El Supremo avala que el 25% de la enseñanza en Cataluña tenga que ser en castellano
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Los 'consellers' afirman que no habrá cambio

El Supremo avala que el 25% de la enseñanza en Cataluña tenga que ser en castellano

Rechaza el recurso de la Generalitat contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que sostuvo que el uso del español en parte de las escuelas catalanas "es residual"

Foto: El presidente catalán, Pere Aragonès. (EFE/Pérez)
El presidente catalán, Pere Aragonès. (EFE/Pérez)

El Tribunal Supremo ha confirmado que los alumnos de Cataluña deben recibir como mínimo un 25% de su enseñanza en español. En una providencia notificada este martes, rechaza el recurso la Generalitat contra la sentencia de 2020 del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y, de esta manera, el fallo ya es firme. Sin entrar en el fondo del asunto, el Supremo alega para ello que las cuestiones planteadas por el gobierno autonómico se centran en una valoración de la prueba que no es recurrible.

"Como es sabido, las cuestiones fácticas quedan excluidas de examen en el recurso de casación", explica la providencia. "En la instancia se delimitó en virtud de la prueba practicada, comprobando si existió o no incumplimiento en la utilización de la lengua castellana como vehicular en el sistema bilingüe matizado de Cataluña, comprobando en virtud del informe aportado por la propia recurrente, que no se había garantizado al menos el 25% de horas lectivas en castellano".

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La respuesta del Govern

El 'conseller' de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, y la de Cultura, Natàlia Garriga, no han tardado en criticar la decisión en rueda de prensa. Según ha recogido la agencia EFE, ambos consideran que se trata de "un nuevo ataque frontal de los jueces" y aseguran que no supondrá ningún cambio en su modelo lingüístico. Cambray ha querido lanzar un mensaje que ha calificado de "tranquilidad" e incluso ha destacado la puesta en marcha de un plan para "reforzar el uso del catalán".

Foto: Aula de un instituto. (EFE)

El 'conseller' también ha explicado que ya ha hablado con la ministra de Educación, Pilar Alegría, y que esta le ha transmitido que su objetivo se centra en cumplir la nueva ley estatal, conocida como ley Celaá. En palabras de Cambray, el Gobierno busca "garantizar el aprendizaje y lograr los conocimientos de lengua catalana y la castellana".

La ley Celaá

En diciembre de 2020, tras conocerse la sentencia del TSJC que imponía el 25% de enseñanza en español, la Conselleria de Educación ya defendió que esta quedaría "sin efecto" en cuanto entrara en vigor la ley Celaá: aseguraban que al eliminarse la referencia al castellano como “lengua vehicular”, quedaría en papel mojado. Pese a ello, fuentes jurídicas descartan este razonamiento y apuntan a recientes sentencias en las que el TSJC insiste en la misma idea con la ley Celaá ya en vigor.

Las fuentes consultadas argumentan además que la polémica ha llegado en anteriores ocasiones al Tribunal Constitucional y señalan una sentencia de abril de 2019, cuando avaló la enseñanza en catalán siempre que se garantice "el dominio del castellano". El fallo respondía al recurso presentado por el PP contra la Ley de Educación de Cataluña y declaró inconstitucionales diez artículos referidos al currículo y a la evaluación por considerarse que invadían competencias estatales.

Foto: El presidente del PP, Pablo Casado. (EFE)

En aquella resolución, el Constitucional incidía en la misma idea que explica la sentencia del TSJC: "Corresponde al Estado velar por el respeto de los derechos lingüísticos en el sistema educativo y, en particular, el de recibir enseñanza en la lengua oficial del Estado".

El español y su uso "residual"

A la espera de conocer los posibles efectos de la resolución, la providencia del Supremo supone por sí misma un varapalo para el independentismo, pues mantiene una sentencia en la que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña aseguraba que el uso del español en al menos una parte de las escuelas catalanas "es residual".

Esa es la conclusión a la que llegó la Sala del Contencioso de este tribunal en diciembre de 2020, cuando atendió un recurso interpuesto por la Abogacía del Estado durante el Gobierno del PP y obligó a la Generalitat a "adoptar las medidas necesarias para que garantice que todos los alumnos reciban de manera efectiva e inmediata la enseñanza mediante la utilización vehicular normal de las dos lenguas oficiales en los porcentajes que se determine, que no podrán ser inferiores al 25% en uno y otro caso".

Foto: La exministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá. (EFE)

El tribunal adoptó la decisión tras analizar la información requerida al Departamento de Educación de Cataluña sobre los datos reales del uso de ambas lenguas en los centros escolares, un estudio que les llevó a concluir que "el uso vehicular de la lengua castellana en el sistema de enseñanza de Cataluña es residual, o al menos así es en una parte significativa de centros y grupos docentes, de forma que se constata una infracción del marco jurídico vigente".

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