El Estado compromete en dos años (aunque no ejecuta) el 69% de los fondos europeos

Las inversiones previstas en los fondos europeos Next Generation avanzan. Y lo hacen de una forma constante que explica que entre 2021 y 2022 ya se ha comprometido —lo que no significa que se haya ejecutado— el 69% de los 70.411 millones de euros de la dotación inicial. Esto ha sido posible gracias, sobre todo, a la aceleración que se ha producido el año pasado, periodo en el que se ha comprometido el 96,4% de los 28.025 millones de euros presupuestados. La Administración central concentra casi el 60% de lo que hasta ahora se ha comprometido, y el resto corresponde a las comunidades autónomas.

Los datos proceden de un estudio realizado por la consultora Llorente y Cuenca (LLYC) que matiza que el alto nivel de compromiso de gasto no significa necesariamente que el dinero haya llegado a las empresas, sino que su distribución ya está habilitada desde un punto de vista administrativo, pero no se ha ejecutado. Existe, por lo tanto, un compromiso inicial al publicar las distintas convocatorias, pero posteriormente hay un compromiso asignado, que se materializará cuando se concedan las ayudas a destinatarios concretos.

Los datos del propio Gobierno, coherentes con los de LLYC, muestran que la Administración central ha autorizado gastos —fase previa a la ejecución— para la realización de inversiones por valor de 44.603 millones de euros, mientras que se han reconocido obligaciones de pago por valor de 35.331 millones. Es decir, prácticamente la mitad de los fondos.

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Hasta mediados del mes pasado, en concreto, se han resuelto 922 convocatorias con una financiación total de 13.757 millones de euros, que han sido adjudicados a 97.821 beneficiarios. A esa cantidad hay que añadir otros 4.982 millones que corresponden a otros instrumentos de financiación, con lo que las convocatorias resueltas que ya han llegado a la economía real se acercan a los 18.800 millones de euros. Es decir, el 26,7% de la dotación inicial.

La mayor partida —1.194 millones de euros— ha sido destinada a la construcción de los corredores que forman parte de la Red Transeuropea de Transportes, que gestiona Adif.

Renegociar plazos

Lo que han detectado los analistas de LLYC, por su parte, es que en un año electoral como es 2023 (elecciones generales, municipales y autonómicas) la eficacia a la hora de lograr que no se pierdan esos recursos puede resentirse, por lo que adquiere mayor relevancia. Algo que puede obligar al Gobierno a renegociar algunos plazos con Bruselas. Hay que tener en cuenta que para poder optar a los pagos, los llamados hitos, que son los objetivos comprometidos por la Moncloa, deben haberse alcanzado a más tardar el 31 de agosto de 2026, por lo que el último desembolso de la Unión Europea a España será, como muy tarde, en diciembre de ese mismo año.

El estudio de LLYC, igualmente, estima que el porcentaje de fondos adjudicados en las convocatorias y licitaciones estatales resueltas, en relación con las dotaciones iniciales con que contaban, se ha reducido de forma sustancial entre 2021 y 2022, al haber pasado de una adjudicación del 90% de los fondos previstos en 2021 a solo un 50% en 2022. Al finalizar el año pasado, de hecho, quedan no menos de 4.200 millones de euros de convocatorias y licitaciones resueltas que se han quedado sin asignar, por lo que el Ejecutivo, sostiene el informe, "deberá darse prisa en buscar un nuevo destino a esos fondos europeos". Máxime cuando aún hay que asignar todavía los 94.300 millones de euros en préstamos, que al contrario que los anteriores no son a fondo perdido, hay que devolverlos. El Gobierno ya ha hecho la petición formal a Bruselas.

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Esta evolución indica, en todo caso, que la participación de las empresas en convocatorias y licitaciones del plan de recuperación ha ido a la baja a medida que se ha desarrollado la ejecución del plan. Se pone como ejemplo la escasa concurrencia que ha tenido el Perte del vehículo eléctrico, que únicamente ha logrado adjudicar unos 877 millones de euros de los casi 3.000 presupuestados. De esa cantidad, el 45% ha sido adjudicado al Grupo Volkswagen. Este fiasco ha animado al Gobierno, según El País, a pedir un aplazamiento del Perte del motor para hacer una reforma en profundidad.

Esto significa que, según sus estimaciones, únicamente alrededor de 11.000 millones de euros, mediante convocatorias de subvenciones y licitaciones estatales ya resueltas, han llegado a la economía real. Los beneficiarios, según los últimos datos presentados por el Gobierno, han sido 42.000 empresas que han participado en 53.600 proyectos. Los autores del estudio de LLYC reconocen que no hay datos convincentes sobre la evolución de los fondos gestionados por las comunidades autónomas, por falta de datos actualizados y accesibles. El bajo nivel de adjudicación se achaca, fundamentalmente, a que pasan, de media, 139 días entre la convocatoria y la adjudicación, lo que retrasa su impacto real sobre la economía.

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En esta idea abunda el último informe de CEOE sobre el grado de ejecución de los fondos, que ha detectado "falta de información detallada y actualizada respecto del nivel de avance en la ejecución". La patronal, en todo caso, echa en falta mayor flexibilidad en el acceso a las convocatorias y menor burocracia para aumentar la agilidad en el reparto de los fondos. La CEOE, desde hace tiempo, viene reclamando que las entidades financieras, como sucedió en el programa de avales del ICO, puedan participar en la distribución de los fondos, algo que ahora negocian el Gobierno y la patronal de la banca, la AEB.

Año electoral

El informe de LLYC destaca, en todo caso, que los ministerios que mejor han ejecutado los fondos son aquellos cuyos beneficiarios últimos son los ayuntamientos, que han priorizado, en año preelectoral, la inversión en infraestructuras y la rehabilitación de edificios públicos. Por el contrario, es el Ministerio para la Transición Ecológica, que gestiona una de las claves de los fondos Next Generation, el que va más retrasado, lo que se achaca al bajo nivel de compromiso de los fondos del programa del hidrógeno verde. El Ministerio de Educación también registra un importante retraso sobre lo previsto en partidas tan importantes como la relativa al Plan Nacional de Capacidades Digitales (3.593 millones de dotación). Los ministerios de Economía e Industria, por el contrario, son los que más han avanzado, por encima de sus niveles de compromiso.

En cuanto a la distribución territorial, un reciente informe de Esade-EY Insights, realizado por el economista Manuel Hidalgo, estima que de los 28.500 millones (hasta el 15 de noviembre), la mayoría (80%) corresponde a convocatorias tramitadas por la Administración General del Estado, incluidos sus organismos autónomos y empresas públicas, y solo una parte muy pequeña, por las comunidades autónomas y entidades locales: unos 5.200 millones. El resto ha sido publicado por las universidades públicas (430 millones). Después de la Administración central, la Generalitat catalana (1.100 millones de euros) y la Junta de Andalucía (713 millones) junto con la Comunidad Valenciana (654 millones) son los organismos públicos con mayor valor en convocatorias, a excepción del Estado.