La ley Celaá sale adelante en un Congreso partido en dos

La llamada ley Celaá ha salvado este jueves un paso fundamental para su aprobación y ha quedado a la espera de su llegada al Senado. El Congreso de los Diputados, por mayoría absoluta, ha dado su apoyo a la reforma educativa que deroga la Lomce en una jornada en la que los grandes grupos de la oposición han mostrado su rechazo a la nueva normativa por considerar que vulnera derechos fundamentales de los españoles en relación, especialmente, al castellano. PP, Cs y Vox ya habían anunciado que recurrirán ante el Tribunal Constitucional. Con el paso superado este jueves, la reforma queda a la espera de que sea llevada al Senado. Si la Cámara Alta no se opone ni enmienda la nueva norma la misma quedaría lista para ser publicada en el Boletín Oficial del Estado.

El debate sobre la reforma educativa impulsada por el Gobierno ha provocado una fuerte bronca en el hemiciclo. Con especial tensión en las intervenciones de esas tres formaciones, el pleno ha estado marcado por los gritos de "libertad, libertad" que durante minutos han entonado las bancadas de los de Abascal, Arrimadas y Casado y que ha contado en paralelo con un aplauso de los socialistas y de Unidas Podemos a la portavoz de Educación de los primeros. Las palmas solo han cesado una vez que los otros tres grupos han finalizado sus consignas. La norma ha recibido 177 votos favorables (PSOE, UP, ERC, PNV y Más País), solo un escaño por encima del apoyo que requería, aunque el dictamen de la comisión —que se votó aparte— obtuvo un sí más.

Pese a que el debate se ha tensado sobremanera con las intervenciones de los grandes grupos, otras formaciones han criticado algunas cuestiones de la ley, pese a considerar que era necesaria la derogación de la norma anterior. En el caso de JxCAT se ha enfatizado la defensa de la escuela concertada, un aspecto en el que han coincidido PP, Vox, Cs, PNV y los propios posconvergentes con la presentación de una enmienda por parte del grupo vasco y catalán que busca "garantizar" la oferta de estos centros, pero que no ha contado con el respaldo necesario.

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J. Bocanegra

A las afueras del Congreso se ha vuelto a manifestar, precisamente, el sector de la concertada y el líder de los populares, Pablo Casado, ha acudido a estampar su nombre en una recogida de firmas impulsada por su partido contra la nueva regulación educativa. También han apoyado a la Plataforma Más Plurales representantes de las tres formaciones de la derecha del arco parlamentario.

Dentro de la cámara los populares han incidido este jueves en que más allá de los recursos por la vía judicial impulsarán "en el ámbito de nuestras competencias un modelo educativo vertebrador que garantice la igualdad educativa", en aparente referencia a los ejecutivos autonómicos en los que se encuentran. "Hemos llegado a la culminación de esta degeneración. Certifica el final del papel de ascensor social de la democracia", ha apostillado el diputado de Vox Joaquín Robles.

La Lomloe ha acelerado su tramitación en las últimas semanas y fue el pasado viernes cuando la comisión del ramo otorgó su dictamen sobre la misma. Lo hizo tras una jornada maratoniana de diez horas en la que se votaron y debatieron las enmiendas sobre la normativa, que en total suman más de mil, y entre acusaciones de los partidos de la oposición de que se estaba tratando de aumentar la velocidad del proceso de forma que no había tiempo para prepararse y analizar los textos. PP, Ciudadanos y Vox han criticado que no se haya contado con los agentes del sector mediante comparecencias durante su tramitación. Asimismo, han considerado que los métodos empleados por los partidos de Gobierno y sus socios han sido un "atropello" al resto de grupos.

La portavoz naranja del ramo, Marta Martín, ha enfatizado que han "tenido que trabajar con una presión brutal, a puerta cerrada, sin luz y taquígrafos y negociando prácticamente 500 enmiendas por semana que no hemos podido debatir y solo votar".

La futura ley ha sido rechazada por los tres grandes partidos opositores por su contenido respecto al castellano. El texto retira las referencias de "vehicular" y de "oficial" que estaban recogidas hasta el momento en la norma previa, lo que ha sido interpretado por el centroderecha nacional como un intento de sacar al castellano de las aulas de territorios con lenguas cooficiales, algo que ha negado el Gobierno, que argumenta que la Constitución defiende la enseñanza de la lengua oficial del Estado.

Concertada y especial

Los centros de escuela concertada también han levantado las alarmas sobre la ley Celaá al considerar que ataca este ámbito del sistema educativo de centros privados financiados por el Estado. La norma prohíbe que se cobren cuotas extra a las familias con carácter obligatorio, pero también precisa que los centros que segregan por sexo no podrán recibir fondos públicos. Además, se elimina el concepto de "demanda social", en el que se había escudado el sector para aumentar las plazas.

Sin duda uno de los puntos que más polémica han causado entre parte de la comunidad educativa es lo relativo a la educación especial. La Plataforma Inclusiva Sí, Especial También valora que el texto deja abierta la puerta a un progresivo cierre de los centros de educación especial, tal y como han denunciado PP y Vox. El documento recoge que se desarrollará "un plan para que, en el plazo de diez años, (...) los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad". Vox ha vinculado estos epígrafes a un intento por fomentar que los niños con discapacidad no lleguen a nacer.