España pide flexibilizar los fondos europeos frente a una barra libre de subvenciones a Alemania y Francia

España se opone a una flexibilización de ayudas de Estado que pueda provocar una avalancha de subvenciones a empresas francesas y alemanas: según datos de la Comisión Europea, durante la flexibilización de las normas de ayudas de Estado desde 2020, lo que ha ocurrido ha sido precisamente eso, como demuestra que el 77% de los más de 670.000 millones en ayudas a las empresas ha sido de Alemania y Francia.

España, como muchos otros países, más pequeños y con menos tejido industrial o cuya competitividad no requiere de subvenciones, mira con una mezcla de desconfianza y escepticismo un plan que ha empezado a moverse por los círculos de los socialdemócratas alemanes en Berlín para una emisión de deuda conjunta europea para financiar esa flexibilización de ayudas de Estado que serviría para inyectar dinero en la industria europea y hacer frente así a la Ley de Reducción de Inflación de la Administración americana, un paquete de casi 500.000 millones de dólares destinados a atraer a industrias verdes a Estados Unidos, aunque por el momento Olaf Scholz, canciller alemán, se ha desmarcado de la idea de una nueva emisión conjunta.

Aunque en un primer momento Europa dio la bienvenida a un plan por fin creíble por parte de EEUU para hacer frente al cambio climático, a partir de finales de año saltó la alarma ante la posibilidad de que el plan solamente ahondara en la desindustrialización de la Unión. Se empezó a hablar de un fondo soberano europeo, de la flexibilización de las normas de ayudas de Estado, incluso se empezó a sugerir otra emisión de deuda mancomunada para evitar que solamente pudieran competir los que tuvieran espacio fiscal.

Flexibilidad de los fondos

El objetivo del Gobierno español ahora mismo es otro. Pide centrarse en lo que ya hay encima de la mesa: los fondos europeos Next Generation EU. Ese fondo, de más de 750.000 millones de euros a nivel europeo (precios de 2018), se creó en 2020 con emisiones de deuda europea para reactivar la economía tras la pandemia, pero se pidió a los Estados miembros que diseñaran planes que tomaran en especial consideración la transición ecológica y digital, que es precisamente para lo que se usaría cualquier nuevo plan industrial.

Para España, los fondos de recuperación son algo que ya está acordado y listo para ser utilizado, pero el gran problema para lograr de ellos un objetivo similar al que pueda tener un plan de reindustrialización europeo es que el marco de ayudas de Estado al que está sujeto es demasiado rígido a ojos del Ministerio de Economía. España y la Comisión Europea ya tuvieron tiras y aflojas respecto al Perte del automóvil eléctrico, precisamente por la intensidad de participación estatal. El Gobierno cree que si se flexibiliza y se da más margen para la participación del Estado, los fondos de recuperación son un instrumento inicial bueno.

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Esta visión quedó claramente reflejada en un non-paper, un documento de trabajo, que el Gobierno envió a Bruselas el pasado 9 de enero. "Una adaptación temporal de las normas de ayudas de Estado para facilitar el rápido despliegue de inversiones bajo los planes nacionales de recuperación es el mejor instrumento para abordar los retos estructurales de la industria europea y, al mismo tiempo, evitar el riesgo para el terreno de juego igualado [level-playing field, es decir, igualdad de condiciones] que implica la relajación general de los requisitos de ayudas de Estado", señala el Ejecutivo en el texto. Esta visión ya estaba incluida en otro documento de reflexión fechado en noviembre.

El Gobierno no rechaza de lleno las otras ideas que se han ido sugiriendo y que se están hablando en las reuniones de ministros de Finanzas de la Unión este lunes y martes en Bruselas, pero la experiencia llama a la cautela: de avanzarse por esa vía, sería un camino muy largo y complejo. La razón es que pocos, más allá de Francia o Alemania, tienen demasiado interés en ello. Y hay otra razón, que es admitida también dentro de la Comisión Europea: España no tiene demasiados incentivos para lanzarse a esa aventura.

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La partida española de los NGEU es de 140.000 millones de euros, casi la mitad de ellos en forma de subvenciones. Todavía hay más de la mitad, en forma de créditos ventajosos, que está sin tocar siquiera. Teniendo en cuenta el tamaño de la economía española, ¿cuánto más dinero puede conseguir España a través de un nuevo fondo soberano a nivel europeo que, muy seguramente, tendría que estar dirigido hacia los países con mayor producción industrial, es decir, Alemania, Francia e Italia? Poco. Por eso la prioridad española es tratar de sacar partido a lo que ya tiene: tal cantidad de dinero que resulta difícil ejecutarlo.

Debate de líderes

Los jefes de Estado y de Gobierno se reúnen el próximo 9 y 10 de febrero en Bruselas, precisamente para discutir qué respuesta dar al IRA americano. Alemania y Francia están moviendo ficha de manera bastante agresiva y Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, ya anunció una propuesta de revisión de las reglas de ayudas de Estado que servirá como base para ese debate. Dentro de la Comisión Europea también hay visiones enfrentadas, como la del francés Thierry Breton, comisario de Mercado Interior, alineado con París, y la de Margrethe Vestager, vicepresidenta del Ejecutivo comunitario, que envió a las capitales una carta hace pocos días en la que repasaba los efectos de la flexibilización de las ayudas de Estado.

No será una cumbre sencilla. España puede ser escéptica y preferir centrarse en lo que ya hay acordado, diseñado y listo, pero hay otros países que ven el plan abiertamente con desconfianza y que saben que hay muchos Estados miembros que todavía no están sacándoles partido a los fondos NGEU. Además, creen que lo mismo que el IRA podría hacer con la industria europea, atraerla y sacarla del continente, lo harían Francia o Alemania con su tejido industrial, dañando profundamente el mercado interior. No solamente habría que acordar un nuevo fondo, sino que luego habría que diseñar un buen reparto del mismo para evitar precisamente ese escenario.

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La manga ancha de Bruselas con la ayuda de Estado permite ver con claridad lo que ocurriría de suceder lo contrario. La Comisión Europea calcula que por el momento ha aprobado ayudas de Estado por valor de 672.000 millones de euros. El 53,02% de ese montante es de Alemania y el 24,06% es de Francia. En total, casi el 77% del dinero inyectado en la economía europea desde la flexibilización de las ayudas de Estado ha sido de Alemania y Francia. Solamente el 1,73% de esos 672.000 millones corresponde a ayudas de Estado notificadas por España.

El Gobierno insiste en que hay una herramienta clara sobre la mesa. Para Francia y Alemania no es suficiente y tiene sentido que así sea: al fin y al cabo, los principales receptores de estos fondos NGEU fueron Italia y España. Pero el Ejecutivo no mueve sus líneas. Cada vez que Nadia Calviño, vicepresidenta económica del Gobierno, habla en Bruselas del asunto, lo hace para subrayar que la prioridad es otra para Madrid. "Un marco temporal más flexible que cubra las inversiones estratégicas en el marco de los planes nacionales de recuperación y resiliencia permitiría una respuesta urgente para salvaguardar la base tecnológica, económica e industrial de Europa", apunta el documento de reflexión enviado recientemente por el Ejecutivo español.