Sin negociación ni margen a la oposición: todos los "atropellos" de la ley Celaá

La conocida como ley Celaá, la reforma educativa del Gobierno de PSOE y Unidas Podemos, acumula polémicas desde el inicio de su tramitación que no se limitan a haber suprimido el castellano como lengua vehicular en la enseñanza. De hecho, la oposición lleva meses denunciando un procedimiento “bochornoso” y aseguran que la ley es inconstitucional de principio a fin. Si el pasado jueves se votaron las enmiendas al proyecto de ley, este viernes se celebrará la comisión de Educación en que los grupos deben dar luz verde al informe final de la ponencia, que se convertirá en dictamen y que el pleno aprobará finalmente como nueva ley educativa.

Un informe que los principales partidos de la oposición recibieron este domingo a pesar de sus dudas sobre cuándo accederían a él. A lo largo de estas semanas, han denunciado un “escaso margen” para estudiar las enmiendas y el contenido de la ley, convencidos de que “formaba parte de la estrategia” del Gobierno para no darles tiempo a reaccionar. De hecho, según denuncia el grupo parlamentario Ciudadanos, la comisión del próximo viernes se hará del tirón para el debate de toda la ley. “Es un atropello”, insisten desde el partido naranja. Cada portavoz, apenas contará con siete minutos para intervenir en cada punto.

Tanto PP, como Cs y Vox han criticado duramente la falta de negociación y diálogo en la tramitación de la ley, sin transparencia y “abrumando” a los diputados para que no pudieran apenas reaccionar.

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En el mes de octubre y para sorpresa de estos partidos, la comisión de Educación votó en contra de que la comunidad educativa participara en el trámite de la reforma. Los votos de PSOE, Unidas Podemos y sus socios de investidura frenaron las comparecencias solicitadas, algo habitual en la tramitación de cualquier ley: escuchar a los expertos e implicados antes de legislar. La portavoz de los socialistas, Luz Martínez, justificó la decisión por la “urgencia” de poner en marcha la Lomloe (nombre de la nueva ley), y el de Podemos, Joan Mena, pidió “no dilatar” los trámites “como pedía la derecha”.

Las prisas son tales que en el Gobierno esperan que a finales de noviembre la ley ya sea votada en el Congreso. La portavoz del ramo del PP, Sandra Moneo, recordó que en la Lomce (conocida como ley Wert) hubo 50 comparecencias de la comunidad educativa. Además, la oposición achacó “nocturnidad y alevosía” a la votación, que se celebró después de las nueve de la noche. “Toda la tramitación ha sido un atropello brutal”, insiste Marta Martín, portavoz de Ciudadanos.

En realidad, nada todo esto es nuevo. El proyecto de ley se registró en la pasada legislatura, en plenas navidades, y su borrador no contó con el informe del Consejo de Estado. A pesar de no ser preceptivo, la oposición entendía que era indispensable contar con él, al ser una ley que afecta a derechos fundamentales y que podría ser recurrida al Tribunal Constitucional. Ciudadanos también denunció hace meses que no pasara por la conferencia sectorial actual (lo hizo en la pasada legislatura, pero no tras el cambio de gobiernos autonómicos) y el Ejecutivo evitó realizar modificaciones tras las últimas elecciones generales, insistiendo en que ya había pasado todos los trámites necesarios con anterioridad.

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Con la llegada del estado de alarma, los grupos del Gobierno fueron ampliando los plazos de tramitación (era inviable continuar en pleno confinamiento) y tanto PP, como Vox y Ciudadanos solicitaron las comparecencias de la comunidad educativa con nombres y apellidos antes y después de verano. Una de ellas fue denegada por no haberlo hecho antes del periodo estival y la previa ni fue respondida. Tampoco convocaron la mesa y junta de portavoces de la comisión para debatirlo. “Ya vimos el despropósito que iba a ser entonces”, asegura Marta Martín a este diario.

Ahora, la oposición denuncia el procedimiento que se llevará a cabo el próximo viernes, con una jornada que promete ser eterna y justo después de dos días en los que el pleno asistirá al debate de las enmiendas a la totalidad de los Presupuestos de 2021. La oposición ha criticado durante semanas las dificultades para absorber toda la información de la nueva ley, con sesiones maratonianas que muchas veces se solapaban con otras comisiones.

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El castellano y la concertada

La reforma educativa de la Lomloe aprobó la pasada semana algunas enmiendas que levantaron una fuerte controversia. En primer lugar, no incluirá en su texto que el castellano es la lengua vehicular en la enseñanza, ni tampoco aparecerá como que es lengua oficial del Estado. Además, fijará que no se podrán financiar aquellos centros concertados (que reciben fondos públicos) que segregan a los alumnos por sexo.

La enmienda sobre el castellano salió adelante con 26 votos a favor (incluidos PSOE, Unidas Podemos y ERC), 16 en contra y una abstención del PNV, tras una fuerte polémica que llevó a que el PP, Cs y Vox anunciaran recursos ante el Tribunal Constitucional.

Lo que la enmienda recoge, y que irá en la futura ley, es que las administraciones garantizarán el derecho de los alumnos a recibir enseñanza “en castellano y en las lenguas cooficiales en sus respectivos territorios, de acuerdo a la Constitución, los estatutos de autonomía y la normativa aplicable”. En la actual norma, la ley Wert, se establece que “el castellano es lengua vehicular de la enseñanza en todo el Estado, y las lenguas cooficiales lo son también en las respectivas comunidades, de acuerdo con sus estatutos y normativa aplicable”.

También hay novedades que afectan a la educación concertada. El texto contempla que no se financien aquellos colegios que segregan por sexo y también rechaza ceder suelo público para la construcción de nuevos centros concertados. El informe incorpora alguna otra cuestión importante, como prohibir el pago de cuotas a los colegios concertados a través de sus fundaciones o de las extraescolares que estén dentro del horario escolar. "En ningún caso los centros públicos o concertados podrán percibir cantidades de las familias por recibir las enseñanzas de carácter gratuito, imponer a las familias la obligación de hacer aportaciones a fundaciones o asociaciones, ni establecer servicios obligatorios que requieran aportación económica". El texto, una vez pase por la comisión de Educación el próximo viernes, deberá pasar por el pleno del Congreso y el Senado.