Los juristas subrayan las líneas rojas que la 'ley Celaá' no puede cruzar con el castellano
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LA ENMIENDA SE VOTA ESTE JUEVES

Los juristas subrayan las líneas rojas que la 'ley Celaá' no puede cruzar con el castellano

La Constitución recoge la oficialidad del castellano como lengua de todo el territorio y establece que los ciudadanos "tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla"

Foto: Los juristas subrayan las líneas rojas que la 'ley Celaá' no puede cruzar con el castellano
Los juristas subrayan las líneas rojas que la 'ley Celaá' no puede cruzar con el castellano

¿Puede el castellano dejar de ser lengua vehicular en las aulas? El avance hacia esta línea en la reforma educativa de la Lomloe, la ya bautizada como 'ley Celaá', ha causado rechazo entre los principales partidos de la oposición, que han avanzado que recurrirán ante el Tribunal Constitucional por lo que consideran un intento de liquidar el castellano en educación. De prosperar la reciente enmienda transaccional respaldada por el PSOE, Unidas Podemos y ERC, se eliminaría las referencias sobre esta cuestión de la ley y, en concreto, una frase: "El castellano y las lenguas cooficiales tienen la consideración de lenguas vehiculares, de acuerdo con la normativa aplicable". Sin este reconocimiento expreso, los juristas consultados van más allá de la batalla política y avisan sobre las líneas rojas que el proyecto de Educación no puede cruzar.

La enmienda en cuestión se vota la tarde de este jueves en la Comisión de Educación del Congreso, pero en el plano jurídico, los expertos consultados explican que se trata de una polémica recurrente ante la que ya hay jurisprudencia por disputas previas. La clave pasa entonces por que la conocida como 'ley Celaá' respete el artículo 3 de la Constitución, en el que se regula el encaje y reconocimiento de las lenguas del Estado: "El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección".

Foto: PP y Cs irán al Constitucional si el Gobierno elimina el castellano como lengua vehicular

El Gobierno ha insistido en que no se pretende eliminar el castellano en las aulas, pero con este artículo como telón de fondo, la oposición considera que la reforma educativa no está respetando el "deber de conocer" y el "derecho a usar" el castellano. El PP ha anunciado que recurrirá ante el Constitucional y asegura que la 'ley Celaá' busca la "exclusión" de esta lengua en Cataluña, Baleares y Valencia, mientras que Ciudadanos planea llegar hasta el Parlamento Europeo para denunciar que "se ha violado cada día un derecho básico de muchos niños, que es recibir una educación vehicular también en castellano". Frente a las tajantes afirmaciones de los partidos, la mayor parte de los juristas consultados se muestran más cautos y, a la espera de lo que ocurra en el Congreso, ponen el foco en la jurisprudencia del Constitucional:

  • Ángel Sánchez Navarro, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Complutense. "Hay bastante jurisprudencia. Cuando en el Estatut se plantea que fuera [el catalán] vehicular, el tribunal [Constitucional] deja muy claro que puede ser vehicular, pero que eso no puede suponer que el castellano deje de serlo porque todos los españoles tienen derecho a conocerla y utilizarla. Al hablante no se le puede imponer la obligación de conocer una lengua que no tiene obligación de conocer". "El Constitucional tiene que tener mucho cuidado con las opciones del legislador. Si no son claramente inconstitucionales, tiene que aceptar que puede haber dentro del marco constitucional varias opciones". "Con la jurisprudencia que hay actualmente, me da la impresión de que el carácter vehicular no se le puede negar al castellano por mandato constitucional, (...) pero depende de cómo se redacte y con qué garantías... Esto no son ciencias exactas".
  • Andrés Boix, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Valencia: "Yo creo que la discusión política magnifica el problema real que existe con las lenguas vehiculares en la educación, donde tenemos un sistema que ha funcionado más o menos bien durante muchos años a partir de las decisiones democráticas de los parlamentos, tanto el estatal como los autonómicos, que han establecido distintos sistemas. El Tribunal Constitucional ya lo dijo en su momento respecto a Cataluña, donde se decidió que el catalán fuera lengua vehicular y se consideró que era perfectamente constitucional. Luego ha habido leyes estatales que han intentado limitar esa capacidad de elección de las comunidades autónomas, y también eso se ha considerado posible tanto como el Tribunal Supremo como el Tribunal Constitucional. El marco jurídico es lo suficientemente generoso como para que esta sea una cuestión a decisión de los parlamentos".

Entre las últimas sentencias del Constitucional que abordan esta cuestión, destaca la de abril de 2019, en la que se avaló la enseñanza en catalán siempre que se garantice "el dominio del castellano". El fallo respondía al recurso presentado por el PP contra la Ley de Educación de Cataluña, declarando inconstitucionales diez artículos referidos al currículo y a la evaluación por considerarse que invadían competencias estatales, e incidiendo en la misma idea que ya había expuesto anteriormente: "Corresponde al Estado velar por el respeto de los derechos lingüísticos en el sistema educativo y, en particular, el de recibir enseñanza en la lengua oficial del Estado". Apoyándose en esta idea, otros juristas consultados consideran que la eliminación de las referencias al castellano como lengua vehicular en la 'ley Celaá' sobrepasa las líneas rojas:

  • Ainhoa Uribe Otalora, doctora en Derecho y profesora de Ciencia Política en la Universidad CEU San Pablo: “No solo es lógico que varios partidos de la oposición anuncien que recurrirán esta reforma, sino que es una exigencia constitucional. Urge, sin duda alguna, paralizar cualquier reforma que se pudiera plantear en esta línea, e incluso puede que lleguemos a un punto tal que haya que plantearse aprobar una ley orgánica de defensa y protección del castellano si seguimos en esta senda anticonstitucional”. “La Constitución española establece en su artículo 3 que el castellano es la lengua oficial del Estado, al tiempo que reconoce la existencia de un plurilingüismo. Por ello, la reforma que se plantea supone una vulneración de la Constitución y de los derechos de los ciudadanos españoles, todos ellos, castellanohablantes. La reforma afectaría a principios constitucionales como la libertad, la igualdad o el principio de integración”.
Foto: La ley Celaá pasa el primer examen en el Congreso frente al rechazo de PP, Vox y Cs

En cuanto al reconocimiento del español como lengua oficial del Estado, 'El Mundo' avanza este jueves que la enmienda también elimina una referencia al respecto. En concreto, la disposición adicional 38ª de la ley, que cuando se presentó en marzo decía lo siguiente: "Las administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos y las alumnas a recibir enseñanzas en castellano, lengua oficial del Estado, y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios". Ahora, con la enmienda del Gobierno, varias palabras desaparecen: "Las administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos y las alumnas a recibir enseñanzas en castellano y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con la Constitución española, los estatutos de autonomía y la normativa aplicable".

Juristas como Uribe consideran que, a la vista de este tipo de cambios, la 'ley Celaá' resulta inconstitucional, pero sus promotores insisten en que no busca la "exclusión" del castellano en las aulas. La portavoz de Educación de ERC en el Congreso, Montse Bassa, lo explicaba de la siguiente manera este miércoles: “Cuando acabe la etapa primaria los alumnos deberán saber de igual manera ambas lenguas, las dos lenguas van a tener el mismo dominio, pero lo que no nos pueden imponer es la enseñanza en lengua castellana o el número de horas de cada lengua”. Si ese es el resultado de la reforma, el de que ambas lenguas tengan el mismo dominio, otros juristas consideran que respeta el artículo 3 de la Constitución, pero al mismo tiempo advierten de que esa no es la situación que se da en la actualidad en algunas comunidades:

  • Carlos Flores Juberías, catedrático de Constitucional de la Universidad de Valencia: "Si eso dice ERC, yo casi le diría que me lo firme en un papel ya, porque si eso es lo que pretenden hacer en Cataluña, perfecto, pero es que no es lo que ocurre. Esto viene a partir de una situación que yo diría que es incluso ilegal en varias comunidades autónomas en las que el castellano ya no es la lengua vehicular de la enseñanza, por lo que a mí me sorprende el debate a estas alturas. Hasta ahora se han hecho concesiones, concesiones y concesiones. Puedes cerrar los ojos, pero cuando vuelvas a abrirlos, todo seguirá donde está. Ninguna de las cosas que diga la 'ley Celaá' puede alterar el artículo 3 de la Constitución, pues una ley de enseñanza no puede alterar el principio de cooficialidad de las dos lenguas ni el derecho de los ciudadanos a usar la lengua, incluida en la enseñanza. No puedes negar la educación en castellano en una institución pública".
Foto: ¿Qué cambios propone la ley Celaá? De la educación especial a los colegios concertados

Los juristas coinciden por tanto en señalar el artículo 3 de la Constitución como principal límite ante cualquier reforma sobre el uso del castellano en las aulas, pero al mismo tiempo mantienen posturas distintas a la hora de analizar si la 'ley Celaá' respeta o no el mismo. A la espera de lo que ocurra la tarde de este jueves en el Congreso, todo apunta a que la cuestión terminará por llegar al Tribunal Constitucional que, a diferencia de disputas anteriores, no solo tendrá que valorar los artículos que contenga la normativa en cuestión, sino también las partes que se han eliminado de las mismas: la falta de una referencia clara al uso del castellano como lengua vehicular y la omisión del reconocimiento de esta lengua como oficial en todo el territorio, entre otras cuestiones. Hasta entonces, la batalla se libra en el plano político.

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