El TSJC obliga a impartir un mínimo del 25% de la enseñanza en Cataluña en español

El uso del español en gran parte de las escuelas catalanas "es residual". Esa es la conclusión a la que ha llegado la Sala del Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que en una sentencia notificada este martes, atiende en parte el recurso que interpuso la Abogacía del Estado cuando gobernaba el PP y obliga a la Generalitat de Cataluña a "adoptar las medidas necesarias para que garantice que todos los alumnos reciban de manera efectiva e inmediata la enseñanza mediante la utilización vehicular normal de las dos lenguas oficiales en los porcentajes que se determine, que no podrán ser inferiores al 25% en uno y otro caso".

La Conselleria de Educación ya ha anunciado que recurrirá la sentencia ante el Supremo y, según defienden, esta quedará "sin efecto" en cuanto entre en vigor la Ley Orgánica de modificación de la LOE (LOMLOE) —conocida como Ley Celaá—, que elimina la referencia al español como “lengua vehicular” en la enseñanza catalana de su texto. "Ahora que está a punto de aprobarse en el Senado la nueva ley, hay quien pretende retornar al pasado. Ni la política educativa en Cataluña (ni en ninguna parte) la hacen los jueces. Una resolución que saben que no tendrá ningún efecto ni ninguna consecuencia", ha lanzado el conseller Josep Bargalló Valls a través de Twitter.

El tribunal ha adoptado la decisión tras analizar la información requerida al Departamento de Educación de Cataluña sobre los datos reales del uso de ambas lenguas en los centros escolares, estudio que le ha llevado a concluir que "el uso vehicular de la lengua castellana en el sistema de enseñanza de Cataluña es residual, o al menos así es en una parte significativa de centros y grupos docentes, de forma que se constata una infracción del marco jurídico vigente".

"Sí corresponde fijar un uso vehicular mínimo de las lenguas oficiales que permitan enderezar la actual situación contraria a ordenamiento. Esto es, la determinación de un nivel mínimo de utilización vehicular de la lengua oficial por debajo del cual hay que entender que se infringe el imperativo de uso ordinario y normal de la misma a la enseñanza. Esta presencia mínima ha sido fijada por la jurisprudencia en un uso vehicular mínimo del 25% de las horas lectivas que, además de la enseñanza de la propia lengua oficial, debe incluir íntegramente al menos otra materia o asignatura no lingüística curricular de carácter troncal o análogo ", sostiene el TSJC en su sentencia.

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La Abogacía también solicitaba que se modificaran los impresos de preinscripción escolar para que los padres tuvieran acreditado que el castellano sería lengua vehicular en todos los cursos, peo la sala desestima esta petición al considerar que, con el porcentaje del 25%, ya se garantizaría el acceso y uso de ambas lenguas: "La Ley de Educación de Cataluña ha sido consecuente con este planteamiento [línea bilingüe], estableciendo al efecto un sistema de apoyo lingüístico a los alumnos que lo requieran los efectos de facilitar su integración en el momento de incorporarse al sistema. Así pues, el hecho de que las inscripciones no incluyan la opción de lengua vehicular no puede ser consideradas, a efectos de la sala, ilegales".

El TSJC apoya su decisión en el marco jurídico sobre el uso vehicular de las lenguas en la enseñanza, para lo que apunta al Estatuto de Autonomía de Cataluña, la Ley de Educación de Cataluña, la Ley Orgánica de Educación y varias sentencias del Tribunal Constitucional. En cuanto a la jurisprudencia del tribunal de garantías, destaca la de abril de 2019, en la que se avaló la enseñanza en catalán siempre que se garantice "el dominio del castellano". El fallo respondía al recurso presentado por el PP contra la Ley de Educación de Cataluña, declarando inconstitucionales diez artículos referidos al currículo y a la evaluación por considerarse que invadían competencias estatales.

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"Corresponde al Estado velar por el respeto de los derechos lingüísticos en el sistema educativo y, en particular, el de recibir enseñanza en la lengua oficial del Estado", sostenía el tribunal en su sentencia. Apoyándose en esta idea, la oposición considera que la Ley Celaá cruza las líneas rojas impuestas por la Constitución y, en concreto, el artículo 3 del mismo: "El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas de acuerdo con sus Estatutos. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección".

El propio líder de Cidadanos en Cataluña, Carlos Carrizosa, ha incidido en esta idea al celebrar este la sentencia del TSJC en rueda de prensa, comparecencia en la que, una vez más, ha hecho referencia a la Ley Celaéa: "Se ha hecho en contra de los criterios del Tribunal Constitucional", ha asegurado ante las cámaras. Sus críticas también se han extendido al Gobierno de Pedro Sánchez, al que ha acusado de estar "haciendo dejación de sus funciones de protección de la libertad de todos, que sí que está haciendo el TSJC y que se nos estaba negando". Con la sentencia como telón de fondo, la reforma educativa del Gobierno vuelve a estar a la orden del día.