El complicado laberinto para que catalán, gallego y euskera sean lenguas oficiales de la UE

La primera concesión del Gobierno en funciones de Pedro Sánchez a Junts llega en forma de caramelo envenenado. El acuerdo para la composición de la Mesa del Congreso de los Diputados coincidió con la petición oficial del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, para que el catalán, el euskera y el gallego sean reconocidas como lenguas oficiales de la Unión Europea. Pero materializar este proceso, en el que la UE pasaría de 24 a 27 idiomas oficiales, es un camino farragoso con obstáculos tremendamente complicados de sortear desde el punto de vista político, logístico y económico.

En Waterloo, celebran ya un primer tanto en el inicio de la presente legislatura. “Pedro Sánchez dijo ayer que España se hace escuchar en Europa. Ahora que es el presidente del Consejo de la UE, tiene una magnífica ocasión de demostrarlo”, reaccionó el expresidente catalán Carles Puigdemont. La petición oficial se ha materializado con una carta destinada a la Presidencia rotatoria del Consejo de la UE, que precisamente se encuentra en manos españolas durante este semestre. Albares ha defendido que ello no entraña “ninguna anomalía”. Por lo pronto, es ya un aviso más a navegantes de cómo la tormenta electoral y de pactos nacionales está distrayendo y contaminando la agenda europea durante la quinta Presidencia rotativa del país.

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El Consejo se limita a confirmar el acuse de recibo y a “examinar” la misiva. Pero, formalidades aparte, consumar el ingreso de las lenguas cooficiales de España al marco de la Unión Europea se antoja un desafío muy complicado, dado que los 27 Estados miembros deben dar su beneplácito por unanimidad. La primera toma de temperatura se producirá en el debate que los ministros celebrarán el próximo 19 de septiembre en el marco del Consejo de Asuntos Generales. Y el tema amenaza con abrir una caja de Pandora muy sensible.

La incorporación de las lenguas cooficiales españolas abriría un melón poco apetecible en países como Italia, que concede estatus oficial a 11 idiomas, como el ladino o el sardo, o Francia, que hace lo propio con siete, como el corso o el bretón. Según datos del Parlamento Europeo, el 8% de los ciudadanos de la Unión pertenece a una minoría nacional y aproximadamente el 10% habla una lengua regional o minoritaria, lo que supone que entre 40 y 50 millones de personas en la Unión hablan una de sus 60 lenguas regionales y minoritarias.

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Luxemburgo, por ejemplo, cuenta con el luxemburgués como idioma oficial del Estado, pero este no es uno de los 24 idiomas reconocidos por la Unión. El hecho de que el gran ducado sea el único cuyo idioma estatal no ocupa una de las cabinas de la Comisión Europea arroja la incógnita de qué incentivos tendría para dar su visto bueno a que España sumase cuatro. Desde el otro lado de los Pirineos, Francia vetó hace no mucho la inmersión lingüística de lenguas regionales como el vasco y el catalán.

En el cruce de 27 nacionalidades de periodistas, funcionarios y lobbistas que es la rotonda de Schuman, el tema de los idiomas es muy sensible. Tras la marcha del Reino Unido, existe una fuerte corriente de los galos por impulsar el francés. En 2005, el comisario italiano Franco Frattini amagó con dar todas sus ruedas de prensa en su idioma. Y, en medio de todo ello, lo que se hace fuerte es el broken english como principal lengua vehicular.

Construyendo Babel

Con 24 idiomas, la Unión Europea es la organización internacional con más lenguas oficiales del mundo. Ni la ONU, con seis, ni la Unión Soviética en su momento siquiera se acercan. El alemán, el búlgaro, el castellano, el checo, el croata, el danés, el eslovaco, el esloveno, el estonio, el finés, el francés, el griego, el húngaro, el inglés, el irlandés, el italiano, el letón, el lituano, el maltés, el neerlandés, el polaco, el portugués, el rumano y el sueco han sido reconocidos de forma gradual. Como padres fundadores del proyecto europeo, comenzaron a construir esta torre de Babel el alemán, el francés, el italiano y el neerlandés en 1958.

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Los idiomas tienen un número asignado, en función de su incorporación. Así, España siempre ocupa la cabina número ocho, que es también el canal de traducción en ruedas de prensa y reuniones. A pesar de la salida del Reino Unido en 2020, el inglés continúa siendo una lengua oficial y de trabajo en las instituciones comunitarias, como ya contemplaba el Reglamento y el hecho de que es uno de los idiomas oficiales en Malta e Irlanda. A excepción del gaélico, la incorporación de todos los idiomas del régimen europeo coincide con el ingreso del país en cuestión al bloque comunitario. Español y portugués en 1986, finés y sueco en 1995 o croata en 2013. Por lo que el escenario que abre ahora Madrid plantea una situación sui generis en Bruselas.

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El multilingüismo es uno de los principios sacrosantos de la Unión Europea. La Carta de Derechos Fundamentales fija sus objetivos con base en tres pilares: la comunicación de la ciudadanía en su propia lengua, la protección de la diversidad lingüística de Europa y el fomento del aprendizaje de las lenguas del bloque. La UE garantiza que todos los actos jurídicos estén disponibles en los idiomas oficiales, así como la interpretación en todas las reuniones del Consejo de la UE o el derecho de los eurodiputados a hablarlos durante las intervenciones plenarias. Ante el no reconocimiento del catalán, el expresidente y eurodiputado Carles Puigdemont ha tirado en sus discursos de la Eurocámara de francés o inglés.

Precedentes poco alentadores

Para que una lengua sea declarada oficial por la UE, debe solicitarla formalmente el Estado miembro interesado. Además de la unanimidad de los Veintisiete, se requiere la modificación del Reglamento número 1 de 1958, que fija que el régimen lingüístico europeo de las lenguas oficiales y de trabajo. Con su misiva, Albares ya pide la revisión de dicho Reglamento. Sin embargo, el propio Albares aseguraba en septiembre de 2021 que "la oficialidad conllevaría una reforma de los tratados", algo "que no está previsto".

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En 2004, el Gobierno socialista abanderado por José Luis Rodríguez Zapatero ya tanteó esta vía en Bruselas. Por aquel entonces, con Josep Borrell como presidente de la Eurocámara, se hizo un tímido avance logrando que los ciudadanos pudiesen dirigirse a esta institución en catalán. Además, un documento oficial del Consejo de la UE señaló que España sufragaría el coste extra de la oficialidad. "El Gobierno de España sufragará los gastos derivados de la aplicación práctica de los cambios buscados en el régimen lingüístico", rezaba el paper pulicado en 2004. Pero el escenario planteado ahora es totalmente radical y abre ya la cuestión de quién pagaría semejante factura en un momento que coincide con los recortes en el sector de los intérpretes.

Irlanda demostró que no es una situación baladí. La incorporación de una nueva lengua no solo supone añadir una nueva cabina, sino traducir cientos de miles de legislaciones, intervenciones, tratados o sentencias del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE). De hecho, a pesar de que Dublín solicitó en 2005 la adhesión del gaélico —que se hizo oficial en 2007—, no fue hasta el año pasado cuando esta lengua ancestral alcanzó el estatus pleno, en buena parte debido a la falta de recursos y el equilibrismo para encontrar personal capaz de traducir un idioma que hablan menos de dos millones de personas, y la mayoría no a diario.