Sánchez sacrifica a Celaá tras dar nombre a la ley de Educación

Isabel Celaá sale del Gobierno de España. La hasta ahora ministra de Educación y Formación Profesional deja la cartera que llevaba ostentando desde 2018, cuando Pedro Sánchez la reclutó para su primer ejecutivo, fruto de la moción de censura a Mariano Rajoy. El presidente confió en ella también la portavocía, asumiendo el peso de la comunicación del Consejo de Ministros, aunque a los pocos meses se daba por hecho su relevo en ese puesto.

La dirigente vasca controlaba a fondo los temas de su competencia (fue consejera del ramo en el País Vasco de 2009 a 2012), pero sentía una mayor inseguridad en los asuntos de política general. Aprovechando el nuevo gobierno de coalición, Sánchez la sustituyó como portavoz a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en un claro guiño a la importancia que tendría la economía en su gobierno.

La actual delegada del Gobierno en Aragón, Pilar Alegría, será la nueva ministra de Educación y Formación Profesional en la remodelación del Gobierno de Sánchez. Alegría fue consejera de Universidades en el Gobierno de Javier Lambán, anterior a las elecciones de 2019. En esas elecciones fue nombrada candidata a la alcaldía de Zaragoza. A pesar de que ganó los comicios, no pudo formar Gobierno debido a que sumaron fuerzas PP y Cs con el apoyo de Vox. Poco después fue nombrada delegada del Gobierno, por lo que apenas pudo ejercer la oposición en el consistorio zaragozano.

A pesar de qué Alegría fue portavoz de Susana Diaz en las últimas primarias del PSOE, donde ganó Pedro Sánchez, la política siempre ha sido una figura muy cercana en los círculos del presidente, hasta el punto de que se especuló con la posibilidad de que la política fuese la sustituta de Javier Lambán en el Gobierno de Aragón, algo que todavía no se descarta.

La pandemia del coronavirus cambió las prioridades. En todo caso, Celaá ha ido de más a menos. Primero fue la portavocía y, ahora, Sánchez la aparta definitivamente de la cartera educativa. Todo ello a pesar de que en esta legislatura sacó adelante finalmente la LOMLOE, también conocida por el apellido de la ministra y que modifica la LOE de 2006.

Los puntos calientes de la nueva ley (que cosechó críticas durísimas por parte de la oposición) eran, sobre todo, cinco. La eliminación del castellano como lengua vehicular, trabas a la educación concertada, la asignatura de Religión deja de ser obligatoria y computable, la posibilidad de pasar de curso con asignaturas suspensas y cambios en la educación especial que podrían implicar el vaciamiento de este tipo de centros.