La reforma de pensiones avanza en el Congreso gracias a ERC, PNV y Compromís

La Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Congreso ha avalado este lunes la primera parte de la reforma del sistema público de pensiones con votos del PSOE, Unidas Podemos, Esquerra Republicana, el PNV y Compromís, y la abstención de EH-Bildu. En contra del proyecto de ley han votado el PP, Vox, Ciudadanos y la CUP. De esta forma, el proyecto queda listo para su debate y votación en el pleno, que tendrá la última palabra sobre la reforma y sus enmiendas antes de ser aprobada y enviada al Senado para completar su tramitación.

La reforma, impulsada por el Gobierno a partir del acuerdo alcanzado en junio con los sindicatos CCOO y UGT y las patronales CEOE y Cepyme y de las nuevas recomendaciones del Pacto de Toledo, deroga las principales medidas de la reforma del PP de 2013, recuperando el IPC como referencia a la hora de subir las pensiones y acabando con el factor de sostenibilidad, que preveía recortes en la cuantía de la pensión conforme aumentaba la esperanza de vida.

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También contempla incentivos y penalizaciones para retrasar la edad de jubilación efectiva y acercarla a la edad legal, y establece por ley el refuerzo de los ingresos de la Seguridad Social a través de los Presupuestos Generales del Estado. Tras su paso de la ponencia, el proyecto incorpora el nuevo mecanismo de equidad intergeneracional (MEI), que prevé un aumento temporal de las cotizaciones a la Seguridad Social de 0,6 puntos durante 10 años, entre 2023 y 2032, para llenar el Fondo de Reserva de cara a la jubilación de las generaciones del 'baby boom'.

Este mecanismo ha sido votado por separado, a petición de Ciudadanos, y ha sido avalado con votos del PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV, Bildu y Compromís, mientras que PP, Vox, Ciudadanos y la CUP han votado en contra. PP y Ciudadanos han criticado esta vía como fórmula para garantizar el equilibrio de las cuentas, pues cree que repercutirá en la creación de empleo, y también la forma en la que PSOE y Unidas Podemos han tramitado la norma, votada en Comisión apenas unos días después de constituirse su ponencia.

Una "falta de respeto", para el portavoz del PP en el Pacto de Toledo, Tomás Cabezón, que ve "ninguneado" el trabajo de los diputados a la hora de presentar enmiendas, mientras que su homóloga en Cs, María Muñoz, ha echado en falta un diálogo del Gobierno con los grupos acerca de este mecanismo pactado finalmente con los sindicatos CCOO y UGT, tras el descuelgue de las patronales. Socios del Gobierno, como ERC, PNV y Bildu, también han cuestionado las formas, pero han celebrado que la vía para sustituir el factor de sostenibilidad del PP sea apostar por más ingresos en el sistema, con el fin de evitar recortes en la cuantía de la pensión.

Pensión de viudedad

Otros cambios incorporados en fase de ponencia son la ampliación en el acceso a la pensión de viudedad para las parejas de hecho y el reconocimiento de un complemento a la pensión para jubilados con carreras de cotización de 40 años que no alcancen 900 euros. Un aspecto que los socios del Gobierno han llamado a abordar en la segunda parte de la reforma, al igual que una mejora en las cuantías de las pensiones mínimas.

Sobre estas cuestiones la reforma incluye dos disposiciones, una para evaluar la eficacia del complemento que trata de compensar reducciones en la pensión a jubilados anticipados con largas carreras de cotización y otra que llama al Gobierno a acometer en el plazo de un año una revisión de la normativa de pensiones mínimas, que tenga en cuenta la evolución del salario mínimo y garantice su suficiencia.

Por otro lado, la reforma de pensiones mandata al Gobierno por ley a revisar los criterios para determinar la cuantía de las pensiones mínimas para garantizar su suficiencia, a reformar los coeficientes reductores de la edad de jubilación para personas discapacitadas y a auditar los gastos asumidos por la Seguridad Social, de naturaleza contributiva y no contributiva. Concretamente, la enmienda finalmente incluida compromete al Gobierno a encargar en el plazo de un mes máximo desde la aprobación de la ley un informe de auditoría de los ingresos en cotizaciones sociales y los gastos de Seguridad Social, de naturaleza contributiva y no contributiva, para cuantificar los gastos asumidos por el sistema entre 1967 y 2019.