Los socios de Puigdemont no le dejan salida y llaman a "defender el Parlament"

"Nosotros entendemos que hoy se declara la independencia de Cataluña. No entenderíamos que no se declarara, porque hay un compromiso del Parlament y del Gobierno. Y hasta ahora, siempre se ha ido cumpliendo lo que se dijo”. Así de contundentes se muestran en la Asamblea Nacional Catalana (ANC) ante el crucial pleno del Parlamento catalán en el que comparece el ‘president’ Carles Puigdemont. La contundencia de la ANC es similar a la de la CUP, el partido que apoya al Govern, y ambos, junto a Òmnium Cultural, llevan desde ayer convocando a sus seguidores a acudir esta tarde en masa a "defender" el Parlament.

Benet Salellas, diputado cupero, avisó ayer por la tarde: “Hemos ganado el referéndum y ahora hace falta aplicar los resultados. Ni nosotros ni buena parte de la gente lo entendería si no fuese así”. Fuentes cercanas a esta organización señalaron a El Confidencial que si Puigdemont no cumple con sus compromisos, la CUP le retirará su apoyo. El modo de hacerlo será no prestarle sus votos en las iniciativas parlamentarias, por lo que el Govern quedará en minoría. Otra cosa es ver cómo se articula este castigo: a través de la abstención pura y dura o con la ausencia de los diputados del hemiciclo.

ERC, por su parte, también da por sentado que habrá declaración unilateral de independencia. Así lo reconoció ayer por la tarde el portavoz de los republicanos, Sergi Sabrià, que también afirmó que deja una puerta abierta al diálogo. Lo cierto es que el independentismo catalán vive sus momentos más frenéticos, de ahí que haya previsto para hoy una movilización urgente: se llama a la concentración en el paseo Lluís Companys (frente al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña) y en el Parque Ciutadella, donde está la sede parlamentaria, cuyo paseo de los Tillers es la continuación del paseo Companys.

La convocatoria ante la sede judicial barcelonesa se produce tras decidir ayer mismo los magistrados encomendar la seguridad del edificio al Cuerpo Nacional de Policía, cuando hasta ayer eran los Mossos d’Esquadra los que tenían ese cometido. Con ello, se pretende “extremar la seguridad del edificio y garantizar su pleno y normal funcionamiento ante la posibilidad de que el Parlament de Cataluña decida, a pesar de la suspensión acordada por el TC, ejecutar lo dispuesto en la Ley 19/2017 de 6 de septiembre, en el artículo 4.4 de la cual se dispone la supresión del TSJC y la figura de su presidente”. O sea, para defender a esa institución, ya no se fían de los Mossos. Fuentes de la ANC, por su parte, señalan que esta entidad “no es un actor que tenga que sentarse mañana [hoy para el lector] en el Parlamento para votar. Y no queremos aportar una presión añadida a Puigdemont. Pero existe un compromiso para que se vote según los resultados del referéndum y queremos que se cumpla lo prometido”.

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Según algunas fuentes independentistas, la llamada a la concentración tendría como ‘leit motiv’ asediar completamente a las dos instituciones cercanas, TSJC y Parlamento, aunque oficialmente se niega esta intención. “Estamos en un momento muy delicado, con muchas presiones para que no se cumpla con lo que se había comprometido, y solo queremos dar apoyo”, aseguran desde otros círculos.

Unas declaraciones pactadas

Evidentemente, las presiones desde círculos económicos, sociales, políticos e industriales hacia Carles Puigdemont son enormes. Hace pocos días, el consejero de Empresa y Conocimiento, Santi Vila, pedía públicamente dar “una última oportunidad al diálogo” antes de la declaración de independencia. Parecía un desmarque de la línea dura oficialista de Puigdemont, pero no lo era. El mensaje iba dirigido al Gobierno central. Además, conforme señalan a este diario fuentes independentistas, esas declaraciones “se deben a la necesidad del Gobierno catalán de dar una respuesta a las presiones recibidas. No las hace por su cuenta y riesgo el consejero, sino que el ‘president’ estaba totalmente al corriente de cómo y cuándo se iban a producir”.

En otras palabras, a las presiones ejercidas contra la declaración unilateral de independencia se les da salida por medio de unas declaraciones del consejero de Empresa que no irán más allá de una declaración pública, porque no va a ocurrir un cese abrupto de la hoja de ruta. Con ello, se intenta apaciguar a un sector empresarial muy preocupado por las consecuencias de una DUI y se lanza un mensaje al Gobierno central, a través de un consejero con mucha cintura política, para que tienda puentes. Pero las presiones de los círculos políticos son más difíciles de capear.

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La alcaldesa de Barcelona, fiel a su estilo, apareció ayer por sorpresa para pedir a Puigdemont que no declare la independencia y a Rajoy que cese en la intervención económica de las cuentas catalanas, que no aplique el artículo 155 de la Constitución y que retire a las fuerzas policiales de Cataluña. Y ella, por supuesto, se ofrece como mediadora de la situación. También el delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo (en otro tiempo, compañero de formación política de Puigdemont, puesto que era de UDC), le pidió que no declare la secesión porque eso abocaría a Cataluña a “un callejón sin salida de consecuencias imprevisibles”. Y, como hizo antes la vicepresidenta del Gobierno central, Soraya Sáenz de Santamaría, le avisó de que "el Ejecutivo central no permitirá que Cataluña se convierta en un Estado independiente”. También lanzó una petición similar el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, de visita en Barcelona. “Si de verdad quiere a Cataluña, ¿por qué busca empobrecerla y fracturar a las familias?”, dijo el líder socialista ante los suyos.

Los avisos de la CUP

Todas estas presiones, en realidad, endurecen aún más la coraza del independentismo, regocijado en meter miedo a la clase política española. El partido Endavant OSAN, el núcleo duro de la CUP, aprobó ayer un documento en el que alerta de que “la autonomía no es un espacio de soberanía política, sino una descentralización del Estado sin ningún tipo de poder de decisión real sobre los aspectos fundamentales de la vida económica, social o cultural”. También dice que el Estado español y la UE “no son instrumentos de protección de las clases populares contra la dinámica global del capitalismo patriarcal, sino que son instrumentos de este capitalismo patriarcal para imponer los marcos legales y represivos necesarios para su desarrollo en contra de los intereses de las clases populares”.

Y finaliza afirmando que “la situación actual hace más necesaria que nunca la construcción de una alternativa política que apueste claramente por el ejercicio del derecho de autodeterminación y por la superación del capitalismo patriarcal a partir de la recuperación de la soberanía política y económica”. En otro documento, también aprobado ayer, señala que “en los Països Catalans, nuestro futuro lo decidiremos el pueblo, no las élites", al tiempo que denuncia “el papel de la patronal, el sector financiero y las instituciones del Estado como responsables del secuestro de los derechos democráticos del pueblo y, en especial, del derecho a la autodeterminación”. Señala, asimismo, a Bankia y La Caixa, a las patronales de comercio y delegaciones ministeriales como “algunos de los conglomerados económicos e institucionales que, de forma antidemocrática, deciden sobre nuestras vidas: utilizan la apariencia de una democracia representativa política para ejercer una dictadura económica que nos ahoga como clase y género. Las élites políticas se convierten en marionetas de las élites económicas”.

De ahí que los duros de la CUP reclamen que “la acción es también una alerta ante los intentos de los poderes fácticos de sustituir, manipular y directamente hacer chantaje a la voluntad de autodeterminación para reconducirla a escenarios de pacto con el Estado”. Eso es, precisamente, lo que quieren evitar con las movilizaciones de hoy ante el TSJC y el Parlament. Por eso, la concentración convocada por ANC y Òmnium Cultural —y apoyada por los círculos secesionistas más duros— es no soólo un gesto de apoyo al ‘president', es también una manera de recordarle lo que tiene que hacer: declarar la independencia caiga quien caiga.