De Madrid a Barcelona: la educación concertada vuelve a protestar contra la ley Celaá

La plataforma Más Plurales ha convocado este domingo una nueva manifestación en coche por "todo el territorio nacional" para protestar contra la Lomloe, la nueva Ley de Educación conocida como la 'Ley Celaá'. A tres días de que la norma se apruebe previsiblemente en el Pleno del Senado, miles de coches han llenado las calles de numerosas ciudades de toda España coreando su lema 'Stop Ley Celaá'.

La manifestación de vehículos, a la que se han sumado PP, Cs y Vox, ha comenzado en la mayoría de las ciudades a las 11 horas. Forman parte de la plataforma convocante asociaciones de padres y madres de alumnos, sindicatos, empresas y diferentes colectivos del sector de la educación concertada; desde el mes de noviembre ha salido a la calle en seis ocasiones para expresar su malestar contra la que será la octava ley de Educación de la democracia española.

La concentración más numerosa se ha producido en Madrid, donde miles de automóviles decorados con banderas amarillas y naranjas han recorrido el Paseo de la Castellana, desde Cuzco hasta Cibeles. Junto a los participantes se ha podido ver también una furgoneta amarilla con la frase "Queridos Reyes Magos, os pido libertad de enseñanza".

Además de la capital, las 'pitadas' y caravanas de coches han tenido lugar medio centenar de ciudades: desde Barcelona a Sevilla, pasando por Zaragoza, Toledo, Castellón, Badajoz, Logroño, Tarragona, Pontevedra o Zamora. En Pamplona, donde la cita ha comenzado a las 11.30 horas, la cabecera se ha situado en el parking del centro comercial La Morea y ha recorrido hasta la rotonda de la avenida de Zaragoza con la calle El Sadar. De acuerdo con las cifras de los convocantes, esta marcha ha contado con alrededor de 2.000 vehículos que también han lucido globos naranjas y han hecho sonar sus bocinas. Mismo número de coches es lo que ha registrado la organización en Logroño, donde los manifestantes han iniciado su recorrido en el Palacio de los Deportes para desplazarse hasta el centro de la localidad.

Valladolid también ha visto como una caravana de automóviles ha ocupado el centro de la ciudad con pancartas en las que se podía leer: "Se vende la libertad de elección". En Murcia, la marcha ha partido pasadas las 11:00 horas desde el Carrefour Zaraiche, y ha estado apoyada por docentes, centros educativos, familias, y partidos políticos de la Región de Murcia como Vox y el PP.

Se trata de la sexta movilización organizada por la plataforma Más Plurales. La última se produjo el pasado miércoles frente a las puertas del Senado, aunque la más multitudinaria tuvo lugar el pasado 22 de noviembre. En aquella ocasión, miles de manifestantes protestaron desde sus vehículos y la capital también fue el punto neurálgico, al inundar el Paseo de la Castellana con más de 5.000 coches, según los datos que ofreció la Delegación de Gobierno.

La oposición acude en masa a la manifestación

Los partidos de la oposición se han sumado en masa a las protestas. A la marcha de Madrid ha acudido el presidente del PP, Pablo Casado, que ha insistido en que recurrirán la ley ante el Tribunal Constitucional y en que la derogarán cuando accedan al Gobierno. Mientras tanto, ha señalado que las comunidades autónomas harán todo lo posible para que la 'Ley Celaá' quede prácticamente en nada. Así, ha recordado que Madrid ha adelantado el plazo de inscripción para los alumnos, que en Galicia seguirá el castellano como lengua vehicular, que en Murcia se darán "más posibilidades" a los conciertos educativos, que Castilla y León no permitirá pasar de curso con asignaturas suspensas, y que Andalucía va a "garantizar la libertad de elección de centro".

El líder de los populares ha estado flanqueado por el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, que ha pedido al presidente Pedro Sánchez que permita a las familias educar "en base a sus principios y convicciones". También ha hablado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para destacar que "esta ley no resuelve ninguno de los problemas que actualmente tienen los estudiantes españoles".

En representación de Vox, su secretario general, Javier Ortega Smith, también ha acudido a las protestas de Madrid. "Vamos a luchar porque en España haya una educación de calidad, una educación despolitizada de intereses ideológicos, una educación, en definitiva, en libertad", ha indicado desde el puesto que su formación tenía ubicado en Cibeles.

Por parte de Ciudadanos, el portavoz adjunto en el Congreso, Edmundo Bal, ha estado presente en la manifestación de Barcelona. En declaraciones a los periodistas ha sostenido que la nueva ley educativa es un "disparate" y un "despropósito". En su opinión, se trata de "un atentado contra la libertad de elección de centros de los padres" y "un atentado contra la educación concertada y la educación especial". Además, ha criticado que se vaya a permitir pasar de curso con asignaturas pendientes, cuando "Europa siempre nos regaña a España por nuestros malos datos educativos".

Para el líder de Ciudadanos en Cataluña, Carlos Carrizosa, supone un "abuso" para todos los catalanes porque elimina el español como lengua vehicular. "Muchos alumnos catalanohablantes ven mermadas sus capacidades de desarrollarse" en castellano, por lo que pierden capacidades profesionales, ha asegurado. También ha aprovechado para hacer campaña de cara a las elecciones de 14 de febrero y ha criticado al primer secretario del PSC, Miquel Iceta, por guardar silencio "como siempre guarda contra todos los abusos del separatismo".

Por su parte, la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, se ha defendido y ha asegurado que la nueva ley está teniendo un "amplio respaldo" de la comunidad educativa. En un acto organizado por el PSOE, ha remarcado que "la Lomloe es una ley necesaria y urgente que viene a deshacerse de todos aquellos abusos y desequilibrios, que se habían amontonado en nuestro sistema educativo. Eran obstáculos para que las personas pudiera seguir progresando".

La ministra ha acusado a la derecha de no centrarse en la educación, sino de hablar únicamente de "si la concertada sí o no, si la religión más o menos" y esta vez "han añadido dos puntos nuevos: la educación especial y también la lengua". Sostiene que "ni les importa la concertada, ni les importa la lengua. Todo lo encintan con el nombre de la libertad, prostituyendo el verdadero sentido de la libertad", ha apuntado.

La ley se vota el próximo miércoles en el Senado

La 'Ley Celaá' pasará su siguiente examen el próximo miércoles 23 de diciembre, cuando será sometida a debate y votación en el Senado. Al tratarse de una Ley Orgánica, necesita mayoría absoluta para salir adelante, una ecuación que el Gobierno de coalición conseguiría sin ningún problema si se tiene en cuenta que los grupos parlamentarios que la apoyaron en el Congreso repetirán su voto a favor. Una vez superado este trámite, volvería al Congreso si el Pleno del Senado aprueba alguna enmienda que no se contempló en la Comisión. Por el momento, el Congreso mantiene abierta la posibilidad de un último debate el próximo 29 de diciembre.

"Aunque el rodillo de la 'Ley Celaá' sigue su curso con la intención de lograr su aprobación en tiempo récord el próximo 23 de diciembre, la concertada no va a permanecer callada ante esta demostración de falta de espíritu democrático de quien ha impulsado la Lomloe", señalan desde la plataforma.

La nueva normativa de educación excluye la "demanda social" como requisito para abrir nuevas escuelas concertadas o para que aumente el número de plazas. Además, prohíbe que estos centros segreguen por sexo y que el Estado les pueda ceder suelo público. Desde Más Plurales protestan por la supresión de la "demanda social" porque, en su opinión, "deja vía libre para que la Administración suprima aulas en los centros concertados y las abra únicamente en centros públicos". Denuncian que se trata de un "ataque a la libertad", ya que entienden que supone una vulneración del derecho de las familias de elegir centro para sus hijos.

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J. Bocanegra

También critican el nuevo contexto en el que se sitúa a la asignatura de Religión, que seguirá siendo de oferta obligatoria y de carácter voluntario para los alumnos, pero ya no contará para la nota media al no tener una asignatura alternativa. Para la plataforma, este cambio "relega la Religión al estatus de asignatura de segunda, que ocupará un lugar decorativo y secundario en el currículum escolar".

Respecto a la educación especial, la 'ley Celaá' contempla que en el plazo de diez años los centros ordinarios deberán contar "con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad". Desde Más Plurales interpretan este punto como el cierre de estos centros.