El 'chiringuito' que quiere que el catalán sea la lengua oficial de España recibe 750.000€

La polémica desatada tras las declaraciones de la consejera de Cultura de la Generalitat, Mariàngela Vilallonga, de que veía “demasiado castellano” en TV3 a raíz de la programación de la serie ‘Drama’, donde los protagonistas hablan indistintamente castellano y catalán (emulando a lo que ocurre en la calle), ha puesto sobre la mesa un debate sordo que siempre ha estado presente en la sociedad catalana. Su queja al director de TV3, Vicent Sanchís, y a la presidenta de la CCMA, Núria Llorach, fue calificada de intolerable intromisión por parte de toda la oposición. Pero Vilallonga tiene quien la defienda: la Plataforma per la Llengua, una de las herramientas independentistas que más dinero público se embolsa cada año: casi 750.000 euros en subvenciones directas (de ellas, 535.000 de la Generalitat al haber sufrido un recorte de 115.000 euros).

Las críticas de la consejera coinciden punto por punto con las tesis defendidas por la Plataforma, que reclama el monolingüismo con el catalán como lengua única. Este miércoles, en el Parlament, Vilallonga reiteró que tanto en TV3 como en la propia cámara legislativa se habla demasiado castellano. La diputada de Ciudadanos Sonia Sierra le había interpelado sobre la lengua, advirtiéndole de que “en Cataluña no hay una lengua, hay tres [catalán, castellano y aranés, los reconocidos en el Estatuto]. La mayoría de los catalanes las usamos con toda normalidad y lo vemos como una riqueza y no un problema”.

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La consejera, en cambio, aseguraba que sí hay tres lenguas en Cataluña: el catalán, el aranés-occitano y la lengua de signos catalana. Y subrayaba que el catalán aparece como lengua propia en el Estatuto, añadiendo que ese concepto se refiere a los idiomas que se han desarrollado en un territorio. Es cierto, aunque el Estatuto también dice que el castellano es lengua oficial en este territorio, así como “el occitano o aranés”. Pero, para Vilallonga, el castellano no se desarrolló al este del río Ebro, ni en Valencia, ni en Baleares. Sólo el catalán.

Según los ideólogos de estas tesis, en TV3, se implantaba tradicionalmente un bilingüismo pasivo (aunque en la práctica el castellano quedaba restringido para personajes marginados, delincuentes o, sencillamente, negativos, lo que hacía presumir de un supremacismo perjudicial para la convivencia). El conflicto se desata cuando un invitado a una tertulia o a un programa se expresa en castellano. En ese momento, grupos extremistas, entidades cívicas e incluso instituciones ponen el grito en el cielo.

Francesc Xavier Vila, catedrático de Sociolingüística de la Universidad de Barcelona, escribía este lunes en un artículo de opinión en el que afirmaba que “el tópico del ‘reflejo de la sociedad’ [que es lo que la serie ‘Drama’ reflejaba] no es más que una trampa que sólo se aplica selectivamente a los escasos ámbitos en que el catalán es prioritario, como la escuela y la CCMA, pero que nunca se aplica allí donde está en inferioridad, comenzando por el mismo mundo audiovisual, donde el catalán probablemente está peor que nunca desde los años 80, y pasando por el aparato judicial, las fuerzas armadas, las instituciones comunes del estado y tantas otras instancias donde el catalán es minorizado día a día. En un país de inmigración y con tan pocas fuerzas para promover la integración lingüística como el nuestro, es urgente recuperar la idea de que si el catalán no consigue funciones propias difícilmente tendrá futuro”.

El castellano quedaba restringido para personajes marginados, delincuentes o negativos, lo que hacía perjudicial la convivencia

Con estos mimbres, la Plataforma ha iniciado una auténtica batalla para que el castellano sea relegado y el catalán se quede como idioma único en todos los ‘Països Catalans’. O sea, en Cataluña, Valencia, Baleares, sur de Francia, Andorra, la Franja con Aragón y el Alguer.

Presiones a la Mesa bilateral

Para empezar, la Plataforma logró que un senador de Esquerra Republicana del País Valencià (ERPC) y otro de Més per Mallorca llevasen a la Cámara Alta una moción para pedir el “reconocimiento explícito de la unidad de la lengua catalana en todos los ‘Països Catalans’”. En la moción, pide también “rechazar cualquier medida que imponga impedimentos normativos, administrativos, técnicos o sociales a los ciudadanos de las comunidades autónomas donde esta lengua es oficial de poder vivir con normalidad y con garantías esta unidad lingüística”. Próximamente, se llevará una moción similar al Congreso de los Diputados, el Parlament de Cataluña, el Parlamento balear y las Cortes valencianas.

Eliminar el castellano y sus símbolos

La Plataforma trata de presionar, al mismo tiempo, la mesa de negociación bilateral entre el Gobierno central y Cataluña: en ella, ha pedido a la parte catalana que exija modificar el artículo 3 de la Constitución para “eliminar el carácter supremacista que establece el castellano como única lengua oficial del Estado” y reclama que también sea lengua oficial en toda España el catalán. Asimismo, declara imprescindible “eliminar el deber de saber castellano, deber explícito que no existe en ninguna otra Constitución del mundo”. Nada extraño si tenemos en cuenta que la Plataforma reclama que el Gobierno central informe en catalán de todas las novedades sobre coronavirus porque se lo exige “el Consejo de Europa y la OSCE”.

La entidad, que se hace llamar ‘la ONG del catalán’, quiere que España “adopte un modelo similar al del resto de Estados democráticos con un fuerte plurilingüismo regional como Bélgica, Canadá o Suiza. Así, el catalán sería tan oficial del Estado como lo es el castellano”.

La entidad independentista pide también revisar el uso de símbolos como la 'Ñ' para la proyección de España. Curiosamente, esta misma plataforma es la que ha imitado al Estado español y ha iniciado una campaña para crear el distintivo de la 'Ç' como símbolo de Cataluña. Esta campaña se articula a través de la plataforma El Segell, creada en realidad en agosto del año pasado, pero que se ha mantenido permanentemente activa sobre todo durante la pandemia. Esta plataforma pide a los ciudadanos que sólo compren productos etiquetados en catalán y que no compren los etiquetados en español. En una disimulada campaña de acoso a las empresas que no etiquetan, la Plataforma ha puesto en marcha la campaña ‘llenguacat’, en la que anima a sus activistas: “¿Qué empresa querrías que etiquetase en catalán? Coge el megáfono de El Segell y anúncialo fuerte”.

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La Plataforma asegura que hay más de 150 disposiciones legales impositivas del castellano en el etiquetaje, embalaje y manuales de uso e instrucciones de productos, pero no ocurre lo mismo con el catalán. Además, denuncia que el procedimiento para la adquisición de la nacionalidad española por residencia establece la obligatoriedad de saber castellano, pero no tiene en cuenta “que hay ciudadanos que viven en territorios en que la lengua real de integración puede ser otra y que hay otras lenguas con carácter oficial. El Estado vuelve a vincular su identidad sólo con la comunidad lingüística castellana y relega a los catalanohablantes a una situación de ciudadanos de segunda categoría”.

Un chorro de dinero público

Para cumplir sus objetivos, la Plataforma cuenta con suficiente gasolina: el 31 de marzo de 2019, la consejera Vilallonga firmaba un convenio con la entidad por el que le concedía “una subvención excluida de concurrencia pública” por 655.000 euros para la realización de sus actividades. Finalmente, fueron 535.000 euros “por reducción de los departamentos participantes”, que eran nada más y nada menos que los de Presidencia (124.000 euros), Empresa (124.000 euros), Cultura (150.000 euros), Trabajo (97.000 euros), Educación (20.000 euros) y Justicia (20.000 euros). Durante los años anteriores, la dotación anual había sido de 620.000 euros por ejercicio, según los convenios trianuales firmados con la Generalitat.

En total, según lo presentado a la Generalitat en 2019, los gastos de la Plataforma en lo referente a los proyectos subvencionados se elevaron a 700.612,88 euros, entre los que se cuentan 75.602,99 euros en salarios y 29.323,06 euros en gastos de Seguridad Social, además de 17.300 euros de alquiler del local social, ubicada justamente al lado del Palau de la Generalitat (ocupa un piso de 311 metros cuadrados en la calle Sant Honorat, a escasos metros de la plaza Sant Jaume). Estos gastos son cubiertos con la ayuda del Govern, a la que hay que sumar 143.000 euros en cuotas de los socios, 18.621,88 euros en patrocinios, donativos y ventas y 4.000 euros facturados en servicios.

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Al margen, la Plataforma recibió durante el año pasado tres ayudas de la Generalitat valenciana de 25.754,29 euros, 15.300 euros y 15.000 euros. Curiosamente, estos regalos fueron para “el fomento del multilingüismo en al ámbito social”, aunque lo que promueve la ONG es el monolingüismo. El Ayuntamiento de Barcelona también le otorgó 4 subvenciones, dos de ellas por 12.000 euros cada una, además de otra de 5.000 euros y una de 1.500 euros. El Ayuntamiento de Sabadell, por su parte, le concedió dos ayudas por 55.000 euros mediante un convenio de colaboración en el proyecto ‘Construimos Ciudad, hacemos barrio. Promovemos el uso social del catalán entre los jóvenes’. Otra ayuda de 2.001 euros fue para la campaña ‘Abiertos al comercio, abiertos a los barrios’.

El Gobierno de Baleares le concedió subvenciones que totalizan 34.950 euros. Una de ellas, de 3.000 euros, fue para un taller de rap en catalán en las escuelas, mientras que otra de 3.000 euros fue para la campaña de unidad de la lengua. El Ayuntamiento de Arenys de Mar la premió con una ayuda de 13.293 euros, la Universidad de Valencia le otorgó otra ayuda de 2.000 euros y la Diputación de Barcelona una subvención de 1.708 euros para su plan lingüístico en Sabadell y otra de 13.000 euros para la organización de los Premios Martí Gasull. Ello supone unos ingresos extras de más de 208.000 euros sólo en 2019. Un auténtico chorro de dinero público.

El estado de cuentas de la Plataforma eleva considerablemente esos números: el año pasado, la ONG tuvo unos ingresos de 2.668.308,90 euros, de los que 942.748,44 euros correspondían a subvenciones públicas y privadas y 1.503.932 euros a cuotas de los socios. Los gastos, en cambio, fueron de 2.421.303,40 euros, de entre los que sobresalen 1.276.848 euros de gasto en actividades, 459.127 euros en personal, 375.598 euros en publicidad y 217.904 euros en gastos generales.