Por qué en Europa señalan a Cataluña: los relatos de las familias perseguidas en las aulas

El duro informe de una delegación de eurodiputados que visitó Cataluña en diciembre de 2023 para supervisar in situ el sistema educativo catalán tiene un fondo bastante profundo. Varias familias habían denunciado en Bruselas la vulneración de sus derechos fundamentales y las instituciones comunitarias tomaron cartas en el asunto. Los 12 representantes del Parlamento que aterrizaron en Barcelona se entrevistaron con padres afectados, con organizaciones independentistas defensoras del sistema, con plataformas que apuestan por el bilingüismo, con autoridades públicas como magistrados del Tribunal Superior de Justicia o la síndica de greuges (defensora del pueblo), con directivos del Ministerio de Educación y con los máximos responsables de la Conselleria de Educación.

El balance es demoledor. Europa acusa a Cataluña de vulnerar sistemáticamente los derechos fundamentales de los niños, considera que hay un “discurso de odio” hacia lo español en el sistema educativo catalán y recoge la apreciación de que hay xenofobia. Tras la visita, a los diputados les quedaron prendidas en su memoria algunas escenas dignas de una película de terror, cuando algunos padres les explicaron el calvario que habían tenido que pasar por reclamar sus derechos.

J.P., por ejemplo, es el padre de un alumno del colegio Turó del Drac de Canet de Mar (Barcelona) que solicitó judicialmente el 25% de las clases de español para su hija de cuatro años en 2019. "Posteriormente, fue acosado, recibiendo mensajes en redes sociales insultando a la familia". P. denunció “la complicidad de las autoridades escolares y regionales en el acoso”. Declaró como testigo ante los jueces de Barcelona que investigaron a varios tuiteros que publicaron mensajes en las redes sociales insultando a la familia y pidiendo el aislamiento del alumno. Publicaron "expresiones humillantes e hirientes" contra los padres del estudiante.

Según detalla la Fiscalía en su denuncia, uno de los mensajes calificaba a la familia de "colonos no integrados y terroristas", mientras que otro de los acusados les atribuía la condición de "fascistas". Se intentaron aplicar medidas cautelares para hacer cumplir la sentencia, “pero debido al acoso escolar, su hija se vio obligada a cambiar de colegio”.

La Administración, contra el ciudadano

Otro caso paradigmático es el de A.F., padre de un menor de Mataró que también solicitó escolarización en castellano para su hijo. Su calvario fue similar. Hubo “manifestaciones contra el 25% de enseñanza en español frente a la escuela, acoso al estudiante y profesores pidiendo que no se implementase el fallo”. En este caso, el colegio concedió una hora más de enseñanza en matemáticas en castellano, “pero con el libro en catalán”. A.F. explicó que “pedir su derecho constitucional tuvo un alto coste para la familia. La actitud hostil de los profesores, la negativa del colegio a cumplir la sentencia judicial y la presión política le obligaron a cambiar de colegio”.

Los representantes del Parlamento Europeo también pudieron comprobar que el acoso a los estudiantes y a las familias no llega solo de círculos independentistas, sino incluso de los estamentos de la propia Administración, que vulnera sistemáticamente los derechos que no tengan que ver con el soberanismo. El caso que expuso D.U. es un claro ejemplo: “Ella es madre de dos hijos. Pidió tener más horas de español e inglés en un colegio de Castelldefels, pero el director se opuso. Cien padres apoyaron el cambio del proyecto lingüístico para incluir más horas de español e inglés. Redactaron una propuesta de apoyo lingüística, finalmente firmada por 30 familias, en la que pedían poder estudiar en catalán, castellano e inglés”. Se trataba de la escuela Josep Guinovart.

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El conflicto estalló en 2017. Las consecuencias fueron terribles. “Experimentaron el acoso de otras familias y la actitud hostil de los maestros y el director. El Ayuntamiento de Castelldefels emitió un comunicado oficial y les acusó de romper la convivencia pacífica al pedir más horas de enseñanza en castellano. En el pleno, el ayuntamiento pidió a la Generalitat que no acatase las sentencias del tribunal. Bajo la presión de los grupos políticos y de los medios de comunicación, las familias abandonaron la escuela e incluso Cataluña”.

Reacción del Govern

Los eurodiputados se marcharon preocupados por la sistemática vulneración de los derechos fundamentales en Cataluña. De hecho, desde un primer momento el soberanismo intentó boicotear la visita: organizaciones radicales intentaron ocupar las oficinas del Parlamento Europeo en Barcelona y el presidente de Plataforma per la Llengua, Òscar Escuder, envió una carta a la presidenta del Parlamento, Roberta Metsola, para desacreditar a los visitantes por su “sesgo españolista”.

El Govern, por su parte, rechaza las conclusiones del informe, que supone una sonora bofetada a la política de Pere Aragonès. “Es un informe de parte, ninguna sorpresa respecto a este cúmulo de mentiras”, afirmó Patrícia Plaja, portavoz del Ejecutivo. En la línea de las entidades extremistas independentistas, el Ejecutivo catalán afirmó a la agencia Europa Press que el informe “es una campaña de la derecha y la extrema derecha hecha con los recursos del Parlamento Europeo” y acusa a los eurodiputados de que “no han hecho en ningún caso una labor rigurosa”.

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Esta tesis es avalada también por la Plataforma per la Llengua, una de las entidades más combativas en la defensa del catalán, que argumenta que el viaje fue boicoteado por el grupo “socialdemócrata, de los Verdes y de la izquierda”. “Los únicos que se prestaron a participar fueron, básicamente, eurodiputados de derecha o de extrema derecha previamente hostiles con la normalización del catalán”. En el viaje, no obstante, participó Diana Riba, diputada de ERC, aunque afirmó que se había apuntado para vigilar desde dentro a los componentes de la delegación.

Plataforma per la Llengua, la entidad que introdujo espías en los patios de los colegios catalanes para vigilar que los niños hablasen en catalán entre ellos durante el recreo, se queja de que “la visita de los europarlamentarios haya servido para difundir, con recursos públicos, mentiras y argumentos capciosos contra la escuela en catalán”. También afirma que “es legítimo que el catalán sea el centro de gravedad del modelo educativo”. Además, niega que las escuelas visitadas sean ejemplo de inmersión lingüística, ya que esta “es una metodología de aprendizaje específica para la etapa de primaria y de infantil”, aunque este aserto no deja de ser una falsedad.

Politización del tema

Plataforma per la Llengua se queja de que se recojan los testimonios de familias que han padecido acoso porque “no coinciden con lo que viven la mayoría de las familias de las escuelas catalanas. Los padres no solo dan una visión distorsionada de los hechos a los diputados, sino que hacen afirmaciones falsas como que ‘la Generalitat no sabe cuál es la lengua materna de los alumnos’”. Arremete contra las tres familias citadas arguyendo: “Dicen que el nacionalismo ‘quiere alcanzar la independencia en la siguiente generación y la lengua es la pieza clave del adoctrinamiento’ o que ‘las autoridades quieren erradicar el castellano de la vida pública’, valoraciones políticas en la línea de lo que piensa Dolors Montserrat”.

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Montserrat, eurodiputada del PP, es presidenta de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, de la que depende la visita de la delegación. Esta visita, no obstante, no fue ordenada de oficio, sino consecuencia de tres denuncias que se habían presentado en Bruselas a lo largo del tiempo. Pero la circunstancia es aprovechada por el independentismo para acusar a Montserrat de la visita y atribuye la misma al objetivo exclusivo de “generar discurso en contra del sistema de inmersión lingüística y, en ningún caso, conocer de cerca las características del sistema”.

En resumen, el independentismo minimiza la representatividad de las personas entrevistadas que son críticas con el sistema educativo y arroga a las entidades soberanistas toda la legitimidad para imponer sus tesis. Para ello, en un extenso estudio, denigra a las personas entrevistadas por los eurodiputados que son críticas y que reclaman una enseñanza bilingüe. El independentismo nunca se ha percatado de que la imagen que proyecta al mundo es mucho más inquietante que la que sus entidades se empeñan en ver en el espejo del soberanismo.

La AEB, por un acuerdo social

La Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), por su parte, rechaza las críticas soberanistas. “Las primeras reacciones obedecen a una estrategia diseñada por aquellas formaciones y autoridades que tratan de devaluar la misión”, dice. Destaca que los eurodiputados se entrevistaron con todas las partes y que “la realidad era conocida, a la vez que negada, por los defensores de la inmersión. Durante décadas, la han silenciado y disimulado, pero ha quedado en evidencia ante los diputados que han visitado Cataluña”.

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La AEB pide que las recomendaciones de los eurodiputados no caigan en saco roto, puesto que “no puede pasar desapercibida la llamada de atención hacia quienes han mirado hacia otro lado ante los abusos que han sufrido los alumnos catalanes (…) Tal como ha venido denunciando la AEB, las instituciones educativas de la Generalitat han colaborado en los excesos de las administraciones. No han amparado a los que han acudido a ellas”.

Pide, por último, tal y como reclama Europa, “respetar los derechos lingüísticos en un contexto de diversidad cultural. Es imprescindible acabar con la discriminación lingüística en la escuela catalana y el acoso hacia los que la denuncian”. Por eso, la asociación bilingüista cree que el informe puede permitir abordar una nueva etapa de diálogo constructivo sobre el sistema educativo catalán. “Estamos a tiempo de reconstruir la convivencia, pero esto no se podrá hacer sobre la base de la renuncia a nuestros derechos. Diálogo y respeto. Eso ofrecemos, eso esperamos”.