La diferencia entre el catalán y el gaélico: por qué la UE no atenderá la petición de España

El Gobierno español en funciones ha pedido a la Unión Europea que cree un precedente y convierta en oficiales de las instituciones europeas tres lenguas (catalán, euskera y gallego) que solo son cooficiales en sus respectivas comunidades autónomas, no en el conjunto de un Estado miembro.

Las 24 lenguas oficiales de la UE son todas oficiales en sus respectivos Estados miembros o en varios a la vez. El neerlandés es, por ejemplo, oficial en los Países Bajos y en Bélgica. Y el alemán lo es en Alemania, Austria y también en Bélgica. Ninguna lengua considerada como minoritaria de los 27 países que integran la UE es oficial en las instituciones europeas.

Ser lengua oficial no significa ser lengua de trabajo, un privilegio reservado al inglés, pese al Brexit consumado en enero de 2020. También son, en menor medida, lenguas de trabajo el francés y, de manera marginal, el alemán. El español no lo es. Las lenguas de trabajo son aquellas que se utilizan en reuniones entre funcionarios en las que apenas hay intérpretes y en las que se redactan numerosos documentos.

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La petición formulada el 17 de agosto por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, será, muy probablemente, desestimada este martes por el Consejo de Ministros comunitario. Cualquier cambio del régimen lingüístico, establecido en 1958, requiere la unanimidad. Por razones presupuestarias, algunos Estados miembros se oponen a ello, pese a que el Gobierno español se ofreció a correr con todos los gastos que generaría.

Los gastos son ingentes, porque no se trata solo de contar con intérpretes en el Parlamento Europeo. Habría que traducir al catalán, euskera y gallego millones de documentos del acervo comunitario desde que en 1951 se fundó la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, primer peldaño de la construcción europea. Solo los tratados y algunos documentos muy básicos fueron ya traducidos hace años.

Otros países miembros son también reacios a la iniciativa por temor a que surjan, entre su población que habla lenguas minoritarias, reivindicaciones similares a las de los nacionalistas catalanes o vascos. El Estado francés consiguió en mayo que la Justicia prohibiera el uso del catalán en los plenos de algunos ayuntamientos del Departamento de los Pirineos Orientales.

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La UE se acabará ampliando en la próxima década hacia los Balcanes. Desde el moldavo hasta el albanés, pasando por el macedonio, se convertirán entonces en lenguas oficiales. Es más, si Chipre logra su reunificación, el turco, hablado en el norte de la isla, también lo será. Groenlandia cambió en 2009 su idioma oficial, del danés al groenlandés, y su ley de autogobierno le permite declarar la independencia de Copenhague tras celebrar un referéndum. Si da ese paso, solicitará probablemente que el groenlandés, una lengua de la familia de los esquimales hablada por menos de 50.000 personas, sea oficial en la UE. La Torre de Babel seguirá, por tanto, creciendo en los próximos años.

Solo una lengua, el gaélico, se ha añadido, por ahora, con retraso a las que eran ya oficiales. Irlanda lo logró 49 años después de su ingreso en la UE. Cuando Dublín se incorporó, en 1973, no formuló ninguna exigencia lingüística y se conformó con el inglés. En 2005, sí demandó que el gaélico fuese idioma oficial de las instituciones europeas, como lo era en la propia Irlanda. Tardó entonces 17 años en conseguirlo y su estatus no es del todo equiparable a las demás lenguas porque, por falta de interpretación, no se puede, por ejemplo, utilizar en el Parlamento Europeo. El estatuto del maltés es similar al gaélico.

En el polo opuesto de Irlanda se sitúa Luxemburgo, uno de los seis fundadores de lo que es hoy en día la Unión Europea. La ortografía del luxemburgués fue normalizada en 1976 y ocho años después se convirtió en la única lengua nacional del Gran Ducado, aunque el alemán y, sobre todo, el francés tienen rango de lenguas administrativas. El Gobierno luxemburgués no solicitó entonces que su lengua nacional pasase a ser idioma oficial de la UE.

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El régimen lingüístico de la UE es injusto para el catalán y, en menor medida, para el vasco. Lo es porque los catalanoparlantes (9,2 millones de españoles y franceses) son mucho más numerosos, por ejemplo, que los que hablan danés (5,85 millones), cuyo idioma sí es oficial en la UE. Hay más catalanoparlantes en la UE que anglófonos nativos (5,2 millones de irlandeses) y su idioma no solo es lengua oficial, sino de trabajo en las instituciones. Hay unos 800.000 vascohablantes, mientras que el maltés solo lo usa medio millón de personas. Es injusto, pero no hay ninguna solución a la vista.

El gallego no resulta tan desfavorecido como el catalán o el euskera. Ana Miranda, eurodiputada del Bloque Nacionalista Galego, se expresa, a veces, en el Parlamento Europeo en lo que ella llama el “galego universal”. La traducen a los demás idiomas, sin dificultad alguna, los intérpretes de portugués. Los reintegracionistas, una corriente lingüística y cultural de Galicia, sostienen que el gallego y el portugués forman parte del mismo sistema lingüístico. Es decir que el galego universal es ya, en la práctica, idioma oficial de la UE.

La reivindicación lingüística de los nacionalistas catalanes y vascos, trasladada a la UE por el Gobierno de España, se reactiva, paradójicamente, en un momento en que el inglés tiende a relegar a un segundo plano a todas las demás lenguas en el Parlamento Europeo y en otras instituciones. Los eurodiputados, sobre todo los más jóvenes, tienen una tendencia creciente a prescindir de los intérpretes y dirigirse en inglés al hemiciclo o a las comisiones ante las que intervienen. No solo lo hacen porque dominan la lengua de Shakespeare, sino porque consideran que, utilizando la lengua franca, serán mejor comprendidos.