"Que no sea invitado a fiestas infantiles": el acoso sufrido por el menor de Canet

Los padres del menor de Canet acosado por querer ser escolarizada en castellano interpusieron este viernes una denuncia en la Fiscalía de Barcelona por un delito de odio debido a las amenazas vertidas por extremistas independentistas a través de las redes sociales. La familia está asesorada por la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB).

En el escrito de denuncia, al que ha tenido acceso El Confidencial, se alerta del delito de odio por parte de determinados colectivos y se asegura que hay indicios de que la Consejería de Educación trata de impedir que se apliquen las medidas ordenadas por el Supremo, que se condensan en que el 25% de las clases efectivas han de ser en castellano. El auto del Supremo provocó, según el escrito de denuncia, un “linchamiento público de la familia que ha solicitado la enseñanza bilingüe”.

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La denuncia se acompaña con pantallazos de los mensajes de amenazas en las redes sociales, en las que se piden desde apedrear la casa del menor hasta que se le segregue o se le acusa de supremacista o de fascista. “Gran parte de los tuits que se adjuntan contienen un evidente discurso de odio con el que se trata de amedrentar e intimidar a la familia que ha solicitado la escolarización bilingüe para lograr que desista de su derecho”, dice el escrito.

La denuncia recoge que una gran parte de los contenidos de los mensajes por las redes sociales “pudieran ser calificados como de contenido xenófobo e hispanófobo en la medida que se dirigen despectivamente a la familia que ha solicitado la escolarización bilingüe calificándolos como ‘castellanos’ o ‘españoles’ y además contienen comentarios que pueden suponer graves coacciones o injurias contra el padre que ha solicitado la escolarización bilingüe y contra la niña que está escolarizada en el centro.

Asimismo, se vierten gravísimas amenazas hacia la familia y contra él mismo, solicitando que el centro los identifique públicamente con ánimo de escarnio, al tiempo que se pide expresamente su expulsión de la escuela y de Cataluña; que se le haga mobbing mediante el vacío en la clase y su aislamiento social (se pide dejar solo al menor y que no sea invitada a fiestas infantiles). Comentarios más extremistas todavía reclaman la identificación del domicilio de la familia con la finalidad de ser apedreado”.

El escrito se queja de que “no se conoce por parte del centro educativo un pronunciamiento público condenando los comentarios ofensivos, xenófobos y las amenazas vertidas sobre la familia del menor que ha solicitado la aplicación de las medidas cautelares”.

Los mensajes han sido, en algunos casos, bestiales: desde aquellos que pedían ir a apedrear la casa de la familia, hasta otros no menos hirientes, como el de Albert Donaire, portavoz de Mossos per la Independència, que pidió una especie de segregación del menor, señalando que “los padres del resto de niños deberían dejar al niño (sic) de esta familia solo en clase hasta que esto no se arregle”. Tras acusar al Estado de pretender “la uniformización a la castellana de la península ibérica y el genocidio cultural e identitario del resto de naciones”, terminaba pidiendo: “Formemos a la gente en devolver los golpes y no en ‘somos gente de paz’. Tanta paz que nos toman por idiotas y nos hacen lo que quieren”.

La estrategia independentista en la escuela Turó del Drac se dirige, según la denuncia, “a evitar la ejecución de la sentencia del TSJC. La airada reacción contra el auto de medidas cautelares de 14 de octubre de 2021 es un destacado eslabón de la cadena que no obvia la intimidación a las partes en el proceso contencioso-administrativo, como prueba las declaraciones de la secretaria general del Departamento [de Educación], Patrícia Gomà, que consideró positiva la reacción de las familias de P-5 de la escuela Turó del Drac que protestaron contra la obligación judicial de ampliar las horas de castellano”. Destaca también la negativa del consejero de Educación, Josep González Cambray, de dar cumplimiento a la sentencia y de desplazarse a Canet el 9 de diciembre para reunirse con la dirección del centro y “poner de manifiesto la hostilidad del Departamento a la aplicación de la sentencia y la intención de hacer inviable su cumplimiento”.

La AEB señala que lo ocurrido en Canet de Mar “es de una enorme gravedad y está destinado a producir un escarmiento para aquellos que soliciten la ejecución de las medidas cautelares y trata de impedir la aplicación del mínimo del 25% [de clases en castellano] con carácter generalizado”.

“Formemos a la gente en devolver los golpes y no en ‘somos gente de paz’. Tanta paz que nos toman por idiotas y nos hacen lo que quieren”

Ana Losada, presidenta de la AEB, señala a este diario que el tema a partir de ahora discurrirá por vías estrictamente judiciales. “Esta batalla no se gana en la calle, sino en los tribunales. Nosotros hemos pasado pantalla y lo único que exigimos es que la Generalitat cumpla la sentencia del Supremo para que los padres dejen de estar en la diana de esta gente”. Losada destaca que no habrá manifestaciones en las calles ni movilizaciones sociales. “Lo que queremos es que esto se calme. La propia familia dijo que no quería manifestaciones y nosotros estamos también por la tranquilidad”.

Losada alaba también la celeridad del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), al haber dictado un auto en el que se requiere al director de la escuela de Canet El Turó del Drac que “adopte las disposiciones pedagógicas oportunas en orden a la efectiva ejecución de lo acordado, dando cuenta detallada al Tribunal en el plazo de un mes”. Recuerda el auto que el Supremo fijó una cuota del 25% de las horas lectivas en castellano para fijar un mínimo de este idioma como lengua vehicular, y condenaba a la Administración a pagar las costas. Además, señalaba el texto que “tanto la Administración demandada como el centro educativo deberán adoptar las medidas necesarias para preservar la identidad y la intimidad del actor y de su hijo”. “Celebramos que el TSJC se tome el asunto en serio y agradecemos que tras un escrito nuestro presentado el martes, el jueves por la tarde ya había respondido a nuestra petición”, subraya Ana Losada.

La encuesta del Síndic

El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, por su parte, ha vuelto a añadir gasolina a un fuego ya iniciado. Cuando la atención se centra en evitar el linchamiento público de una niña de cinco años y su familia, Ribó tuvo la idea de abrir una encuesta para conocer en qué idioma hablan y se interrelacionan los niños catalanes. Su entidad envió a los colegios catalanes una encuesta para conocer en qué idioma hablan los niños con sus padres, con sus compañeros, con sus profesores, en qué idioma reciben las clases, qué música escuchan o qué redes sociales utilizan. La encuesta no es pequeña: son 82 páginas que piden un alto grado de detalle sobre la situación personal y familiar de los pequeños.

La encuesta va dirigida a los alumnos de quinto de primaria y tercero de ESO. “Las misivas van identificadas con el código de cada centro, por lo que el listado fue facilitado por la propia Generalitat. Además, de este modo, no solo saben lo que han contestado los centros, sino cómo se comportan los alumnos de una determinada escuela”, critica José Domingo, presidente de Impulso Ciudadano.

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Domingo resalta que “Educación no puede hacer esta encuesta porque carece de interés estadístico y utiliza al Síndic de Greuges, que en realidad tampoco podría hacerla porque no está dentro de sus competencias. Es un puro disparate en el que colabora Ribó. Y es una situación absolutamente anormal”. AEB ha pedido al Síndic de Gregues “que se paralice la encuesta”. La renuencia de Ribó a defender al menor acosado contrasta con la diligencia mostrada en otros asuntos: el Síndic abrió expediente de oficio tras la muerte de una familia okupa en un incendio. Y otra investigación un día después de la muerte de una persona tras ser reducida por una pistola Taser.

El posicionamiento de Ribó no deja lugar a dudas: nada más conocerse la decisión del supremo, emitió un comunicado rechazando la sentencia y defendiendo el modelo de inmersión catalán. En el escrito, resaltaba que “el actual modelo educativo en Cataluña garantiza derechos, favorece la cohesión social y lingüística y cuenta con el consenso local e internacional”. El docuemento fue enviado al Govern de Cataluña, al Gobierno español, al Defensor del Pueblo, al Consejo de Europa y a la International Association of Language Commissioners (IALC).

“El actual modelo educativo en Cataluña garantiza derechos, favorece la cohesión social y lingüística y cuenta con el consenso local e internacional”

Ribó destaca que “el establecimiento de una cuota del 25% con carácter generalizado en el conjunto del sistema educativo interfiere en el marco jurídico vigente y omite que, de acuerdo con los datos disponibles hasta ahora, el castellano también tiene un uso vehicular en el sistema educativo”. Afirma luego que “el modelo lingüístico de Cataluña asegura el conocimiento de ambas lenguas oficiales por parte de todo el alumnado al finalizar la enseñanza obligatoria y es un modelo plenamente válido, reconocido internacionalmente como buen modelo pedagógico, de convivencia, respetuoso con los alumnos, con independencia de su necesidad y de su procedencia”. Del menor acosado en Canet, ni una palabra.