El informe que denuncia cómo se adoctrina en el nacionalismo a los niños catalanes

“La democracia aspira a la educación mientras que el nacionalismo prioriza la cultura. Para el nacionalismo, la educación tiene como cometido principal crear una sociedad homogénea alineada sobre los valores idiosincrásicos”. Esta contundente frase forma parte de la introducción de un voluminoso informe de 335 páginas elaborado durante un año por la Asamblea por una Escuela Bilingüe y la agrupación de enseñanza de Sociedad Civil Catalana (SCC), que será remitido al Parlamento catalán, al Congreso español y al Parlamento Europeo “para que estos órganos impulsen los cambios normativos pertinentes para hacer que las prácticas irregulares y sectarias que denunciamos sean expulsadas de los centros educativos catalanes”.

Habla el informe del sesgo sectario en los libros de texto, de la utilización de niños en manifestaciones, de las represalias a docentes o inspectores que no son nacionalistas, del juego político que aplica la Administración catalana manipulando la escuela o de cómo los centros se han convertido en un mosaico de pancartas y banderas representativas de una sola ideología.

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Se recogen evidencias de una actuación perfectamente coordinada entre diferentes actores (Gobierno, inspectores, sindicatos, directores, profesores, ampas y entidades como Òmnium Cultural, Plataforma per la Llengua o Somescola) para alcanzar los objetivos del Programa 2000, un documento muy revelador que circulaba por las consejerías y por las altas esferas de CiU y que se filtró a la prensa en 1990. Ese documento recoge las estrategias nacionalistas “para penetrar en todos los sectores sociales, sobre todo en aquellos, como la enseñanza o los medios, que más contribuyen a la configuración del pensamiento y de la opinión pública”. En realidad, es la biblia del adoctrinamiento escolar que aún se está aplicando.

Critica que al convertir las escuelas en colegios electorales, “se colocó irresponsablemente a los menores en el foco del conflicto político"

Critica que al convertir las escuelas catalanas en colegios electorales durante el referéndum ilegal del 1 de octubre, “se colocó irresponsablemente a los estudiantes (menores) en el foco del conflicto político y afloraron comportamientos que hasta entonces no se habían advertido con tanta claridad (manifiestos pronacionalistas de los equipos directivos, concentraciones políticas con menores, profusión de simbología separatista en los centros, etc.)”.

Clara Ponsatí: “En Enseñanza no necesitamos construir estructuras de Estado. Las tenemos listas”. Se la acusa de ser la responsable de que parte de los centros de enseñanza se convirtieran en colegios electorales el 1-O. “Con este fin, adoptó decisiones tan llamativas como destituir y sustituir, el 13 de septiembre, al presidente del consejo de dirección del Consorcio de Educación de Barcelona y sustituir a los directores de todas las escuelas e institutos desde el viernes 29 de septiembre hasta le lunes 2 de octubre”.

Profesores represaliados

A partir de ahí, las acciones de adoctrinamiento se acumulan, explicando el abultado informe detalles de actuaciones políticas dentro de los centros de enseñanza con nombres y apellidos, con anécdotas, con circunstancias y aportando material y pruebas documentales sobre cada uno de los casos abordados.

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En el texto se detalla el “acoso” al inspector Jordi Cantallops “ante la indignación de la Unión Sidical de Inspectores de Educación de España. Cantallops sufrió un expediente disciplinario claramente político que no creemos que se pueda desvincular del hecho de que hubiese elaborado dos informes en los que reclamaba una actuación inspectora (que incomprensiblemente nunca se produjo) ante todo lo que estaba sucediendo en los centros educativos en torno al 1-O”. En otras palabras: le abrieron expediente porque denunció el adoctrinamiento político de los niños.

Se recoge también un reciente expediente al profesor Francisco Oya “por aportar a sus alumnos material complementario al libro de texto de Geografía e Historia de la Editorial Teide que se utiliza en su centro y cuyo autor es Agustí Alcoberro, exportavoz de la ANC”.

Sus planteamientos, entre ellos la retórica de la insumisión, tienen un cariz sin duda reaccionario, pese a sus apelaciones constantes a la democracia

Carga también por el posicionamiento sindical para defender la inmersión lingüística. “Sus planteamientos, entre ellos la retórica de la insumisión (esa 'desobediencia civil' paradójicamente amparada desde el poder), tienen un cariz sin duda reaccionario, pese a sus apelaciones constantes a la democracia”. Recuerda, a este respecto, que el líder del sindicato USTEC-STEs, Ramon Font, afirmó en un mitin que “no darían clases en castellano bajo ningún concepto” y que solo Ponsatí era su “consejera legítima”, por lo que “no reconocerían ninguna autoridad impuesta antidemocráticamente”. Acusa, así, a los sindicatos de haberse apropiado “de los conceptos más trascendentales como ‘justicia’, ‘democracia’, ‘legitimidad del poder’, etc., invocándolos cuando se trata de justificar sus acciones para negárselos, en cambio, a sus oponentes”. Es así como se apropiaron de conceptos y frases de Nelson Mandela o Mahatma Gandhi sacándolas de sus contextos reales para ponerlas al servicio de su causa.

Recoge, asimismo, un sinnúmero de manifiestos y comunicados políticos “promovidos por directores y claustros de profesores, todos de sesgo separatista. En ellos, se condenan los registros y las cargas policiales (ordenados por autoridades judiciales), la aplicación del artículo 155 (tras el intento de derogar el orden constitucional en Cataluña) y el encarcelamiento de políticos que (en espera de las resoluciones judiciales que correspondan) actuaron con una irresponsabilidad obscena hasta reventar la convivencia en nuestra comunidad”.

Sin neutralidad ni imparcialidad

Para los autores del informe, los profesores y directores nacionalistas “han hecho un uso abusivo de su cargo”, máxime cuando ninguno de ellos cuestionó “lo acaecido en el Parlamento catalán en las infaustas jornadas del 6 y 7 de septiembre [cuando se aprobaron las leyes de ruptura con España, vulnerando la Constitución] o la declaración unilateral de independencia. De este modo, los equipos directivos y el resto de docentes han vulnerado de manera flagrante los principios de neutralidad, objetividad e imparcialidad que deben regir la actuación del personal de las instituciones educativas públicas y concertadas”.

En otro momento, denuncia las “arengas políticas a los menores por parte de maestros y profesores a raíz de lo acontecido el 1-O. Un hecho muy llamativo en este sentido fue la protesta de 200 alumnos en Sant Andreu de la Barca, en solidaridad con sus compañeros que habían sido señalados por ser hijos de guardias civiles”.

Se denuncian, asimismo, las “concentraciones y movilizaciones de menores tras el referéndum ilegal, ampliamente documentadas, en parte gracias a la impunidad con que actuaron los equipos directivos de los centros, instrumentalizando también las redes sociales para contribuir a generar una sensación de pensamiento único en el ámbito educativo”.

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El informe analiza el papel de las ampas, alineadas con las tesis soberanistas, que tomaron parte activa en las movilizaciones. Y resalta que con el análisis de los hechos y las pruebas documentales, se demuestran “los vínculos entre ampas (que organizaron infinidad de fiestas de otoño para mantener abiertos los centros educativos que eran colegios electorales el 1-O) y los CDR”.

Y luego aporta ejemplos de “cómo entidades aparentemente culturales de marcado carácter nacionalista y generosamente subvencionadas tratan de incidir en el entorno infantil en general y en el escolar en particular. Destaca Òmnium Cultural, en su día presidida por el propio Quim Torra, que cuenta con cientos de colegios asociados que no solo la financian, sino que le permiten penetrar en las aulas y movilizar a estudiantes para que concurran, por ejemplo, a los premios Sambori de Narrativa. Òmnium, que además edita libros infantiles, también ha llevado a los centros educativos el proyecto de periodismo digital ‘Escoles en xarxa’, impulsado junto al diario radicalmente separatista ‘Vilaweb”. Muestra, en una de sus ilustraciones, a una niña con una estelada pintada en la calle y una pegatina de la plataforma Somescola con el eslogan ‘La escola en català’. “Se trata de un mensaje claramente excluyente que, sin duda, pretende arrinconar cualquier intento de defender una escuela bilingüe en esta comunidad, por no mencionar el impacto mental y emocional que puede producir en un niño castellanohablante”.

Se trata de un mensaje claramente excluyente que, sin duda, pretende arrinconar cualquier intento de defender una escuela bilingüe en esta comunidad

En otro de los capítulos del informe se advierte sobre “los manuales que se utilizan en escuelas e institutos de Cataluña, cuyos contenidos difieren enormemente de los que se manejan en el resto de España". Uno de los ejemplos es la constante cita a la inexistente 'Corona catalanoaragonesa'. Además, asegura el informe, “sorprenden las interpretaciones sesgadas de la Guerra de Sucesión y la obsesión por presentar Cataluña como una realidad mítica diferenciada de España y a menudo como víctima de ella”. En este sentido, se denuncia también el encargo de material didáctico de corte nacionalista y ejercicios escolares con claro tinte político antiespañol.

Que se investiguen todas las denuncias

También se recogen abundantes imágenes sobre la “invasión simbólica del espacio lúdico extraescolar por el secesionismo”, con instantáneas de pancartas, actos escolares de niños con esteladas o carteles diversos. “No hemos encontrado en ningún centro educativo ni en ninguna institución cultural de Cataluña símbolos constitucionalistas. Ni uno”. Por último, se recogen las mismas actitudes en el ámbito universitario, donde ha habido denuncias por la xenofobia de algunos grupos radicales catalanistas e incluso la condena de la UAB (la primera que se produce a una universidad española) por “vulneración de varios derechos fundamentales: no discriminación por razón de opinión, de libertad ideológica, de libertad de expresión y del derecho a la educación".

Los autores consideran imprescindible que “se investiguen con imparcialidad todas las denuncias sobre adoctrinamiento que se han formulado hasta ahora” y “que se deje de criminalizar a quienes reclamamos un debate sereno sobre el modelo educativo catalán”. Y subrayan que “todas las políticas han de poder ser discutidas, máxime cuando existen tantas razones para hacerlo. Si de verdad se quiere apostar por la convivencia en Cataluña, todas las sensibilidades han de ser atendidas. La introducción del bilingüismo (o del trilingüismo) en la escuela es una petición absolutamente razonable”.

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Recuerda, asimismo, una sentencia del TSJC de julio pasado que declara “nula de pleno derecho la presencia de símbolos independentistas en los edificios y espacios públicos, así como la exhibición por los empleados públicos de lazos amarillos cuando ejerzan sus funciones”. También recuerda una declaración institucional del defensor del pueblo que insta a respetar “el principio de neutralidad ideológica propio de una sociedad pluralista, lo que es incompatible con la presencia en los edificios públicos (máxime teniendo en cuenta que es permanente) de símbolos propios de una ideología”.

Estrategia separatista

Los autores no tienen duda de quién es el responsable de esta situación: “El Ejecutivo de Junts pel Sí convirtió los centros de enseñanza sin pudor en una herramienta clave al servicio de la estrategia separatista, con la connivencia, ya sea por acción u omisión, de gran parte de las autoridades educativas (directores) y de no pocos miembros de los claustros de profesores, sin olvidar el lamentable papel de las asociaciones de padres (ampas) y la inacción de los inspectores”.