El próximo gobierno tendrá que pedir a Bruselas más tiempo para gastar los fondos UE

La aprobación del Fondo de Recuperación y Resiliencia europeo fue un hito clave en la historia de la Unión Europea en el que España e Italia jugaron un papel fundamental. Los presidentes de los dos países, Pedro Sánchez y Mario Draghi, lucharon con determinación en Bruselas para lograr que la respuesta de la Comisión Europea a esta crisis, la de la pandemia, fuera diferente a la que dio en el año 2008: más integración e inversión pública para salir del agujero. Ambos países pelearon duramente para movilizar el presupuesto europeo porque el botín era suculento para ellos: como fueron los países que sufrieron mayor recesión, serían los más beneficiados en el reparto de los recursos.

La cantidad asignada a los dos países es tan amplia que están teniendo grandes dificultades para ejecutar los fondos en los tiempos previstos. Un informe de S&P da por descontado que ambos tendrán que negociar con la Comisión Europea una ampliación de los plazos para gastar estos recursos. "Calculamos que España e Italia solo habían ejecutado el 10% y el 20% de las transferencias, respectivamente, al final de 2022", señala el estudio elaborado por la agencia de calificación de ratings. "Cada vez parece más claro, como ocurre en otros países que se están beneficiando de una transferencia de la UE significativa, que tendrán que solicitar más tiempo para completar los proyectos de inversión complejos acordados para cumplir con los objetivos climáticos, de digitalización y de cohesión social", advierte S&P.

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Los plazos de ejecución son muy ajustados y, tras dos años ya de lenta absorción de los recursos habilitados, los expertos ya no tienen dudas de que España no podrá cumplir con los tiempos pactados: la ejecución completa del plan para 2026. De hecho, el Gobierno todavía no ha solicitado el cuarto desembolso de los fondos europeos previsto para la primera mitad del año, entre otros motivos, porque todavía quedan hitos por cumplir. "El Gobierno ha anunciado que renuncia a presentar la solicitud del cuarto tramo de transferencias del Plan de Recuperación, que se esperaba hiciera desde el pasado mes de marzo", escribe EY Insights en su informe Radar Next Generation EU.

"España debe enfrentarse al desafío de cumplir un alto número de objetivos de inversión y reformas a cumplir antes de final de año", señala un informe de la consultora Llorente y Cuenca. En cuanto al quinto pago, "el Gobierno tiene comprometido el cumplimiento de 22 hitos y objetivos de inversión, que deberían completarse durante el primer semestre del año 2023", plazo que ya ha expirado sin que se cumplieran las metas acordadas.

Todo esto será ya un problema para el próximo gobierno que salga de las urnas tras el 23-J… o incluso una fecha posterior si los resultados dejan un Parlamento bloqueado. El Ministerio de Economía ya está tratando de extender los plazos de ejecución de los fondos europeos mediante un ajuste técnico que quepa dentro del marco legal actual. La Comisión Europea espera que sea el próximo gobierno el que termine de cerrar esos flecos que darían cierto margen de acción.

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En concreto, lo que se está negociando es que se consideren cumplidos los objetivos de inversión cuando se publiquen los contratos públicos para las licitaciones o las subvenciones, aunque la ejecución final tarde algo más de tiempo. De esta forma se conseguirían unos meses de margen para algunos hitos sin necesidad de prolongar los plazos fijados en el reglamento. España ha solicitado el "ajuste del calendario al nuevo contexto" en 44 hitos del plan aprobado previamente, pero se desconoce cuáles son.

Sin embargo, dado el retraso acumulado hasta la fecha, el parón que supondrá la convocatoria de elecciones y la baja capacidad de absorción que ha demostrado tradicionalmente España de los fondos europeos, el pesimismo se está instalando. Los expertos empiezan a pensar que España no llegará a tiempo para utilizar todos los recursos en el tiempo previsto, ni siquiera con ajustes técnicos en el cómputo de hitos completados.

S&P resta importancia a este retraso en la ejecución respecto al plan previsto: "Los retrasos también están ocurriendo en otros estados miembro como Portugal y Grecia, que también están entre los mayores beneficiarios en porcentaje de su PIB". La agencia señala que lo más importante es que los países hagan un buen uso de los fondos asignados y cumplan los objetivos acordados. "Esperamos que la Unión Europea sea flexible cuando llegue el momento de ampliar la fecha límite siempre que los países consigan ajustarse al enfoque exigente de los proyectos", explica la agencia de rating.

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Sin embargo, esta extensión sería ya más compleja desde el punto de vista regulatorio, ya que sería necesario cambiar el reglamento del Plan. Y esto exigiría unanimidad de todos los estados miembro y probablemente la aprobación en sus respectivos parlamentos. Los países que hayan cumplido sus plazos pueden bloquear el cambio con la expectativa de que una ejecución incompleta de otros estados les reducirá la factura a pagar en el futuro.

Esto exigiría una gran labor diplomática al próximo gobierno de España. En paralelo, podrían pelear los otros países del sur señalados previamente, pero nada garantiza que se pudiese conseguir el objetivo de la extensión de los plazos. De ahí que para el futuro gobierno el escenario más factible sea el de negociar, durante sus primeros días de vida, en el contexto de la aprobación de la adenda del Plan, la extensión de los plazos en la que ya está trabajando Calviño y una mejora de la planificación para mejorar la absorción de los recursos sin sacrificar calidad en los proyectos.