la guardia civil confirma la traición de los mossos

"Sin movilización en la calle, ya habrían caído el presidente y el vicepresidente"

El Govern de Puigdemont maneja un plan secreto para generar una confrontación con el Gobierno de Rajoy, desestabilizar al Estado y, por la vía de los hechos, proclamar la independencia

Foto: Foto: Reuters.
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El Gobierno de Carles Puigdemont diseñó un plan secreto para forzar la celebración del referéndum independentista del pasado 1-O y proclamar la declaración unilateral de independencia (DUI), justo lo que hará esta tarde en el Parlament de Cataluña. Todo estaba preparado para movilizar a los sectores secesionistas, “generar confrontación”, sumar a “las fuerzas políticas que quieran un cambio [los comunes]”, lograr la “complicidad internacional” y, finalmente, “poner en marcha un plan de desconexión forzosa obligando [al Ejecutivo central] a un referéndum acordado que llevase a la creación de un Estado propio”.

[Actualización: Puigdemont declara la independencia de Cataluña y la suspende para dialogar]

La hoja de ruta, encontrada por la Guardia Civil el pasado 20 de septiembre en la vivienda del secretario general de Vicepresidencia del Govern, Josep Maria Jové, revela que el gabinete de Puigdemont llevaba meses urdiendo una escalada del conflicto en la que han participado todos los agentes políticos, institucionales y sociales del independentismo y que tiene como único objetivo doblegar la Constitución con una estrategia de hechos consumados. En ese plan oculto, la supuesta negociación con el Gobierno de Mariano Rajoy solo es un señuelo que pretende provocar un enfrentamiento “que derive en la creación” de una Cataluña independiente como paso previo para la convocatoria de un referéndum pactado, el objetivo al que conducen todas las hipótesis barajadas por el Ejecutivo autonómico. Incluso si “ante la DUI se mantuviese la asfixia económica y judicial”, “la consigna volvería a ser generar más conflicto y desconexión forzosa para llegar al referéndum acordado”.

El plan encontrado por la Guardia Civil —en poder ya de la Audiencia Nacional y el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona— también apuntala el papel decisivo de los líderes de las dos principales organizaciones independentistas: Jordi Sánchez, de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), y Jordi Cuixart, de Òmnium Cultural. Los investigadores les atribuyen un poder idéntico al que ostentan el 'president' Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, vicepresidente de la Generalitat.

En conversaciones telefónicas intervenidas, los dirigentes del Govern que fueron detenidos por su implicación en los preparativos de la consulta ilegal reconocen que, “si no llega a ser por la reacción que tuvo la gente” en los días previos al 1-O, la Guardia Civil “habría ido más allá con el 'president' y el vicepresidente”. En otra conversación grabada, uno de los 14 altos cargos investigados en la llamada operación Anubis asegura a un miembro de la ANC que, “si no fuera por ellos y por su movilización, alguno estaría en prisión”. Todos los arrestados quedarían en libertad condicional.

Según la Guardia Civil, el plan del Govern buscaba, “una vez llegada la fase de confrontación con el Estado de derecho y por tanto con el Gobierno central”, “dirigir todas las sinergias independentistas en una misma dirección que culminase con la movilización de la totalidad de la sociedad catalana que comulgaba con la tesis soberanista, y que esta movilización fuese de tal envergadura que pudiese arrastrar a la masa de indecisos hacia sus intereses independentistas”. “Esta función estaría dirigida”, señalan los agentes, “tanto por la acción directa del Gobierno catalán con los señores Puigdemont y Junqueras y las entidades soberanistas ANC, presidida por Jordi Sánchez, y Òmnium Cultural, presidida por Jordi Cuixart”. Ese es el núcleo duro del 'procés'.

De las escuchas telefónicas también se desprende que la celebración del referéndum solo representaba otro hito en sus planes para someter a los constitucionalistas. En una llamada interceptada el 27 de septiembre, cinco días antes de la consulta, dos altos cargos vaticinaron incluso el resultado de la votación. Los que hablan son Joan Manel Tresserras, expresidente de la Mesa por la Diversidad Audiovisual de Cataluña, y Francesc Sutrias, director de Patrimonio de la Secretaría de Hacienda. Coinciden en que “[el Govern] tiene que aparecer delante del mundo diciendo que son gente seria, queríamos hacer esto y no nos han dejado, y a partir de ahí ver qué interpretación se puede hacer, si pueden decir que han participado tres millones de personas sería imparable, pero si van dos millones se tiene que sofisticar más y decir que habrían sido tres pero lo han impedido, nos han boicoteado, cosas de este tipo”. Eso fue exactamente lo que ocurrió días después. El Govern cerró el recuento con 2,2 millones de votantes, aunque asegurando que la cifra real era de tres millones. La actuación policial había impedido participar a otros 770.000 catalanes, según sus cálculos.

Los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez, y de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.
Los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez, y de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.

La Guardia Civil también ha constatado hasta que punto llegó la traición de los Mossos d'Esquadra. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ordenó a la policía autonómica que colaborara con las Fuerzas de Seguridad del Estado en la investigación sobre los preparativos de la consulta. Pero los Mossos no solo evitaron ayudar a sus colegas de otros cuerpos, sino que facilitaron datos y técnicas de protección a los altos cargos investigados en la operación Anubis para dificultar el éxito del procedimiento judicial. El 29 de septiembre, Natalia Garriga, mano derecha de Josep Maria Jové, recibió una llamada de un 'mosso' que le informó de que, a partir de ese momento, disfrutaría de escolta durante las 24 horas, tendría vigilancia en su domicilio y él mismo se acercaría a su despacho para darle “cuatro consejos para temas de medios técnicos”, es decir, sobre qué precauciones debía tomar para evitar ser investigada.

En otra conversación del 29 de septiembre, el investigado Sutrias pide directamente a Pere Soler, jefe político de los Mossos d'Esquadra, que tome las medidas que considere necesario para que él pueda “estar tranquilo en su despacho, su coche, su casa”. Soler le responde que “han aumentado la contravigilancia a los que han estado más expuestos” a la Guardia Civil y la Policía Nacional, pero ambos quedan en mantener un cita privada por miedo a que la conversación esté intervenida. “Es obvio que las órdenes para el cumplimiento de los requerimientos que Sutrias hace a Soler”, añaden los agentes, “se transmiten a través del mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero”, investigado ya por sedición en la Audiencia Nacional.

La traición de los Mossos terminó de confirmarse el día de la jornada electoral. El atestado de la Guardia Civil contiene una ingente cantidad de fotografías y vídeos que demuestran que los agentes de la policía autonómica desobedecieron la orden del TSJC de cerrar los puntos electorales antes del inicio de la votación y, ya durante la jornada, tuvieron una actitud completamente “pasiva”, incluso durante las actuaciones de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Y en algunos casos, según documentan otras imágenes aportadas a la autoridad judicial, los efectivos del cuerpo autonómico llegaron incluso a encararse con policías nacionales y guardias civiles para obstaculizar la labor de los agentes y ayudar a los manifestantes.

La actitud observada por parte de los Mossos d'Esquadra durante toda la investigación policial y las actuaciones llevadas a cabo no deja de protagonizar hechos significativos y sorprendentes, teniendo en cuenta que se trata de un cuerpo policial que cuenta en sus principios de actuación con la defensa de la Constitución, el Estatuto de Cataluña y el ordenamiento jurídico”, concluye el informe de la Guardia Civil. “Los hechos (...), sumados y analizados en su conjunto, denotan una clara orientación hacia los fines que persigue el proceso ilegal secesionista”.

La hoja de ruta secreta encontrada en el registro de la casa de Jové anticipa lo que puede ocurrir esta tarde. El documento confiere un valor capital a las movilizaciones secesionistas para anteponer su supuesta legitimidad a la del Estado de derecho. Ante una posible respuesta del Gobierno a la declaración unilateral de independencia, la ANC, Ómnium y el resto de organizaciones de su entorno ya han pedido que se convoquen protestas junto al Parlament de Cataluña para defender la proclamación del Estado propio. Se avecina otro 1-O.

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