Sánchez no exigirá el mínimo de castellano en la escuela y lo deja en manos de la Justicia
Fuentes del Ministerio de Educación defienden que corresponde al TSJC y a la Generalitat el cumplimiento de la sentencia que establece que el 25% de la enseñanza en Cataluña se imparta en castellano
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"Corresponde en exclusiva al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y a la Generalitat el cumplimiento de la sentencia". Fuentes del Ministerio de Educación rechazan que sea el Gobierno central, "en el momento actual del procedimiento", el que tenga que dar ningún paso para garantizar que el 25% de la enseñanza en Cataluña se imparta en castellano, tal y como falló el TSJC y como ha avalado el Supremo al no admitir a trámite el recurso interpuesto por el Govern contra dicha sentencia. Las mismas voces rechazan pronunciarse sobre "futuribles" ante el anuncio del 'president' Aragonès de que no acatará el fallo judicial y el llamamiento a los profesores y centros educativos para que tampoco lo hagan.
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El Ejecutivo de Sánchez desoye así los requerimientos, entre otros, del líder de la oposición, Pablo Casado, para que haga efectiva la resolución de los tribunales. De hecho, el presidente de los populares ha ido un paso más allá y ha exigido al Gobierno que aplique el artículo 155 en Cataluña ante la negativa de las autoridades a cumplir la sentencia. "Es su primera responsabilidad y, si la Generalitat se declara en flagrante rebeldía, Pedro Sánchez tiene que hacer todo lo que está a su alcance para cumplir esa resolución, incluido aplicar en el Senado el artículo de la Constitución que hace que el Estado pueda aplicar las competencias del título octavo que le son propias", ha defendido Casado, quien ha ofrecido los votos del PP en la Cámara Alta, según recoge la agencia EFE.
Las fuentes consultadas defienden que la Alta Inspección, dependiente del ministerio, "no tiene capacidad de vigilancia sobre las comunidades autónomas, según sentencia del Constitucional", por lo que corresponde a las regiones, en este caso a Cataluña, garantizar el cumplimiento de la resolución judicial. Desde el ministerio se muestran confiados en que "el TSJC instará de manera efectiva el cumplimiento y ejecución de la sentencia". Ahora, una vez que el Supremo comunique al Superior de Cataluña la inadmisión a trámite del recurso, el propio tribunal debe hacer firme su fallo. Los plazos se pueden alargar hasta dos meses.
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"La posición del Gobierno está perfectamente recogida en la disposición adicional 38 de la LOMLOE [la conocida popularmente como Ley Celaá], donde se señala que los alumnos de las comunidades bilingües tendrán que adquirir las competencias en ambas lenguas y, en caso de que no sea así, habrá que habilitar los refuerzos necesarios para su cumplimiento", zanjan desde el Ministerio de Educación.
"Corresponde en exclusiva al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y a la Generalitat el cumplimiento de la sentencia". Fuentes del Ministerio de Educación rechazan que sea el Gobierno central, "en el momento actual del procedimiento", el que tenga que dar ningún paso para garantizar que el 25% de la enseñanza en Cataluña se imparta en castellano, tal y como falló el TSJC y como ha avalado el Supremo al no admitir a trámite el recurso interpuesto por el Govern contra dicha sentencia. Las mismas voces rechazan pronunciarse sobre "futuribles" ante el anuncio del 'president' Aragonès de que no acatará el fallo judicial y el llamamiento a los profesores y centros educativos para que tampoco lo hagan.