La Generalitat respaldará las protestas en la calle contra el Supremo por el catalán

La Generalitat respaldará las movilizaciones en la calle contra el Tribunal Supremo (TS) por haber tumbado la normalización lingüística en la escuela catalana, al emitir una providencia para no admitir a trámite el recurso de casación que presentó el Govern contra la sentencia del TSJC. El alto tribunal determinó ayer que las escuelas deben impartir un 25% de las horas lectivas en castellano. El Ejecutivo autonómico ordenó a los centros que no acaten la resolución judicial. El Govern no convocará las protestas, pero fuentes del Palau apuntan que los 'consellers' sí participarán en caso de que las entidades sociales las convoquen.

El Gobierno catalán ha jugado la carta del victimismo por diversas razones. El Tribunal Supremo es identificado por la base social del independentismo como el mal, después de la sentencia del 'procés'. También porque el equipo de Pere Aragonès lleva meses intentando movilizar a sus desanimadas bases a través de la denuncia de la mala situación del catalán, forzando estudios en los que se da una imagen catastrófica de la lengua que no se corresponde del todo con la realidad. Ahora, esta decisión del TS podría servir para galvanizar la opinión pública catalana.

La Generalitat no convocará, pero ya ha lanzado el lema de la pancarta: "L’escola catalana no es toca", ha declarado Pere Aragonès. “La escuela catalana no se toca”. Por su parte, Laura Borràs, presidenta del Parlament, se refirió este martes, tras conocerse la sentencia del TS, a “una línea roja sobre la que hay un consenso social muy amplio”. La gran protesta que incluso antes de convocarse tumbó la ampliación del aeropuerto de El Prat tenía un lema muy similar: “La Ricarda no es toca”.

No hay un problema alrededor de la normalización lingüística en la escuela en Cataluña. Pero sí que ha habido familias que han recurrido ante la ley contra el modelo. Y legalmente han ganado. Son unas 80 familias a las que ampara la ley. Pero esto es Cataluña y el propio 'conseller' de Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, hizo ayer un llamamiento para que los centros educativos ignorasen la decisión del alto tribunal, que en la práctica solo supone dar en castellano una asignatura más que ahora. La Generalitat no dice que desobedecerá, pero se lo pide a las escuelas, sin ofrecerles ninguna garantía de que eso no tendrá luego consecuencias.

Hay ventajas. Buena parte de sus bases trabaja en el sector, como por ejemplo los influyentes profesores de catalán, que no son la mayoría del profesorado, pero que siempre han tenido un peso político mucho mayor de lo que les correspondería.

Así, el sindicato de profesores más importante de Cataluña, Ustec, ha pedido a la Consejería de Educación que no aplique la sentencia. La portavoz del sindicato UstecStes, Iolanda Segura, ha destacado que la sentencia es muy mala noticia y llama a ignorarla. Lo mismo que la consejería aconseja a los colegios. Hay acuerdo sobre la respuesta, pero por lo visto no sobre quién ha de asumir las futuras responsabilidades ante una sentencia firme del Supremo.

La consejera catalana de Acción Exterior, Victòria Alsina, ha anunciado este miércoles que la Generalitat denunciará "en los próximos días" ante el Consejo de Europa el fallo. "El golpe del Tribunal Supremo al modelo de inmersión lingüística, que es un modelo de amplio consenso tanto a nivel político como social y una línea roja que este Gobierno no está dispuesto a que se cruce, es muy grave", ha declarado a un grupo de periodistas, durante un viaje de trabajo al Reino Unido.

"En este sentido, desde mi departamento denunciaremos ante el Consejo de Europa esta vulneración de la carta europea de lenguas minoritarias, que en su momento el Estado español ratificó y que incumple sistemáticamente", ha señalado.

Òmnium se queja

Òmnium Cultural, por su parte, ha hecho “un llamamiento a agotar todas las vías para blindar el modelo educativo en Cataluña ante la decisión del Tribunal Supremo que impone a los centros educativos la obligación de dar un 25% de las clases en castellano y, en su caso, desobedecerla. La entidad constata que esta nueva intromisión injustificable de los tribunales es un ataque intolerable que rompe el consenso en torno a un modelo de éxito como es la escuela en catalán”. Jordi Cuixart también se ha pronunciado a favor de la desobediencia denunciando que el Tribunal Supremo quiere “fulminar el modelo de la escuela catalana con una decisión injusta”.

Jordi Cuixart ha llamado a la desobediencia al Tribunal Supremo

También ha entrado en el debate Plataforma per la Llengua, asociación que ha recordado que “una encuesta encargada por Plataforma per la Llengua concluye que un 82% de los habitantes de Cataluña está de acuerdo con la inmersión lingüística” y añaden que rechazan "el activismo judicial que quiere imponer un modelo rechazado por la población y por el Parlamento catalán".

Visión distorsionada

Crear este clima de indignación social requiere forzar los datos. La Conselleria de Educació ha presentado un estudio en el que concluye que el catalán está amenazado porque solo es la lengua de uso habitual del 36% de la población y que ocho de cada 10 catalanohablantes cambian de lengua cuando alguien les habla en español. Desde 2005, el catalán habría perdido medio millón de hablantes.

Pero como explica el sociolingüista Albert Branchadel, en la revista 'Política & Prosa', la pérdida del uso del catalán está más determinada por las nuevas tecnologías y la globalización que por la normalización lingüística. “Nunca se ha dicho en ninguna parte que el objetivo de la normalización lingüística fuera convertir el catalán en la lengua primera de las nuevas generaciones” y añade Branchadel que “los nuevos adeptos del catastrofismo lingüístico pueden tergiversar a la Unesco tanto como sea necesario y pueden ignorar todo lo que quieran esta bilingüe realidad que todo un Joaquim Arenas describe con tanta precisión. Pero no deberían arrastrar a la gente de este país a creer que la causa del catalán en Cataluña es incompatible con el pluralismo lingüístico de la sociedad”.

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Pero no hay espacio para un debate racional. Los jóvenes hablan menos catalán, en especial en las grandes ciudades, muchos se han pasado al castellano y las plataformas de televisión han multiplicado los números de canales y contenidos, pero no la presencia de la lengua de Verdaguer. Pero no hay ganas de ver la realidad, como que TV3 sacrificó su canal de contenidos infantiles para potenciar el de deportes o que el catalán se ha vuelto una lengua antipática para muchos catalanes después del 'procés'.

El asunto trasciende el territorio catalán, y la sentencia del Supremo tuvo este martes una rápida contestación en la política nacional, con el presidente del PP, Pablo Casado, instando a Pedro Sánchez a que utilice "todos los instrumentos del Estado" para asegurarse de que el Govern aplique el fallo, entendiendo que "incumplir esta resolución para contentar a sus socios es prevaricar", según aseveró el líder de la oposición en un tuit. En términos similares se pronunció Santiago Abascal, de Vox, apostando por "suspender la autonomía y desarticular a la banda de la Generalidad", mientras que, desde los comunes, Jéssica Albiach defendió el modelo y afirmó que el fallo "está fuera de los consensos" y que "ha de quedar sin efecto".