El retraso de las CCAA en activar los fondos Next deja a los ciudadanos sin desgravación fiscal

Ocho meses después de que el Gobierno aprobara el real decreto que impulsará la rehabilitación de edificios de viviendas, más de la mitad de las comunidades autónomas continúan sin abrir las convocatorias para poder solicitar estas ayudas, según los datos que recoge el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma).

Se trata de Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla y León, Ceuta, Baleares, La Rioja, Melilla, Murcia y País Vasco; mientras que Madrid hace apenas tres semanas que lo hizo. Un retraso en la tramitación que amenaza con dejar a los ciudadanos sin uno de los principales atractivos de este plan: la posibilidad de deducirse en la renta parte del importe de las obras, beneficio dotado ya con 450 millones de euros que corren serio riesgo de perderse por la falta de diligencia de las administraciones.

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Así lo reconoció el pasado jueves Javier Martín Ramiro, director general de Vivienda y Suelo, del Ministerio de Transportes, quien advirtió de que el tiempo ha empezado a correr en contra para poder acogerse a la deducción fiscal.

El motivo es que, para poder beneficiarse de esta ayuda, es necesario que la obra esté terminada antes del 31 de diciembre de 2023, es decir, dentro de apenas año y medio, horizonte inalcanzable para todas aquellas comunidades de vecinos que siguen esperando que su comunidad autónoma abra la ventanilla donde poder presentar su proyecto.

Para poder beneficiarse de los fondos europeos, se ha fijado un plazo máximo para ejecutar las obras de mejora energética y sostenibilidad de 26 meses desde la concesión de la ayuda, aunque se podrá ampliar excepcionalmente si las intervenciones afectan a 40 o más viviendas, y siempre que hayan finalizado antes del 30 de junio de 2026. Sin embargo, el horizonte es mucho menor por el lado de la deducción fiscal, que exige tener terminados los trabajos en diciembre del próximo año.

El real decreto concede un plazo máximo de tres meses para que las comunidades se pronuncien sobre si el proyecto cumple los requisitos marcados desde Bruselas y, por tanto, si es merecedor de los fondos Next Generation, momento en el que podrán arrancar las obras, cuya duración, en función del alcance de los trabajos y del tamaño del edificio, oscilará entre un año y los citados 26 meses.

Más de la mitad de las CCAA todavía no han habilitado el sistema para solicitar las ayudas

Teniendo en cuenta que la solicitud de estas ayudas necesita el visto bueno de la mayoría de vecinos, y que el verano está a la vuelta de la esquina, lo realista es pensar que a partir del próximo otoño, si nada se tuerce, podrá empezar a coger velocidad toda esta maquinaria burocrática, apenas un año antes de que caduque el plazo para poder pedir la deducción fiscal.

A este atasco se une la falta de mano de obra, todo un cuello de botella para conseguir que los trabajos estén terminados a tiempo. Según advirtió hace ya un año la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), faltan unos 700.000 trabajadores nuevos para ejecutar los fondos Next Generation.

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EFE

El tipo de trabajos que van a financiarse con estos fondos son la instalación de calderas más eficientes, sistemas de aerotermia, placas fotovoltaicas, iluminación led, aislamiento de fachadas y cubiertas, sustitución de ventanas, cambio a motores más eficientes en ascensores y bombas… Todas ellas, mejoras que permitirán rebajar la factura económica y contaminante de los edificios, responsables del 50% de la contaminación de las ciudades.

Para afrontar todos estos trabajos, Europa ha dado a España un cheque de 6.800 millones de euros, de los cuales, 3.800 millones son para ayudas a edificios residenciales y el resto para inmuebles del sector público, además de los citados 450 millones de desgravaciones. En función del tipo de proyecto y de la mejora que se logre, estas ayudas podrán cubrir entre el 40% y el 80% del coste que tengan para las comunidades de vecinos.