El Gobierno pide manga ancha a la UE para desatascar eurofondos y salvar la recuperación
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LOS PERTE DEL NEXT GENERATION

El Gobierno pide manga ancha a la UE para desatascar eurofondos y salvar la recuperación

Industria negocia con la Comisión flexibilidad en la norma de ayudas públicas para los proyectos estratégicos (Perte) del Next Generation. Los planes acumulan meses de retraso

Foto: Pedro Sánchez y la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. (EFE)
Pedro Sánchez y la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. (EFE)
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Los Perte, los grandes proyectos estratégicos diseñados por el Gobierno para aprovechar el empuje de los fondos Next Generation en sectores considerados clave para la economía española, siguen atascados en los despachos ministeriales. La primera de las iniciativas, la relativa al segmento de la automoción y la transformación eléctrica de la industria del automóvil, se anunció para este verano, pero ni las bases ni la licitación de la convocatoria se han publicado todavía. ¿La razón? El Ejecutivo, que preside Pedro Sánchez, está negociando con la Comisión Europea fórmulas de flexibilización de la normativa comunitaria de ayudas de Estado para poder desatascar los planes, según ha podido saber El Confidencial de fuentes cercanas a los agentes implicados en el diseño de los Perte y han confirmado desde el Ejecutivo comunitario.

El retraso se produce en un momento delicado para la economía española, con el producto interior bruto creciendo por debajo de lo estimado (solo un 2% en el tercer trimestre) y la inflación castigando precios industriales y la cesta de la compra. Buena parte de los 27.000 millones de euros en inversiones de fondos europeos que estaban presupuestados este año se ha quedado en el tintero. Raymond Torres, director de coyuntura de Funcas, mencionaba este domingo en un artículo que las cifras agregadas que se muestran en el portal del plan de recuperación solo muestran inversiones por valor de 5.800 millones. El empujón al que deberían contribuir los recursos extraordinarios no termina de llegar, al tiempo que factores exógenos como el colapso de las cadenas de suministro globales impactan sobre la normal actividad.

La Comisión: "Los Estados miembros deben garantizar que todas las inversiones cumplan las normas sobre ayudas estatales"

En tanto que subvenciones a la inversión y proyectos empresariales, los fondos Next Generation se rigen en principio por las mismas normas que el resto de líneas de ayudas en materia de apoyo público a la economía. En los meses previos al envío de los planes nacionales de recuperación, la Comisión Europea envió documentos orientativos en materia de ayuda de Estado que eran muy claros al respecto: "Las normas sobre ayudas de Estado se aplican en el marco del Mecanismo. Por lo tanto, los Estados miembros deben garantizar que todas las inversiones cumplan las normas de la UE sobre ayudas estatales y sigan todos los procedimientos y normas habituales", señalaba uno de los documentos enviados a las capitales. Eso sí, las normas de ayudas estatales de la Unión incluyen una serie de exenciones para las que, en todo caso, hay que cumplir con una serie de requisitos muy estrictos.

Sin embargo, el Gobierno decidió incorporar a su proyecto de reconstrucción y resiliencia motivado por la pandemia del coronavirus seis grandes líneas sectoriales de las que se reservó su gestión, al margen de los fondos trasferidos a autonomías y ayuntamientos para programas de digitalización, vivienda, movilidad o eficiencia energética. La intención es lanzar un primer Perte del automóvil, al que seguirán otros de industria agroalimentaria, salud ('e-health'), hidrógeno verde, sector aeroespacial e inteligencia artificial. Hay compañías trabajando para intentar incorporar a partir de 2022 un séptimo proyecto ligado a la industria de la moda (textil, zapato, etc.).

placeholder La ministra de Industria, Reyes Maroto. (EFE)
La ministra de Industria, Reyes Maroto. (EFE)

El atasco ha llegado cuando en el diseño de algunos de los planes, como el del automóvil, el Ministerio de Industria se ha topado con planes empresariales cuya financiación bordea la legislación comunitaria en ayudas de Estado. En la configuración de las alianzas, el Gobierno ha puesto como requisitos que estén lideradas por empresas tractoras, para agrupar cadenas de valor y suministro, y que sean interterritoriales, es decir, con compañías de al menos dos autonomías. Según fuentes conocedoras de esas negociaciones, las propias empresas han advertido de que, sin un cambio en el nivel de intensidad de las ayudas (porcentaje de cofinanciación pública) y en el volumen individualizado de las mismas, es complicado incluir en los programas grandes proyectos de transformación industrial. Y ello requiere que Bruselas se avenga a fijar un marco temporal específico.

"No tiene sentido que los Perte se compongan de un aluvión de pequeños proyectitos para ajustarlos a las ayudas de Estado", señalan en ámbitos empresariales. Otra de las cuestiones sobre el tapete es la posible revisión de los porcentajes de ayudas en función de si buscan respaldar gastos operativos ('opex') o de capital ('capex').

Sobre el contenido de la negociación y el alcance técnico de los cambios que se reclaman, el Gobierno guarda un mutismo absoluto. Desde el Ministerio de Economía, han declinado hacer cualquier comentario a preguntas de El Confidencial. Fuentes del Ministerio de Industria señalan que desde julio están en consultas con el Ejecutivo comunitario "con normalidad", con el objetivo de publicar la convocatoria del Perte de automoción antes de fin de año. "Son conversaciones habituales y constantes con la Comisión", señalan.

Foto: La vicepresidenta de la Comisión Europea, Margrethe Vestager. (Reuters)

No obstante, fuentes comunitarias admiten que lo que está encima de la mesa es precisamente el encaje de los Perte en las ayudas de Estado. "La Comisión está en contacto con las autoridades españolas sobre este asunto. No podemos comentar más sobre el contenido de las discusiones", zanjan. Estas negociaciones se producen también en el contexto de la consulta que Bruselas lanzó en septiembre a los Estados miembros para prorrogar hasta el 30 de junio de 2022 el marco temporal relativo a las ayudas estatales a empresas afectadas por la pandemia. Además, la Comisión está en diálogo con los Estados miembros para la revisión del 'Reglamento general de exención por categorías' (GBER, por sus siglas en inglés), un marco que precisamente incluye una serie de exenciones en ayudas de Estado en distintos campos y que Bruselas quiere presentar en los primeros meses de 2022. Sin embargo, el diálogo que ahora mismo mantienen los técnicos comunitarios con el Gobierno es independiente de esa revisión del GBER y la ampliación del marco temporal de ayudas estatales. Se trata de conversaciones sobre medidas quirúrgicas para el caso español.

La demora en la solución a este embrollo burocrático mantiene en el cajón centenares de proyectos de inversión que muchas empresas tenían previsto acometer antes de la pandemia y que ahora han dejado en 'stand by' a la espera de ver si encajan en el marco de las convocatorias de proyectos estratégicos que recibirán respaldo de eurofondos. El objetivo de los planes es movilizar grandes volúmenes de inversión a través de la colaboración público-privada. Solo en el Perte del vehículo eléctrico, el Gobierno contempla canalizar 4.300 millones de ayudas públicas hasta 2023 y que las empresas aporten con recursos propios o financiación otros 19.700 millones. Un dinero que, por ahora, no termina de aterrizar en la economía.

Los Perte, los grandes proyectos estratégicos diseñados por el Gobierno para aprovechar el empuje de los fondos Next Generation en sectores considerados clave para la economía española, siguen atascados en los despachos ministeriales. La primera de las iniciativas, la relativa al segmento de la automoción y la transformación eléctrica de la industria del automóvil, se anunció para este verano, pero ni las bases ni la licitación de la convocatoria se han publicado todavía. ¿La razón? El Ejecutivo, que preside Pedro Sánchez, está negociando con la Comisión Europea fórmulas de flexibilización de la normativa comunitaria de ayudas de Estado para poder desatascar los planes, según ha podido saber El Confidencial de fuentes cercanas a los agentes implicados en el diseño de los Perte y han confirmado desde el Ejecutivo comunitario.

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