"En 2023, las CCAA van a tener el 100% de las transferencias de los fondos Next Generation"

El Consejo Europeo aprobó el 21 de junio de 2020 la creación del programa Next Generation EU, el mayor instrumento de estímulo económico jamás financiado por la Unión Europea, para dar respuesta a la crisis sin precedentes causada por el coronavirus.

Dotado con 750.000 millones de euros para el conjunto de los Estados miembros, este instrumento excepcional de recuperación temporal pretende contribuir a reparar los daños económicos y sociales inmediatos causados por la pandemia.

A través de este mecanismo, España accederá a un total de 140.000 millones de euros entre 2021 y 2026, de los cuales cerca de 70.000 millones serán en forma de transferencias.

España ha recibido por parte de la Comisión Europea 19.000 millones de euros, aunque solo el 27,7% se ha adjudicado o está en fase de adjudicación. Unos 5.300 millones de euros.

PREGUNTA. ¿Qué balance puede hacer de los fondos Next Generation? No terminan de llegar a la sociedad. ¿Dónde está el atasco?

RESPUESTA. Yo creo que aquí se repite a veces un poco este mantra, que parece que es que no llegan, no llegan, y oigan, sí, sí que llegan. En Adif, por ejemplo, muchas de las obras y de los proyectos que está ejecutando están nutriéndose de esos fondos del plan de recuperación. Por lo que se refiere a este ministerio, hemos movilizado más del 50% de los fondos de recuperación, transformación y resiliencia; hemos licitado en torno a dos terceras partes de los fondos y hemos hecho transferencias a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos, y con las transferencias que terminemos en 2023, prácticamente todos ellos van a tener el 100% de las transferencias que les corresponden. Por lo tanto, estamos hablando de un plan que representa una inyección de fondos sin precedentes, es la práctica totalidad de los fondos que se han ido transmitiendo a España por parte de la Unión Europea en las últimas tres décadas. Ahora ya hemos llegado a ese punto en el que se han lanzado la mayoría de las convocatorias y se están licitando muchos proyectos. Y 2023 tiene que ser el año en el que empecemos a ver ya en la calle esos proyectos que se están ejecutando.

P. Sí, si la ley está hecha, pero no se está adjudicando el dinero...

R. Todas las comunidades autónomas han sacado las convocatorias. Todas están lanzadas y en plazo. Además, las comunidades autónomas y los propios ministerios tenemos definidos en el plan unos hitos, unas fechas que hay que cumplir con unos porcentajes determinados de concesión o de licitación o de ejecución. Si no se cumplen esos hitos, existe la posibilidad de recuperar esos fondos y redistribuirlos entre las comunidades autónomas o asignarlos a los proyectos en los que sí se están cumpliendo esos plazos de ejecución. Por lo tanto, el plan no se ejecuta solo haciendo las transferencias a las comunidades autónomas y que estas convoquen. El plan también nos compromete a todos con unos plazos estrictos de cumplimiento, y si no se cumplen existe la posibilidad de redirigir esas ayudas entre las diferentes comunidades que sí que están cumpliendo.

P. ¿Cuál va a ser el impacto en el empleo y en la economía?

R. Los fondos suponen una inyección económica muy importante. Solo para desarrollar los proyectos de rehabilitación prevemos la generación de en torno a 188.000 puestos de trabajo, un impacto muy positivo en el PIB, en torno a una aportación del 1,6% a la economía, y, por lo tanto, hemos pasado estos meses de planificación, de convocatorias, de acuerdos con las comunidades autónomas, y el año 2023 y los sucesivos tienen que ser años en los que todos estemos centrados en ejecutar esos fondos, porque no nos podemos permitir el lujo de perder ni un solo euro.

P. Pero ¿temen que al final haya que devolver dinero a Europa?

R. Es un escenario que no nos planteamos.

P. ¿No nos lo planteamos?

R. No nos lo podemos siquiera plantear.

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P. Ahora que la invasión rusa de Ucrania ha convencido a Europa de la necesidad de acelerar la transición energética, y teniendo en cuenta los vientos que vienen de Bruselas, ¿se plantean aplicar el principio de 'quien contamina paga' en los edificios, una especie de impuesto a las emisiones de CO₂, como se ha planteado en Alemania?

R. No nos lo hemos planteado en materia de edificación. Lo que sí que estamos haciendo es, a través del plan de recuperación, introducir esa línea de subvenciones y ayudas a través de las comunidades autónomas y los ayuntamientos para poder abordar actuaciones de rehabilitación energética en viviendas unifamiliares, en edificios o poder actuar en el entorno de un barrio. Ese es el primer paso que tenemos que dar. Ayudar a los ciudadanos a que sus viviendas sean mucho más eficientes energéticamente, que consuman menos, que emitan menos gases de efecto invernadero. Y en eso estamos, destinando en torno a 4.000 millones de euros a esas convocatorias. Además, estamos con los criterios de eficiencia energética, tenemos una media de en torno a 30.000 rehabilitaciones al año, y el Plan Nacional de Energía y Clima nos marca que tenemos que estar en los próximos años, en 2030, en 300.000 rehabilitaciones. Esos son nuestros objetivos ahora.

P. Hay mucho por hacer.

R. Hay mucho por hacer, sí. Pero también es verdad que hemos trabajado mucho con el sector, con las empresas constructoras, con las empresas instaladoras, con los colegios de los administradores de fincas, con los colegios de arquitectos, con los ayuntamientos, con las entidades financieras, para que entre todos seamos capaces de hacer pedagogía de lo que esto supone. Es verdad que a veces a una persona o a una comunidad de propietarios esto les puede parecer un mundo, pero también estamos haciendo un llamamiento al sector privado —y eso es la colaboración público-privada también— de facilitar el acceso a la información a los ciudadanos y ciudadanas, para que podamos extender esa cultura de la rehabilitación en nuestro país. Además, hemos articulado créditos ICO y hemos hablado también con las entidades financieras para que puedan anticipar esa cantidad a quienes rehabilitan para que tengan asegurado ese crédito. Dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, incluimos esos créditos, esa línea de financiación para asegurar a las entidades financieras esos préstamos que están facilitando.