las 23 horas del cerco a la guardia civil

20-S, crónica de un asedio: "Los más exaltados intentan acceder al edificio"

Se cumple un año del cerco independentista a la Consejería de Economía para frenar una operación contra el referéndum, un episodio que refuerza la acusación a los líderes del 'procés' por rebelión

Foto: Aspecto de uno de los coches de la Guardia Civil que realizaban un registro con motivo del 1-O en la sede de la Consejería de Economía de la Generalita. (EFE)
Aspecto de uno de los coches de la Guardia Civil que realizaban un registro con motivo del 1-O en la sede de la Consejería de Economía de la Generalita. (EFE)

El asedio a la Guardia Civil del 20 de septiembre en la Consejería de Economía y Hacienda de la Generalitat, en pleno centro de Barcelona, arrancó en realidad un día antes en un polígono industrial de Terrassa, a 30 kilómetros de distancia. Fue un primer ensayo. Una concentración de tres centenares de independentistas bloqueó durante tres horas el acceso de la comisión judicial a la empresa de mensajería Unipost y obligó a los agentes del Instituto Armado a prolongar hasta 12 horas el registro de sus instalaciones. La Guardia Civil pidió apoyo a los Mossos d'Esquadra, pero la policía autonómica no intervino hasta bien entrada la tarde. Los investigadores hallaron 45.000 cartas certificadas con el logotipo de la Generalitat que estaban listas para ser enviadas a los ciudadanos que debían integrar las mesas del referéndum.

Lo que se descubrió al día siguiente fue más útil aún para entender cómo el Govern de Carles Puigdemont tramó durante meses, con el más absoluto sigilo, su plan para forzar la ruptura de Cataluña con el resto de España. Pero el 20 de septiembre será más recordado por la movilización de hasta 60.000 personas en Rambla Catalunya para tratar de impedir el desarrollo de una operación policial dirigida por un juzgado. En los hechos de ese día se fundamenta parte de la acusación por rebelión contra los principales líderes del 'procés'.

Oficialmente, la operación Anubis contra los preparativos del referéndum empezó a las 7:50, cuando la Guardia Civil comunicó al resto de Fuerzas de Seguridad que operan en suelo catalán que, a partir de ese momento, se daba inicio “a diferentes actuaciones policiales de investigación”. Se produjeron 14 detenciones, en su mayoría cargos intermedios de la Generalitat que habían llevado el peso tecnológico y logístico de la consulta, y se efectuaron 41 entradas y registros en diferentes puntos de Barcelona, Sabadell, Hospitalet de Llobregat, Les Franqueses…

Las primeras noticias sobre el operativo provocaron un latigazo, un calambre, en el mundo independentista, que temió que la consulta fuera abortada. Pronto surgieron movilizaciones espontáneas contra el operativo en diferentes lugares de la geografía catalana. Pero en torno a las 10:00, la Secretaría General de Hacienda de la Consejería de Economía se convirtió en epicentro de la protesta. A ello contribuyeron los llamamientos de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural, los partidos independentistas y el propio Govern de Carles Puigdemont, que animaron a sus seguidores a concentrarse en las Ramblas para asegurar la celebración del referendum y repeler una actuacion policial que consideraban ilegítima. Solo dos horas después de que los vehículos de la Guardia Civil aparcaran frente el edifico del departamento que comandaba Oriol Junqueras, la masa ya había provocado el corte del tráfico rodado.

La Guardia Civil envió a los Mossos una primera solicitud de ayuda a las 9:14. A lo largo del día se tramitaron otras cinco peticiones de apoyo. Una de ellas, cursada por el Instituto Armado a las 12:02, solicitaba “la habilitación de un pasillo de seguridad que permita la práctica de la diligencia de entrada y registro con la comisión judicial, así como su salida de la ubicación citada”. Para ello, exigía a los Mossos que adoptaran las “medidas disuasorias necesarias (vallas, distancias de seguridad, personal y medios necesarios...) para mantener el orden público”.

En una petición posterior, remitida solo una hora más tarde, a las 13:20, la Guardia Civil ya advertía de que la manifestación los había dejado aislados dentro de la sede de Economía y Hacienda y que sus vehículos, en los que había “material y equipo de la Unidad del Grupo de Reserva y Seguridad”, podían ser saqueados, como así ocurrió. Esta nueva solicitud de refuerzos fue más directa: “Que por personal a pie de las Unidades Antidisturbios de los Mossos se habilite un pasillo con las garantías de seguridad que garanticen y permitan a los guardias civiles allí desplegados acceder a los vehículos”.

Concentración ante la sede de la consellería de Economía. (EFE)
Concentración ante la sede de la consellería de Economía. (EFE)

Para cuando llegó el primer agente de los Mossos a valorar la situación, a las 14:30, los investigadores del Instituto Armado ya habían comprobado gracias al circuito de cámaras de seguridad de la consejería que los más “exaltados” estaban intentando “acceder al interior del edificio”. “Los congregados se fueron aproximando cada vez más a la fuerza actuante, tomando una actitud más hostil”, recoge la Guardia Civil en un informe incorporado al sumario del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona. “La concentración cada vez mayor de gente, la proximidad física a los agentes y los insultos e increpaciones recibidos, motivaron que los agentes del GRS —que se encontraban protegiendo el acceso al edificio— se vieran a obligados a adentrarse para evitar un enfrentamiento directo, que la presencia de efectivos de Mossos d'Esquadra no era suficiente para controlar a los manifestantes”.

Los vehículos empezaron a ser vandalizados por la multitud. Sufrieron pinchazos en las ruedas, golpes en la carrocería y roturas de cristales. También se robó material de su interior. Como reveló El Confidencial, el vigilante de seguridad del cementerio de Montjuic encontró el 21 de septiembre a las 18:00 dos mochilas dentro del recinto del camposanto que contenían munición reglamentaria, identificaciones de agentes de la Guardia Civil que habían formado parte del dispositivo de la operación Anubis y otros objetos personales. El material había sido sustraído de los Patrol del Instituto Armado durante el cerco de la Rambla. Dos días después, el 23 de septiembre, los Mossos devolvieron el material a sus propietarios, pero faltaban objetos. Nunca aparecieron unas gafas de sol, linternas tácticas, pasamotañas, guantes, una boina oficial del Instituto Armado ni un casco antidisturbios. Tampoco 25 balas de munición 9 milímetros Parabellum. Se desconoce su paradero.

Los informes posteriores de la Guardia Civil sobre el asedio destacan el liderazgo que ejercieron la ANC, Òmnium y los dirigentes independentistas, al contribuir con sus llamamientos a que los manifestantes permanecieran durante horas frente al organismo de la Generalitat. Los investigadores destacan especialmente el papel de la ANC. “Se pudo observar la organización y coordinación de la misma y el seguimiento que se hacía de las instrucciones de personas ataviadas con un peto de color verde (posiblemente voluntarios pertenecientes a la ANC), que formaron una cadena humana que, de manera efectiva, bloqueaba el acceso al interior del inmueble por parte de los manifestantes, facilitaba la salida de las autoridades y trabajadores que se encontraban aún dentro del edificio pero no de la comitiva judicial”. Los agentes añaden que, “además de la capacidad de movilizar a la masa, se podía observar cómo [los voluntarios de la ANC] promocionaban el mantenimiento del cerco con el reparto de agua y comida”.

Por la tarde, quedó claro que los jefes de la ANC y Òmnium, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente, podían manejar a su antojo la masa. “Se erigieron como interlocutores de la concentración afirmando que podían mover a los miembros de la concentración para sus fines, negociando durante al menos cinco veces con las fuerzas de seguridad, planteando diferentes opciones que les convenían para sus fines políticos, pero nunca aceptando aquellas opciones que los especialistas de seguridad ciudadana proponían para evitar o disminuir los riesgos”. Pese a su dominio de la protesta, “este control nunca lo utilizaron para desconvocar o diluir una concentración que habían convocado y que estaba coaccionando e impidiendo a los agentes investigados cumplir con las órdenes del juez”, refleja la Guardia Civil en los informes.

A las 20:20, lejos de desconvocar la protesta, el líder de la ANC arengó a los concentrados para mantenerla activa. “Que nadie se vaya a casa, será una noche larga e intensa”, proclamó Jordi Sànchez. Para entonces, tras un leve descenso en la mitad del día, volvía a haber frente al Departamento de Economía unas 40.000 personas, según la Guardia Urbana; 60.000, según la Guardia Civil. El propio Sànchez admitiría días después en su declaración en el Tribunal Supremo que, sobre las 22:00, llamó al 'major' de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, porque se produjo “un momento de tensión con la policía autonómica”. “¿Eso no lo considera usted violento?”, le preguntó el fiscal. “Fue un acto de resistencia no violenta pero que tiene una conducta firme”, respondió el presidente de la ANC tirando de eufemismos.

A esa hora ya había concluido el trabajo de la comisión judicial en la Secretaría General de Hacienda, pero los manifestantes impedían su salida. Los agentes y la letrada de la Administración de Justicia permanecían “sitiados y retenidos en contra de su voluntad dentro del edificio”. Pese a las múltiples peticiones de ayuda cursadas por la Guardia Civil, los Mossos seguían sin intervenir.

En torno a las 23:30, la letrada de Justicia decidió escapar de allí como fuera. “Pongo de manifiesto la sensación de absoluto abandono que padecí y el terror de ver aquella cantidad de gente enardecida y fuera de control”, relató luego en un escrito sobre ese episodio. “No podía soportar ya más la presión”, por lo que aceptó el ofrecimiento de salir por un acceso trasero, “trepando y escalando tejados y azoteas”. “Esta letrada jamás ha sentido mayor vergüenza y humillación al verse obligada a escapar cual delincuente, escondiéndose de la vista de unos alterados, cuando únicamente había cumplido con mi deber y representado al poder judicial como así se me había encargado”.

A las 00:13, 16 horas después del inicio del registro, el presidente de Òmnium cogió un megáfono y se subió a uno de los coches de la Guardia Civil para pedir a la multitud que “la movilización no se detuviera”. Junto a Jordi Sànchez, Cuixart llamó a una “movilización permenente a favor del referéndum y en contra de las actuaciones para impedirlo (…), y vista la situación provocada, pidió a los manifestantes que se disolvieran sin poder controlar la concentración”.

Muchos decidieron quedarse para continuar el asedio y enfrentarse a los Mossos d'Esquadra, que no realizaron su primera carga hasta las dos de la madrugada, cuando apenas quedaban ya unos 2.000 concentrados. La policía autonómica solo recurrió a la porra. Pretendía recuperar el control del acceso al edificio. Pero no lo consiguió. “La masa volvió a intentar acceder al interior del edificio por la fuerza, teniendo que actuar agentes que se encontraban en el interior sujetando la puerta para evitar que esta se viniera abajo y los manifestante accedieran de forma violenta”, reflejan los informes de la Guardia Civil.


Los primeros agentes no pudieron abandonar la Secretaría General de Hacienda hasta las cuatro de la madrugada, cuando los Mossos hicieron por fin un cerco en torno al edificio. Los últimos salieron a las siete, casi un día después de su entrada. Unas grúas recogieron después los vehículos de la Guardia Civil. Reparar los desperfectos costó 135.632 euros, según consta en diligencias de la Audiencia Nacional.

La operación Anubis permitió localizar documentos fundamentales para la investigación sobre el 'procés'. Ese día, la Guardia Civil encontró en la vivienda del entonces secretario general de Vicepresidencia del Govern, Josep Maria Jové, presunto cerebro del 1-O y mano derecha de Oriol Junqueras, una agenda repleta de notas manuscritas con minuciosos detalles de las reuniones clandestinas en las que se había acordado la hoja de ruta para la declaración unilateral de independencia (DUI). La agenda también reveló quiénes habían participado en esas citas.

En la Secretaría General de la Generalitat también se halló información valiosa. Otro de los hombres de confianza de Junqueras, Josep Lluís Salvadó, entonces secretario de Hacienda, con despacho en ese edificio, telefoneó a su secretaria en cuanto supo que la Guardia Civil había acudido a registrarlo para pedirle que se deshiciera de informes y dosieres comprometedores. “Encima de la mesa de reuniones (…) Toda la pila de papeles que hay (…) Sal fuera al patio y lánzalos fuera, ¿me oyes?”, pidió Salvadó. No le sirvió de mucho.

La Guardia Civil encontró esos documentos y también otros que guardaba en su ordenador y su correo. Algunos de esos papeles dejan claro que el Govern de Puigdemont ya tenía listos los decretos que iba a aprobar al día siguiente de la DUI para quedarse todas las competencias del Estado. Asimismo, revelaron que Salvadó había trabajado intensamente en los últimos meses para que la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) pudiera apropiarse automáticamente de la recaudación del IVA, el impuesto de sociedades, el IRPF y hasta los impuestos especiales. En su correo había hasta un plan para crear unas Fuerzas Armadas en Cataluña integradas por 22.000 soldados. Parte de los dispositivos electrónicos incautados en la operación Anubis sigue todavía pendiente estudio.

El episodio del 20-S es una piedra angular en el auto de procesamiento del Tribunal Supremo contra los responsables de la Generalitat y los líderes de la ANC y Òmnium por un delito de rebelión. A juicio del instructor, Pablo Llarena, ese “violento levantamiento” fue el pistoletazo de salida para lo que ocurriría en los días siguientes con la única intención de “llevar a término un referéndum prohibido por los tribunales y del que dependía la declaración de independencia”, “pues la votación pasaba por superar la intervención de los Mossos d’Esquadra y de 6.000 agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que habían sido desplazados para garantizar el cierre de los 2.259 centros de votación”. Los independentistas pudieron comprobar el 20-S que los Mossos no iban a hacer nada para detenerlos.

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