La ley Celaá: la reforma educativa que nos pilló mirando para otro lado

Sin lugar a dudas, la pandemia del covid-19 ha marcado el año 2020 en todos los aspectos y, por supuesto, ha eclipsado otras informaciones por razones obvias.

En el terreno de la educación —en condiciones normales—, una nueva ley de enseñanza habría sido una noticia clave, ya que va a determinar la educación española de —al menos— los próximos cuatro años. Pero la gestación de la Lomloe, también conocida como ley Celaá, nos ha pillado a la mayoría de españoles mirando para otro lado. Mientras el coronavirus concentraba toda nuestra atención, el Gobierno trabajaba la nueva ley con la oposición y parte de la comunidad educativa en contra.

El proyecto de ley se registró en la pasada legislatura, en plenas Navidades, y su borrador no contó con el informe del Consejo de Estado. A pesar de no ser preceptivo, la oposición entendía que era indispensable contar con él, al ser una ley que afecta a derechos fundamentales y que podría ser recurrida al Tribunal Constitucional.

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Con la llegada del estado de alarma, los grupos del Gobierno fueron ampliando los plazos de tramitación (era inviable continuar en pleno confinamiento) y tanto PP, como Vox y Ciudadanos solicitaron las comparecencias de la comunidad educativa con nombres y apellidos antes y después del verano. Una de ellas fue denegada por no haberlo hecho antes del periodo estival y la previa ni fue respondida. Tampoco convocaron la mesa y junta de portavoces de la comisión para debatirlo.

En el mes de octubre, con el coronavirus abriendo todos los telediarios, la comisión de Educación votó en contra de que la comunidad educativa participara en el trámite de la reforma. Los votos del bloque del Gobierno frenaron las comparecencias solicitadas, algo habitual en la tramitación de cualquier ley: escuchar a los expertos e implicados antes de legislar. Los socialistas lo justificaron por la “urgencia” de poner en marcha la Lomloe.

En el mes de noviembre, la oposición denunció un “escaso margen” para estudiar las enmiendas y el contenido de la ley, convencidos de que “formaba parte de la estrategia” del Gobierno para no darles tiempo a reaccionar.

A finales de noviembre, el proyecto de ley orgánica educativa de Celaá, que en junio tuvo que enfrentarse a las enmiendas a la totalidad presentadas por PP, Vox y Ciudadanos, superó su paso por el Congreso.

Ocho proyectos educativos

Con un total de ocho proyectos educativos en nuestra joven democracia, la ley Celaá viene a derogar la Lomce —también conocida como ley Wert—, vigente desde 2013.

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Este proyecto de modificación de la LOE de 2006 era uno de los principales objetivos del Gobierno, mientras que la oposición la ha tachado de reforma ideológica y la critica por quitar peso a los centros concertados o al castellano en las comunidades con lengua cooficial. Además, han denunciado que se quiera aprobar una norma sin consenso y en estos momentos de crisis sanitaria.

Las leyes de nuestra democracia:

• 1980. Ley Orgánica por la que se regula el Estatuto de Centros Escolares (Loece): es la primera ley educativa aprobada en democracia en España y la primera en materia de educación tras la Constitución de 1978.
• 1985. Ley Orgánica reguladora del Derecho a la Educación (LODE): la segunda ley de educación de la democracia llegó de la mano del Partido Socialista, que ya gobernaba en España tras ganar las elecciones en 1982.
• 1990. Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (Logse): solo contó con los votos en contra del Partido Popular y fue impulsada y aprobada por el PSOE.
• 1995. Ley Orgánica de Participación, Evaluación y Gobierno de los Centros Docentes (Lopeg): se aprobó, de nuevo bajo un Gobierno socialista, en noviembre de 1995 y, más que una reforma, supuso un complemento a la Logse.
• 2002. Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE): se trata de la primera reforma educativa del Gobierno del Partido Popular tras ganar las elecciones en 1996.
• 2006. Ley Orgánica de Educación (LOE): derogó las leyes educativas previas, salvo la LODE de 1985, pero mantuvo el sistema establecido en la Logse.
• 2013. Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce): bautizada como ley Wert, pues su impulsor fue el ministro de Educación del Gobierno de Mariano Rajoy, José Ignacio Wert, es la ley educativa que ha estado en vigor hasta esta semana y la que estableció el castellano como lengua vehicular.
• 2020. Ley Orgánica de Modificación de la LOE (Lomloe).

El castellano, los concertados y la religión

Entre los principales cambios que introduce la ley Celaá, está la educación pública como eje vertebrador del sistema educativo.

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En este sentido, la nueva ley elimina la "demanda social" para abrir nuevos centros concertados o aumentar plazas. Estos colegios no podrán percibir cuotas de las familias por recibir las enseñanzas de carácter gratuito ni imponer aportaciones a fundaciones o asociaciones. Del mismo modo, los centros sostenidos parcial o totalmente con fondos públicos no separarán al alumnado por su sexo.

Respecto al castellano, deja de figurar como lengua vehicular de la enseñanza y como lengua oficial del Estado. Las administraciones garantizarán el derecho a recibir enseñanzas en castellano y en lenguas cooficiales para alcanzar un dominio pleno y equivalente. Asimismo, los contenidos básicos de las enseñanzas mínimas fijados por el ministerio no supondrán más del 50% de los horarios para las comunidades con lengua cooficial ni del 60% para el resto.

En cuanto a la religión, la nota no contará para procesos de acceso universitario o a becas; y en Primaria y Secundaria, se podrá establecer la enseñanza no confesional de cultura de las religiones.

Otro de los puntos más polémicos ha sido el de la educación especial: en 10 años, los centros ordinarios deberán tener recursos para atender alumnado con discapacidad. Las administraciones prestarán apoyo a los centros de educación especial para alumnos que requieren atención muy especializada.