Suecia frena el intento de Sánchez de convertir el catalán en lengua oficial de la UE

La fecha clave para saber si el Gobierno consigue que el catalán, vasco y gallego se conviertan en lenguas oficiales de la Unión Europea es el próximo martes 19 de septiembre. Pero no hará falta esperar a ese día para saber el resultado del debate, que se celebrará en el marco del Consejo de Asuntos Generales: Suecia ha señalado este miércoles que necesita más tiempo para analizarlo y se ha mostrado "reacia" por el momento. Es necesaria la unanimidad para poder hacer una modificación del régimen lingüístico de la Unión Europea, de modo que la postura de Suecia corta la posibilidad de que haya un cambio en el reglamento el próximo martes. La postura sueca es compartida por otros Estados miembros, aunque no lo han expresado públicamente.

En un comunicado, Jessika Roswall, ministra de Asuntos Europeos del Gobierno de Suecia, explica que su Ejecutivo es "reacio [aunque el verbo también puede traducirse por "dubitativo"] a revisar el reglamento número 1 para que el catalán, el vasco y el gallego se conviertan en idiomas oficiales de la Unión Europea". No es que esté abiertamente en contra, o que descarte por completo que pueda hacerse en el futuro, pero no será sin que antes se realice ese análisis profundo. España hizo esta propuesta el pasado 17 de agosto como parte de la negociación de los socialistas con Junts per Catalunya para que los independentistas catalanes votaran a favor de Francina Armengol como presidenta del Congreso de los Diputados. Algunas delegaciones consideran que el Gobierno español todavía no ha explicado de manera adecuada esta petición, que se ha tramitado de forma exprés, levantando algunas suspicacias.

"Hay muchas lenguas minoritarias que no son lenguas oficiales en la Unión Europea"

"Creemos que es necesario analizar más a fondo cuáles son las consecuencias jurídicas y financieras de la propuesta. Hay muchas lenguas minoritarias que no son lenguas oficiales en la UE", explica Roswall en su comunicado. España ha podido llevar el asunto al CAG del próximo 19 de septiembre porque también ostenta la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea hasta el mes de enero, lo que le permite establecer la agenda y el ritmo de las reuniones. De hecho, uno de los asuntos que habían generado cierta incomodidad en algunas delegaciones era que la presidencia había decidido unir en una sola sesión la presentación de la propuesta, el debate e intercambio de puntos de vista y la adopción de la propuesta, cuando normalmente hace falta un tiempo entre la presentación, el debate y la adopción, especialmente cuando no se trata de un asunto urgente.

Los gobiernos suelen ser solidarios entre sí, y si uno tiene alguna necesidad política que el resto pueda ayudar a resolver tienden a ser comprensivos, especialmente si no requiere de ellos ningún sacrificio. En este caso, hay dos problemas. El primero es que algunos Estados miembros consideran que esta ampliación de la lista de lenguas oficiales tendría un coste económico en forma de servicios de traducción que tiene que analizarse. Y ese coste no sería únicamente en servicios de interpretación: para cumplir con la ley, sería necesario traducir a estas tres nuevas lenguas todos los documentos, la legislación y los tratados de la Unión Europea, así como el llamado "acervo comunitario".

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La clave para el segundo punto que hace que otros Estados miembros tengan dudas sobre la iniciativa española está en el propio comunicado que ha emitido el Gobierno sueco, en el que se hace referencia a que "hay muchas lenguas minoritarias que no son lenguas oficiales en la UE". Y es que este paso por parte del Gobierno de España puede generar algunos dolores de cabeza en otras capitales. El ejemplo del que mucha gente habla en Bruselas es el corso, que podría presionar a París para que se den pasos en la misma dirección, ya que el euskera y el catalán también son hablados en partes del sur de Francia, lo que dejaría al corso en un estatus inferior.

A la reunión del Consejo de Asuntos Generales del próximo martes está previsto que viaje el propio José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores, a pesar de que es el secretario de Estado para la Unión Europea, actualmente Pascual Navarro, el que suele participar en nombre de España en este foro. Sin embargo, la participación de Albares era también un guiño político hacia la formación del expresidente Carles Puigdemont, que ha dado gran importancia al encuentro de este próximo 19 de septiembre.