La Generalitat no acatará el fallo del Supremo que obliga a que el 25% de las clases sean en castellano

La Generalitat no va a dar su brazo a torcer y no acatará el fallo del Supremo en el que da la razón al Tribunal Superior de Justicia de la comunidad que estableció que, como mínimo, el 25% de las materias deben impartirse en castellano. Es una resolución contraria al modelo de inmersión lingüística que se aplica en Cataluña por la mayoría de las escuelas, tanto publicas como concertadas. Es una "injerencia" y una "falta de respeto a los docentes", ha defendido el 'president', Pere Aragonès, quien ha avanzado que su Govern no acatará la resolución.

"Decirle a la comunidad educativa que no delegaremos las responsabilidades en los maestros, en los docentes, en las profesoras y profesores, sino que las asumiremos como Govern para defender un modelo de garantía de cohesión y que tiene consenso", ha añadido el 'president'. Sus palabras sin embargo chocan con lo defendido por los consejeros de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, y la de Cultura, Natàlia Garriga. Ambos han asegurado que “los centros educativos deben seguir trabajando como hasta ahora. No deben realizar ningún cambio en sus proyectos lingüísticos. Defender e impulsar el catalán es defender y hacer avanzar al país. La escuela, en Cataluña, en catalán", en una sorprendente invitación al desacato.

Para Gonzàlez- Cambray, las escuelas "tienen que seguir trabajando como hasta ahora. Eso no va de porcentajes. Eso va de pedagogía. Pido el máximo respeto por nuestro alumnado y por los profesionales de nuestro sistema educativo. La escuela en Catalunya, en catalán". Y ha añadido: "El departamento de educación está, estará y ha estado siempre a vuestro lado. Tenéis que seguir trabajando como hasta ahora, que es seguir educando a nuestros niños y nuestros jóvenes". Sin embargo ha evitado explicar qué hará la Generalitat cuando los centro desobedezcan a los tribunales y de qué modo legal les respaldará.

No todo el mundo lo ha visto como el conseller de Educació. “Es una gran victoria por la igualdad de oportunidades y los derechos fundamentales frente a un modelo reaccionario y sectario", ha valorado Sociedad Civil Catalana en un comunicado.

Natàlia Garriga, por su parte ha calificado la sentencia de “un ataque al modelo de inmersión lingüística. Para Generalitat es una prioridad. Esta tarde hemos convocado una cumbre con todas las entidades y el president para trabajar conjuntamente y evaluar una respuesta conjunta". La Generalitat lleva tiempo intentando usar la lengua catalana como un factor de movilización de la ahora desmovilizada masa social del independentismo.

Sobre la sentencia del TS que impone un 25% de castellano en las aulas catalana, Gonzàlez-Cambray la ha valorado como "un grave ataque a los cimientos de la escuela catalana perpetuado por un tribunal alejado de la realidad sociolingüística”.

El Tribunal Supremo se negó en una providencia a admitir a trámite el recurso de casación que presentó el Govern de la Generalitat contra la sentencia del TSJC determinando que las escuelas deben impartir un 25% de las horas lectivas en castellano y que se apoyaba en la denominada “Ley Wert”.

No es un solo caso

"El TS se ha extralimitado posicionándose en temas pedagógicos", ha criticado Gonzalez-Cambray. Pero lo cierto es que ya hay un reguero de sentencias del TSJC que están anulando proyectos escolares concretos, en lugares como Llagostera, Castelldefels, Reus, Els Pallaresos, Barcelona o Abrera. Gonzàlez Cambray ha criticado que solo sean 80 familias que protestan. Y ha evitado que pasará cuando se incumpla la ley, tal y como él ha propuesto.

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Gonzàlez-Cambray ha recordado "el amplísimo consenso social y una amplia mayoría parlamentaria”, que respaldan el modelo de educación de la inmersión. “Un modelo de escuela donde el catalán ha sido y es una herramienta fundamental", en opinión del titular de la cartera de Educació.

"No estamos ante un conflicto lingüístico sino ante la decisión de un tribunal que desconoce la realidad", ha asegurado el 'conseller', para lamentar luego que “sea un juez quien determine de forma arbitraria el porcentaje de horas que hace falta para aprender una lengua, algo que representa una anomalía".

El PP, por su parte, ha instado a Pedro Sánchez, que acaba de pactar los presupuestos con ERC, que exija a la Generalitat que "cumpla la sentencia en Cataluña" y que emplee para ello "todos los instrumentos del Estado". "Incumplir esta resolución para contentar a sus socios sería prevaricar", ha asegurado el líder de los populares, Pablo Casado. Desde Vox, Santiago Abascal, ha incidido en que "todos los españoles tienen el derecho y el deber de conocer la lengua común y el derecho a recibir educación en español". "Los traidores de la Generalidad, una vez más, desobedecen al Tribunal Supremo. Solo cabe suspender la autonomía y desarticular a la banda de la Generalidad", ha abogado en un tuit, defendiendo la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Para los comunes "la inmersión lingüística es un modelo de éxito que hay que garantizar y defender", según su líder en el Parlament, Jéssica Albiach: "Esta decisión del Supremo está fuera de los consensos de nuestro país y ha de quedar sin efecto".