Es noticia
El Gobierno pide ayuda a las 'Big Four' para evitar perder fondos europeos por el atasco burocrático
  1. Empresas
Deloitte, EY o PwC, entre las aspirantes

El Gobierno pide ayuda a las 'Big Four' para evitar perder fondos europeos por el atasco burocrático

Un documento del Ejecutivo reconoce que la "importante acumulación de expedientes" por verificar excede su capacidad y medios para cumplir con los plazos para retener las ayudas comunitarias. Acude a las consultoras por "urgente e inaplazable" necesidad

Foto: Sánchez en el Congreso junto a Calviño y Ribera. (EFE/Fernando Alvarado)
Sánchez en el Congreso junto a Calviño y Ribera. (EFE/Fernando Alvarado)
EC EXCLUSIVO Artículo solo para suscriptores

El Gobierno admite que no será capaz de cumplir en tiempo y forma con los requisitos administrativos exigidos por Bruselas para retener los fondos europeos si se mantiene el atasco burocrático actual. Por ello, ha decidido recurrir por necesidad "urgente e inaplazable" a las grandes consultoras para tratar de alcanzar los hitos requeridos en plazo y evitar así la pérdida de las ayudas comunitarias, con las que el Ejecutivo aspira a impulsar parte de la economía en los próximos años.

Así se reconoce en un documento oficial del Ministerio para la Transición Ecológica, departamento encargado de gestionar miles de millones de las subvenciones procedentes de Europa, dado que tiene encomendada la tarea estratégica de canalizar los fondos dedicados a la transición hacia una economía verde y descarbonizada. Firmas como Deloitte, EY o PwC están entre los aspirantes a asumir esta tarea que incluye servicios de consultoría y prestaciones transversales.

Foto: La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. (Reuters/Toms Kalnins)

En concreto, el Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE) asegura que "el volumen del trabajo a desarrollar para el seguimiento, control y verificación de las actuaciones finalmente ejecutadas en el conjunto de todos estos programas de ayudas gestionados por IDAE excede la capacidad y medios de que dispone actualmente el IDAE", y que existe una "importante acumulación de expedientes" por verificar. El Gobierno está obligado a fiscalizar todas las subvenciones asignadas para evitar problemas de fraude. Precisamente uno de los grandes riesgos de estos programas multimillonarios de ayudas es que termine en problemas de malversación, como ya ha ocurrido en el pasado, por lo que Bruselas exige un férreo control y justificación de los mismos.

placeholder Vista de las Cuatro Torres y el paseo de la Castellana, sede de varias 'Big Four'. (EFE/Fernando Alvarado)
Vista de las Cuatro Torres y el paseo de la Castellana, sede de varias 'Big Four'. (EFE/Fernando Alvarado)

Según explica el IDAE, dependiente del ministerio liderado por la vicepresidenta Tercera, Teresa Ribera, el organismo venía verificando alrededor de 600 expedientes de ayudas al año desde 2017 hasta 2021 asociadas a los fondos Feder y prevé que tenga que auditar 1.642 este año y otros 3.821 proyectos más en 2023 si quiere cumplir con los plazos establecidos. Según detalla, "existe una importante acumulación" de expedientes que verificar, actualmente 2.053, solo por los fondos europeos Feder, en un periodo muy corto de tiempo, hasta mediados de 2024.

A esto, añade el IDAE la carga de trabajo extra que supondrá la avalancha de fondos europeos del programa Next Generation de recuperación pospandemia: "El gran volumen de fondos que ha supuesto para IDAE la entrada en vigor del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia (PRTR) unido a los recursos que viene gestionando como Organismo Intermedio del POPE 2014-2020 (1.480 millones de euros), ascendiendo en su conjunto a cerca de 7.000 millones de euros, convierte al IDAE en el principal organismo ejecutor de los fondos destinados a la transición energética en España".

"Asumiendo, en gran parte, el peso de cumplir por parte del Estado Español con los objetivos de energía y clima, incluidos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 y la Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo 2050, así como con los hitos (plazos establecidos) y objetivos definidos en el PRTR, cuyo cumplimiento es obligatorio para que el Estado Español pueda retener finalmente los fondos transferidos. A estos efectos, se pone de manifiesto el cumplimiento de los principios de necesidad y eficacia de todas las líneas de ayudas gestionadas por el IDAE. La tramitación de los programas de ayuda gestionados por el IDAE requerirá de una agenda exigente en el cumplimiento de plazos para poder llegar a retener ese gran volumen de fondos, siendo necesaria una rápida gestión, necesidad que se confirma urgente e inaplazable", señala la documentación oficial del Gobierno.

"Dado el elevado número de expedientes de ayudas a verificar en el conjunto de todos los programas de ayudas, el IDAE requiere disponer de personal suficiente y especializado para poder cumplir con las responsabilidades de gestión, en los plazos establecidos". Para poner de relieve la falta de efectivos, esta Administración pública señala que "la Unidad de Verificación de IDAE dispone en la actualidad de solo 3 efectivos con carácter indefinido (2 técnicos, 1 de ellos de baja de larga duración, y 1 administrativo) que se complementa con 15 técnicos contratados por obra, y con una fuerte rotación, lo que obliga que IDAE deba utilizar servicios externos especializados para apoyar la realización de los trabajos previstos".

Por todo lo anterior, busca ahora un equipo de 67 profesionales —50 de ellos auditores— con dedicación exclusiva durante los próximos 21 meses. Para ello ha lanzado un concurso público cuyo valor asciende a más de siete millones de euros, según certifica y firma el director del IDAE, Joan Groizard. A finales de agosto, el diario El Mundo publicaba que la falta de funcionarios cualificados estaba atascando la ejecución de fondos europeos.

El control de los gobiernos estatales sobre los fondos comunitarios que otorgan sus administraciones es un asunto clave para Bruselas. En este sentido, la Comisión Europea advirtió el pasado mes de octubre que España estaba cumpliendo con los hitos para el desembolso periódico de fondos, pero aseguró que el propio Ejecutivo comunitario liderado por Ursula von der Leyen llevaría a cabo una revisión del compromiso de España de poner en marcha un sistema de control y auditoría de los fondos asignados en el contexto del tercer pago de las ayudas.

Sánchez pide más tiempo ante el lento avance

El SOS lanzado a las Big Four para retener los fondos europeos se da en paralelo a que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una declaración conjunta con el Gobierno de Portugal pidieran a Bruselas una ampliación de los plazos para poder absorber los 72.000 millones que Europa está dispuesta a dar a España hasta 2023, pero que implican cumplir con una serie de reformas e hitos en unos plazos muy ajustados.

Los gobierno de España y Portugal dijeron el pasado viernes en la cumbre hispano-lusa celebrada en Viana do Castelo que, "del grado de incertidumbre del actual contexto geopolítico y del impacto de sus consecuencias económicas y financieras (especialmente la inflación y la escasez de materias primas y materiales de construcción) en la aplicación de los Planes de Recuperación y Resiliencia, consideran imprescindible flexibilizar el calendario acordado para la realización de las inversiones, sin por ello modificar el calendario de aplicación de las reformas acordadas".

Hasta ahora, el ritmo de ejecución de los fondos europeos, en los que se basa buena parte de las estimaciones de crecimiento del PIB del Gobierno para el año que viene, va a un ritmo muy lento. El Ministerio de Transportes, uno de los departamentos que gestiona más fondos europeos con unos 16.000 millones del total de 70.000, reconoce que el ritmo de ejecución de estos recursos es “insuficiente”, según un documento interno del Gobierno revelado por El País el pasado jueves.

Foto: La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde. (Reuters/Kai Pfaffenbach)

Pese a ello, el Gobierno deposita buena parte de sus esperanzas de crecimiento del primer trimestre de 2023 en una mayor absorción de ayudas comunitarias. De hecho, su previsión de crecimiento del 2,1% es ostensiblemente más alta que la de otras instituciones como el Banco de España, la AIReF, el FMI, la OCDE, BBVA Research o Funcas, que sitúan el avance del PIB del próximo año en cifras más próximas al 1%.

Previamente, instituciones como la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ya habían puesto el foco sobre el bajo ritmo de ejecución de ayudas europeas. Según un reciente informe, la tasa de ejecución definitiva sobre el total presupuestado en 2022 se situaría en el 5,2%. "Aunque cabe esperar que estas cifras mejoren en los próximos meses, por el momento apuntan a una ejecución poco ágil que podría no completarse en los plazos previstos".

En su boletín de seguimiento de las inversiones del plan de recuperación, Fedea asegura que la ejecución del plan "comienza a ofrecer motivos para una cierta preocupación" y, pese a reconocer el esfuerzo de la Administración, añade que "algunos de los resultados dejan bastante que desear".

El Gobierno admite que no será capaz de cumplir en tiempo y forma con los requisitos administrativos exigidos por Bruselas para retener los fondos europeos si se mantiene el atasco burocrático actual. Por ello, ha decidido recurrir por necesidad "urgente e inaplazable" a las grandes consultoras para tratar de alcanzar los hitos requeridos en plazo y evitar así la pérdida de las ayudas comunitarias, con las que el Ejecutivo aspira a impulsar parte de la economía en los próximos años.

PwC PIB Fedea Banco de España
El redactor recomienda