El desafío político del Next Generation: los riesgos que nublan las oportunidades

Europa recorre los últimos pasos para poner en marcha el histórico programa de recuperación Next Generation y su proximidad alienta el optimismo entre los países más damnificados por la crisis del coronavirus, como es el caso de España. El Gobierno que preside Pedro Sánchez ha apoyado buena parte de sus esperanzas sobre la recuperación económica en este plan, que es visto no solo como una palanca esencial para sacar España del agujero generado por la pandemia, sino también como un impulso para una transformación a largo plazo capaz de solventar muchas de las deficiencias estructurales del país e impulsar las tasas de crecimiento potencial a largo plazo.

Las razones para el optimismo resultan indiscutibles. Las millonarias inversiones que promoverá Next Generation, con el foco en tendencias de futuro como la digitalización y la transición energética, suponen una herramienta de amplia potencia, aunque palidezca frente a los planes de estímulo de la Administración Biden en EEUU. Y, en concreto, el plan español de inversiones y las reformas adyacentes incluidas han sido acogidos, a primera vista, con satisfacción por parte de las autoridades de Bruselas.

Así, en sus proyecciones macroeconómicas, el Ejecutivo español plantea un fuerte impulso de la inversión pública que acelera el crecimiento a corto plazo y mejora el crecimiento potencial a largo plazo en aproximadamente 0,4 puntos porcentuales, lo que respaldaría una recuperación del PIB real del 6,5% y el 7% durante 2021 y 2022, respectivamente, de modo que el país recuperaría los niveles previos a la pandemia.

La falta de coordinación puede dilatar y restar efectividad a los proyectos del plan

Con todo, los mensajes del comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios de la Unión Europea, Paolo Gentiloni, en entrevista con El Confidencial, representan claros avisos de que aún hay muchas cosas que podrían salir mal y que conviene tener muy presentes para evitar que buena parte del potencial del plan de inversiones acabe desperdiciándose.

El problema no es tanto que Gentiloni ponga en cuestión las posibilidades de que el programa tenga ya en 2021 el impacto previsto por el Ejecutivo. La cuestión radica más en los problemas que pueden retrasar la ejecución de las inversiones y limitar su eficacia, dada la magnitud del desafío a abordar. Desde hace años, España se ha mostrado un país especialmente ineficaz en la absorción de los fondos procedentes de Europa, hasta el punto de que, entre 2014 y 2020, solo ha logrado gastar el 34% de los fondos disponibles en el Marco Financiero Plurianual, unos 15 puntos menos que la media nacional.

En este contexto, además, la reciente salida del Ejecutivo de algunas de las figuras clave en la preparación del programa puede sumar dificultades, al obligar a sus sustitutos a asumir la puesta en marcha de un proyecto con el que, en buena lógica, se encuentran menos familiarizados.

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A esto cabe añadir los previsibles conflictos políticos que cabe esperar durante la ejecución del proyecto, sobre todo teniendo en cuenta la escasa iniciativa mostrada por el Gobierno de Pedro Sánchez a la hora de recabar, aunque sea de forma simbólica, un mayor consenso en torno al plan, que vendría en refuerzo de las perspectivas de que este pueda ejecutarse sin grandes sobresaltos. Como observa Gentiloni, "es difícil hacer cosas tan ambiciosas sin una buena cooperación y una buena contribución de los parlamentos, autoridades locales y los actores sociales".

No puede obviarse que las transferencias de los fondos, que en el caso español está previsto que ronden los 70.000 millones de euros, están condicionadas al cumplimiento de una serie de hitos, que en nada suponen un trámite y para los que el Ejecutivo necesitará granjearse unos apoyos hoy nada obvios. Mientras el Gobierno italiano optó por someter su plan de recuperación al examen parlamentario antes de su envío a Bruselas —un paso que, aunque no obliga, genera ciertos compromisos—, el equipo de Pedro Sánchez ha preferido postergar el juicio del Congreso hasta el momento en que sea impepinable su respaldo a las medidas a aprobar.

Fitch ha advertido de los riesgos que se derivan de la elevada conflictividad política

En este sentido, cabe señalar que la agencia Fitch advertía recientemente sobre el poco alentador historial que tiene España en la ejecución de los fondos estructurales de la Unión Europea. "El Gobierno de España está apostando un capital político significativo en el uso efectivo de los fondos del Next Generation UE, lo que podría incentivar los esfuerzos para superar las restricciones institucionales para la absorción y la inversión productiva y cumplir con cualquier condicionalidad sobre los desembolsos. Pero, en nuestra opinión, existe la posibilidad de una relación conflictiva entre los diferentes niveles de Gobierno", señalaba la nota de la agencia de calificación, citando las recientes elecciones en la Comunidad de Madrid como un reflejo de las notorias diferencias políticas en el país.

Las oportunidades que abre el Next Generation son evidentes, pero también los desafíos, hasta el punto de que firmas como Capital Economics ya han subrayado, hablando en términos generales, que "el impacto en el PIB podría ser menor de lo que la mayoría espera, mientras que el impacto en la producción potencial a largo plazo es incierto".

El plan está en marcha y su apariencia resulta prometedora. Pero cuando se mezclan las urgencias económicas y las conveniencias políticas —y en este caso resulta inevitable— el peligro de desviaciones en los objetivos resulta significativo. Como también observan en Capital Economics, "el diablo está en los detalles de la planificación y la implementación". El éxito no está ni mucho menos garantizado.