que utilicen el catalán (en detrimento de empresas que utilicen, por ejemplo, el castellano) o exigir a los funcionarios españoles que sepan catalán.

Cláusulas polémicas

Entre las acciones que imponen a los partidos soberanistas figura la de presionar al Estado para “la igualdad en el reconocimiento de sus grupos lingüísticos y se convierta en una democracia lingüística (equiparable a Suiza, Bélgica o Canadá)”. En este campo, establece cuatro exigencias al Gobierno central. En primer lugar, “garantizar un requisito efectivo de conocimiento del catalán para los trabajadores públicos estatales”. Ello supondría que los funcionarios españoles deberían aprender esta lengua obligatoriamente.

Otro de los puntos también exige “eliminar la imposición exclusiva del conocimiento del castellano”, una cláusula que podría entrar en contradicción con la anterior, puesto que, siguiendo sus postulados, los funcionarios españoles deberían tener conocimiento del catalán, pero no del español. Además, reclama al Estado “modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial” y “asegurar la oficialidad del catalán en la UE”, cuestión que no está en manos del Gobierno y que ya ha sido rechazada por las instituciones europeas.

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Las exigencias van mucho más allá. Entre las cláusulas que incorpora el documento de Plataforma per la Llengua figura la petición de que “las empresas beneficiarias de subvenciones, licitaciones y contratos públicos garanticen la disponibilidad de su web completa, de los servicios de atención, la documentación (objeto del contrato) y la comunicación vía redes sociales en catalán”. Es decir, que no habría ninguna licitación en Cataluña que pudiese ir a una empresa española, salvo que esta tenga su web en catalán. De hecho, hay empresas con sus portales en catalán que operan con la Administración central y que han tenido ayudas públicas (e incluso ventajas fiscales, conforme señala la página del Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas) sin problema.

Otra de las medidas es “realizar una campaña informativa para que las empresas extranjeras que se instalen en Cataluña (especialmente las que reciben financiación pública) sean escrupulosas en el uso del catalán en su actividad y asegurar que los grandes acontecimientos del ámbito socioeconómico (Mobile, Copa América etc) tengan como lengua oficial el catalán”. Además de proponer incentivos para que las empresas incorporen “planes internos de normalización lingüística”, la Plataforma plantea “garantizar la educación inmersiva en catalán a los niños a través de la activación existente (si es preciso, creando una nueva) y del diseño y la aplicación de todas las estrategias necesarias para hacerlo posible”.

Solo trabajarán los que saben catalán

También “generar una estrategia conjunta entre comunidad educativa, entidades y Govern para hacer frente a la ofensiva judicial contra la escuela en catalán” y garantizar “que todos los grados universitarios puedan cursarse en catalán, tanto en las Universidades públicas como privadas y que se cumpla el 80% de la docencia en catalán que recoge el Plan de Fortalecimiento del catalán en el sistema universitario”.

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Reclama, por último, que todos los recién llegados sean imbuidos en el catalán, la plena capacitación lingüística en ese idioma del personal sanitario, modificar las leyes para que los futuros juristas solo puedan trabajar si dominan el catalán y garantizar que la inmensa mayoría de subvenciones públicas a festivales sean para producciones en lengua catalana.

Para la campaña de las europeas, propone incorporar la exigencia de que el catalán sea oficial en la UE, garantizar el derecho a comunicarse en esa lengua con las instituciones comunitarias, incorporarlo al currículum Europass y a las nuevas tecnologías, “modificar la legislación que arrincona el catalán” y apoyar las iniciativas ciudadanas Minority Safepack Initiative (MSI), además de la Initiative for National Regions (INR).