La Justicia da otro varapalo al Govern por acorralar al castellano en las aulas

La Justicia ha dado otro correctivo al Govern de Cataluña al obligar a escolarizar "de forma efectiva en castellano" a una niña de un centro educativo catalán. En una sentencia de la sección quinta de la sala contencioso-administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que lleva fecha de 26 de octubre, se admite la demanda de los padres de una menor de segundo de Educación Infantil para que "se declare el derecho de la hija a ser escolarizada en la enseñanza no universitaria durante la permanencia en el sistema educativo catalán mediante la utilización vehicular normal de las dos lenguas oficiales, castellano y catalán, en un porcentaje que no podrá ser inferior al 25% en cada una de las dos lenguas".

El pleito de los padres viene del año 2021, cuando interpusieron un recurso contra el centro y contra la Generalitat por no dar asignaturas en castellano a la niña. Los padres alegaban que la Administración educativa "deberá adoptar las disposiciones pedagógicas oportunas para garantizar que reciba de forma efectiva, en castellano y catalán, aparte de la asignatura o materia correspondiente al aprendizaje de dichas lenguas, una de las materias o asignaturas o áreas adicionales en cada una de las lenguas oficiales que, por su importancia en el conjunto del currículo y su carga lectiva, puedan ser consideradas como principales".

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El Govern siempre respondió que en el sistema educativo catalán ya se daba la asignatura de lengua castellana en castellano, lo cual no deja de ser una obviedad. Sin embargo, la práctica totalidad de las demás asignaturas se imparte en catalán, desterrando, de facto, el castellano de la enseñanza.

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El centro denunciado en 2021, por su parte, alegó que "las áreas o materias no se imparten íntegramente en una lengua, ya que la realidad sociolingüística del contexto condiciona lo que sucede en las aulas". Y aseguraba que "los docentes y los estudiantes usan las lenguas según el contexto, y esta evidencia imposibilita e impide una impartición de materias íntegramente monolingües". En su respuesta a la denuncia, admitía que en lo concerniente a los criterios del profesorado para el uso de una u otra lengua, se informa que la lengua vehicular de la escuela es la catalana, pero cada docente adapta la lengua a la realidad que tiene en el aula, ya que lo más importante es que el alumnado hable y entienda lo que se le quiere transmitir.

Apoyo a los recién llegados

También asegura que da apoyo lingüístico a los alumnos. A quienes acaban de llegar a la comunidad y, por tanto, no entienden el catalán, "gozan de media dotación de aula de acogida y a partir de tercero de primaria, son atendidos unas horas en estas aulas. El resto, en el aula ordinaria, y si no entienden las explicaciones, se les habla en castellano, inglés o en el idioma que sea mediante la aplicación del móvil".

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También alegaba el centro que en la clase de la niña cuyos padres interpusieron el recurso "además de las 3 horas en castellano de Lengua y Literatura Castellana, se imparten 3,25 horas de matemáticas en castellano". "No se concretan las horas lectivas de castellano en las áreas de conocimiento del medio natural, social y cultural y en música y artes escénicas y performativas, ya que en el cuadro aportado aparece que se imparten en catalán, castellano e inglés, sin más detalle", dice la sentencia. En la concreción del uso de lenguas en las diferentes áreas, el centro jamás concretó ante los jueces las horas lectivas que da en catalán y en castellano en las 3 horas de medio, dos de plástica, una de lengua. En las casillas "de docente, interacción y participación del alumnado y materiales didácticos, aparece catalán, castellano e inglés, sin más detalle".

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En los fundamentos de derecho, el fallo recoge que “el derecho a recibir educación en castellano entronca con el artículo 3 de la Constitución, que garantiza el derecho a aunar el castellano y la cooficialidad de las lenguas autonómicas, y también con la corresponsabilidad del Estado de velar por el respeto de los derechos lingüísticos de los alumnos. En este sentido, aunque no se fije una proporción o un porcentaje de enseñanza en una u otra lengua, es indudable que el uso del castellano en el sistema educativo ha de respetar ‘un patrón de equilibrio o igualdad entre lenguas’, tal como expresan las sentencias 1090/2019 de 1 de octubre y 114/2019 de 16 de octubre, así como un derecho efectivo a usarlas sin perjuicio de que la lengua catalana se mantenga como centro de gravedad del sistema educativo, tal como se ha venido reconociendo por la doctrina constitucional y por la jurisprudencia”.

Los puntos rechazados

El TSJC, pues, reconoce el derecho de la menor a recibir un mínimo de educación en castellano más allá de la asignatura de lengua castellana y obliga a "reconocer, como situación jurídica individualizada, el derecho del actor a que, mientras su hija permanezca escolarizada en el sistema educativo catalán, reciba de forma efectiva en castellano, aparte del área de conocimiento, competencia clave, asignatura o materia correspondiente al aprendizaje de dicha lengua, una o unas áreas de conocimiento, competencias clave, materias o asignaturas adicionales que, por su importancia en el currículo y su carga lectiva, puedan ser consideradas como principales".

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Los padres habían solicitado también la nulidad de pleno derecho "del régimen del proyecto lingüístico de la escuela por no reconocer que el catalán y el castellano, en tanto que lenguas oficiales de Cataluña, deben ser consideradas lenguas vehiculares y de aprendizaje en el citado centro educativo". Asimismo, señalaban en su demanda que "dada la realidad sociolingüística del centro educativo, con presencia mayoritaria de catalanohablantes, se declaren asumidos los objetivos de la normalización lingüística en el citado centro educativo y se adapte el proyecto lingüístico a esa realidad con una presencia equilibrada de la vehicularidad en la enseñanza de las dos lenguas oficiales". Por último, solicitaban que "la organización del centro educativo debe respetar la diversidad lingüística del alumnado y, con tal finalidad, la rotulación y señalizaciones escritas den centro se deben hacer, al menos, en los dos idiomas oficiales (castellano y catalán)".

Estas peticiones, sin embargo, no fueron aceptadas por el tribunal, que las desestimó. La sentencia puede ser recurrida en casación ante la misma sala quinta que la dictó, que está presidida por el magistrado Javier Aguayo.