Aprobada la eliminación del castellano como lengua vehicular en la 'ley Celaá'

La reforma educativa de la Lomloe, también conocida como 'ley Celaá', no incluirá en su texto que el castellano es la lengua vehicular en la enseñanza ni aparecerá como que es lengua oficial del Estado y, además, fijará que no se podrá financiar aquellos centros que segregan a los alumnos por sexo.

Así se ha acordado este jueves en el grupo de trabajo de la Comisión de Educación del Congreso, que ha concluido sus reuniones tras cinco sesiones estudiando y votando las más de 1.160 enmiendas parciales al proyecto de la Lomloe. Las enmiendas que afectan al castellano y a los centros concertados que separaran por sexo han sido sendas transacciones entre PSOE, Unidas Podemos y ERC.

La enmienda sobre el castellano ha salido adelante con 26 votos a favor, 16 en contra, y el PNV se ha abstenido, tras una fuerte polémica que ha llevado a que el PP, Cs y Vox hayan anunciado recursos ante el Tribunal Constitucional al considerar que el uso del castellano corre peligro en las aulas.

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Se fija ahora que las administraciones garantizarán el derecho de los alumnos a recibir enseñanza "en castellano y en las lenguas cooficiales en sus respectivos territorios, de acuerdo a la Constitución, los estatutos de autonomía y la normativa aplicable".

En la actual norma, la Lomce o 'ley Wert', se establece que "el castellano es lengua vehicular de la enseñanza en todo el Estado, y las lenguas cooficiales lo son también en las respectivas comunidades, de acuerdo con sus estatutos y normativa aplicable".

Al término de la reunión, el portavoz de Educación de Unidas Podemos, Joan Mena, ha mostrado su satisfacción señalando que se "blinda" el catalán sin que se "relegue" el castellano. Sin embargo, los diputados de JxCAT Sergi Miquel y Ferrán Bel han criticado algún punto de la enmienda, porque exigen que se sustituya "administraciones educativas" por "comunidades autónomas" para que se clarifique que desde el Gobierno no se puede "imponer", por ejemplo, el número de horas en castellano en Cataluña.

Bildu ha votado a favor, aunque pide "ir más allá y hablar de lenguas oficiales directamente, no de cooficiales". Por su parte, la portavoz de Ciudadanos, Marta Marín, ha dicho que la enmienda es "gravísima" y, si se incluye en la ley, lo pararán desde "otras instituciones". "Con los derechos fundamentales no se mercadea y menos si afectan a menores", ha enfatizado. Y UPN ha señalado que es "una cesión al chantaje nacionalista absolutamente inadmisible y una clara vulneración de la Constitución".

Por otra parte, la enmienda sobre los centros con financiación pública que separan por sexos ha recibido 20 votos a favor, 16 en contra y una abstención. El objetivo, según Unidas Podemos, es "garantizar la igualdad en el sistema educativo español, que había quedado mermada con la aprobación de la Lomce".

Los centros sostenidos parcial o totalmente con fondos públicos desarrollarán el principio de coeducación en todas las etapas educativas

La enmienda establece que los centros sostenidos parcial o totalmente con fondos públicos desarrollarán el principio de coeducación en todas las etapas educativas y no separarán al alumnado por su género.

Joan Mena ha especificado que separar por sexos a los alumnos es "un delirio fundamentalista" y que quien lo quiera deberá pagar colegios privados. El portavoz de Unidas Podemos ha añadido que en la ponencia también se ha votado a favor de que no se reparta más suelo público para colegios concertados y, asimismo, que solo aumente la oferta de plazas públicas.

La reunión ha coincidido precisamente con una concentración de protesta ante el Congreso de la plataforma Más Plurales, Más Iguales, Más Libres, que defiende la escuela concertada y contra la 'ley Celaá', al considerar que ataca la libertad de los padres para escoger la enseñanza que quieren para sus hijos.

Por otro lado, sobre la asignatura de Religión, no ha salido adelante una enmienda transaccionada entre PSOE, Unidas Podemos y ERC sobre la "reducción de la religión confesional". El texto de la ponencia debe pasar después por la Comisión de Educación, el pleno del Congreso y el Senado.