La Justicia catalana ordena al Govern que proteja al niño de Canet de Mar

Los engranajes de la Justicia se han puesto en marcha en el caso del niño de Canet cuyos padres lograron amparo para que se garantizara su derecho al castellano en su escuela. El TSJ de Cataluña ha dictado este viernes una providencia en respuesta a la familia del menor en la que se da orden al consejero de Educación de la Generalitat y a la dirección del centro en el que está escolarizado, El Turo del Drac, para que adopten "las medidas necesarias para preservar su protección e intimidad". La providencia requiere de forma directa a González Cambray y la directora del centro.

Según han denunciado los padres, su solicitud para que se garantice el cumplimiento de que las clases que reciba se le ofrezcan al menos en un 25% en castellano ha derivado en una campaña de amenazas y acoso. Mientras la Fiscalía ha abierto diligencias para investigar la posible comisión de delitos de odio, el Tribunal Superior reclama al Govern y al centro que garantice "la normal convivencia y el pacífico desarrollo del entorno educativo", por lo que ha admitido a trámite las denuncias presentadas por Hablemos Español, Asamblea para la Escuela Bilingüe (AEB) y Vox para que se investigue si estos comentarios pueden ser constitutivos de un delito.

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La familia considera que está siendo objeto de una campaña orquestada para evitar más casos como el suyo. Asegura que el acoso comenzó en las redes sociales donde se han lanzado numerosos mensajes en su contra. Mencionan en concreto el de un exprofesor de la Universidad Autónoma de Barcelona que reclamó "apedrear" su casa tachándoles de "supremacistas" del castellano.

Las amenazas comenzaron después de que el mismo Tribunal que ahora les ampara exigió que las horas lectivas en las clases fueran en un 25 por ciento en castellano tras la sentencia firme del Supremo. Los padres están representados por la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) que junto a Hablamos Español y Vox han presentado distintas denuncias.

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Este mismo viernes el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) ha convocado una manifestación coincidiendo con la salida de los niños de las clases, a las cuatro y media de la tarde. La AEB ha reclamado que se suspenda al considerar que no es "idóneo el inicio de una manifestación en las puertas de este centro educativo en el momento de la salida de los alumnos".

Mientras tanto desde la Generalitat y el Govern se defiende que la exigencia del 25% del castellano en este centro escolar concreto supone una "vulneración flagrante al derecho de la mayoría de las familias". Ante las amenazas contra la familia, la portavoz Patricia Plaja señaló que el Ejecutivo catalán es contrario a "cualquier manifestación violenta, sea verbal o física" y que "siempre va a condenar y criticar cualquier actitud violenta".

Según especificó el TSJ en el auto que ha provocado el enfrentamiento, con arreglo a la doctrina constitucional, es "perfectamente legítimo que el catalán sea el centro de gravedad del modelo del bilingüismo" pero siempre con límites, de forma que no determine "la exclusión del castellano como lengua docente de forma que quede garantizado su conocimiento". Para ello se requiere "una presencia" de este idioma en proporción razonable. De acuerdo a estos parámetros el tribunal decidió atender la petición de los padres debido a que en el centro en cuestión "no se constata" tal presencia.

El famosos 25 por ciento viene así del cálculo de lo "razonable". Se toma en consideración un horario semanal estándar de 25 horas lectivas que -dice el auto- se traduce en 6,25 semanales de presencia del castellano. Debe permitirse que imparta en esta lengua al menos otra materia que no sea el propio aprendizaje de la misma. El tribunal dejó en manos del centro educativo las disposiciones pedagógicas oportunas para que se cumpla este estándar.