Temor entre grandes empresas a que ayudas de la UE acaben siendo declaradas ilegales

La inminente llegada de ayudas comunitarias a través de los conocidos como fondos Next Generation EU está suscitando dudas por parte de grandes empresas que pretenden obtener subvenciones.

Consultoras y despachos de abogados que trabajan para estas corporaciones advierten a El Confidencial de que están recibiendo muchas consultas sobre los peligros de que las ayudas se puedan declarar ilegales. Uno de los puntos que provocan más reparos por parte de las compañías tiene que ver con el riesgo de que dichos fondos no se soliciten adecuadamente. Y debido a esa falta de diligencia, acaben siendo declarados ayuda de Estado ilegal incompatible con el derecho comunitario, lo que conllevaría la reclamación de los mismos para su devolución con intereses.

"Las empresas interesadas en los fondos deben analizar bien si están sometidas a este procedimiento de control de ayudas de Estado"

El régimen de ayudas de Estado es una de las cuestiones más delicadas de la ejecución del fondo de recuperación, y Bruselas ha sido consciente desde el primer momento como creadora del fondo y a su vez fiscalizadora del mismo. La prioridad es que las ayudas se canalicen tan rápido como sea posible, pero que al mismo tiempo no se puedan cometer errores que provoquen que las empresas que han recibido fondos se vean obligadas a devolverlas años después.

"Las empresas interesadas en los fondos Next Generation deben analizar bien si están sometidas a este procedimiento de control de ayudas de Estado, para poder anticipar el resultado del control que hará la Comisión Europea", explica Miguel Ferre, 'senior partner' de Asuntos Públicos de Kreab.

Expertos en la materia explican que el régimen de ayudas de Estado es algo que funciona desde hace décadas y se trata de uno de los filtros más importantes que se deben superar para lograr subvenciones del fondo Next Generation, que suma 750.000 millones de euros. Del mismo, a España le corresponden 140.000 millones: 75.000 millones son ayudas directas para proyectos transformadores y 27.000 millones ya se han incluido como anticipo en los Presupuestos Generales del Estado de 2021.

Se trata de un programa que ha despertado un enorme interés por parte de las grandes empresas con capacidad para generar cambios estructurales en la economía. Firmas como Iberdrola, Endesa, Naturgy, Repsol, Cepsa, Adif y una larga lista de compañías aspiran a captar más de 100.000 millones solo con las propuestas anunciadas hasta ahora.

La normativa general está recogida en el artículo 107 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, referente a las ayudas otorgadas por los Estados. Las subvenciones proceden de Europa, pero las administra el Gobierno de España. Es decir, que la Administración de Pedro Sánchez está limitada precisamente por el régimen de ayudas europeo. Y estas deben ser acordes a los tratados comunitarios, ya que de otra manera pueden ser reclamadas para su devolución, un escenario que ahora pretenden evitar las compañías.

La Administración de Sánchez está limitada precisamente por el régimen de ayudas europeo

Uno de los primeros que han puesto el acento sobre esta cuestión ha sido la CEOE. La principal patronal empresarial en España elaboró un documento el pasado mes de febrero analizando las ayudas comunitarias. En el mismo, pone de manifiesto el riesgo y problemas que implica no cumplir las normas de competencia europeas y trata de esclarecer cuál es el marco normativo.

Actualmente, el Gobierno de España está en un proceso de interlocución con la propia Comisión Europea para delimitar la compatibilidad de estas ayudas. La clave está en que las especificidades sean recogidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que España debe mandar a Bruselas antes del 30 de abril. El Ejecutivo comunitario ha solicitado a los Estados miembros que sus planes nacionales de reforma e inversiones estén en consonancia con las reglas de ayuda de Estado, para poder agilizar los procesos para dar luz verde a los casos que necesiten ser revisados. Los técnicos comunitarios han pedido a las capitales máxima transparencia y mantienen una conversación continua con el objetivo de alinear los planes con las reglas.

En los casos en que la Comisión Europea tenga que dar luz verde a una determinada ayuda, Bruselas quiere hacerlo en el plazo de seis semanas. Pero para eso necesita total colaboración de los gobiernos. “La cooperación de los Estados miembros es fundamental para garantizar que se pueda cumplir el plazo de seis semanas. La cooperación estrecha y oportuna, así como la transparencia total sobre las medidas previstas, es igualmente importante para garantizar debates eficientes”, señala una de las guías enviadas por la Comisión Europea.

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Entre las claves, está la necesidad o no de notificar de manera previa a la Dirección General de Competencia europea las ayudas concretas. Dependiendo del tamaño y el fin de las mismas, Europa obliga a hacer una notificación 'ex-ante' para aprobar determinada subvención, imponer condiciones o por el contrario prohibirla, si entiende que puede haber un daño al libre mercado.

"Con la intención de evitar posibles distorsiones a la libre competencia y en el comercio entre los Estados miembro y, al mismo tiempo, asegurar los beneficios socioeconómicos de las ayudas, el marco europeo incorpora un análisis de los efectos positivos y negativos que estas pueden tener sobre la economía. Estos efectos son determinantes a la hora de seleccionar adónde van las ayudas", señala Deloitte.

Las fuentes consultadas valoran en este punto la colaboración que está mostrando Bruselas para que todo llegue a buen puerto, sabedoras de la importancia de que no haya atascos burocráticos. La primera que no quiere sustos es la Comisión Europea. Por eso, en las directrices, el Ejecutivo comunitario anima a los Estados miembros a mantener un diálogo informal previo a las notificaciones que permita agilizar todo el procedimiento. “Los contactos previos a la notificación permiten un debate sobre los aspectos jurídicos y económicos de una medida propuesta de manera informal y confidencial antes de que se notifique formalmente”, señala el texto.

“En el contexto de la aplicación de los planes de recuperación y resiliencia de los Estados miembros, el control de las ayudas estatales ayudará a garantizar que el gasto público de los Estados miembros no desplace al gasto privado, evite la compensación excesiva y garantice la igualdad de condiciones en el mercado único”, explica una portavoz del Ejecutivo comunitario. “Muchas de las medidas que probablemente propondrán los Estados miembros como parte de los planes nacionales, como determinadas inversiones en infraestructura y apoyo directo a los ciudadanos, no están sujetas al control de ayudas estatales porque no son selectivas o porque no se refieren a actividades económicas”, explica la portavoz.

Otro caso son las ayudas en las que no es necesario hacer una notificación previa. Estos supuestos están tasados en el 'Reglamento general de exención por categorías'. Si la ayuda se encuentra bajo ese paraguas de exenciones, no es necesario notificar, lo que facilita y agiliza la obtención de fondos. Para evitar posibles cuellos de botella, en este momento, explican desde Bruselas, el Ejecutivo comunitario “está consultando a los Estados miembros sobre una posible ampliación adicional del ámbito de aplicación del reglamento general de exención para permitir una ejecución fluida”, no solamente del fondo sino de otros proyectos.

Por ahora, uno de los expertos consultados explica que ya se han incluido reducciones sobre notificación. En particular, las destinadas a una mayor eficiencia energética o la digitalización de edificios, la construcción de redes de estaciones de recarga para vehículos eléctricos, la digitalización de las pymes o la expansión de las redes de banda ancha.

Eficiencia energética o digitalización de edificios, cargadores de vehículo eléctrico, digitalización de pymes o expansión de banda ancha, exentos

A finales de año, Bruselas publicó una lista de orientaciones que permite a los Estados miembros conocer qué tipo de ayudas serán válidas. Al margen de lo anterior, desde que se desató la pandemia, estableció un marco temporal de flexibilización general para dar la mayor fluidez posible a todas las ayudas en un momento crítico. Bajo ese mayor margen, se establecen otro tipo de ayudas fuera de los fondos Next Generation, como pueden ser las ayudas que está concediendo la SEPI a empresas estratégicas en apuros, etc.

"Las empresas interesadas en los fondos Next Generation deben analizar bien si están sometidas a este procedimiento de control de ayudas de Estado, para poder anticipar el resultado del control que hará la Comisión Europea", sostiene Ferre, de Kreab. "Conocer bien qué proyectos cumplen y cómo solicitar la ayuda es fundamental para evitar problemas", añade otro experto, que aun así señala que no solo Europa puede poner problemas en el futuro si las cosas no se hacen bien.

"Las empresas beneficiarias de las ayudas desembolsadas en el marco del programa Next Generation EU harían bien en verificar que tales ayudas no constituyen un supuesto de ayuda de Estado incompatible, pues, si así fuera, las ayudas habrían de ser devueltas (con intereses) y los jueces nacionales podrían intervenir (por ejemplo, a instancias de un competidor) para paralizarlas u ordenar el pago de compensaciones", advierte en su blog Pedro Súarez, socio experto en competencia de Ramón y Cajal Abogados.

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"En el caso del programa Next Generation EU, hay que ir un paso más allá y demostrar que las ayudas concedidas impulsan de un modo efectivo los objetivos fijados por el plan: transformación digital, cohesión social y territorial, transición ecológica e igualdad. Las propuestas no pueden estar orientadas a la financiación de pérdidas o costes corrientes, ineficiencias o proyectos que se financiarían en cualquier caso de manera privada, sin necesidad de ayuda", explica Deloitte.

Alberto Escudero, socio de PwC Tax & Legal, asegura que "los fondos europeos son una magnífica oportunidad para las empresas y para nuestra economía, y la normativa europea de control de ayudas de Estado, si se gestiona bien por las administraciones y las empresas, no debería ser en ningún caso un freno; aunque es fundamental conocerla a fondo para gestionar bien las ayudas".

La clave para despejar dudas, admite un experto, es la interlocución que el Gobierno haga hacia arriba (Comisión Europea) y hacia abajo (empresas susceptibles de recibir fondos). Si esa interlocución es adecuada, no habrá problemas 'a posteriori'.

La clave será la interlocución del Gobierno arriba (Comisión Europea) y abajo (empresas que reciban fondos), explica un experto

¿Hay alguna preocupación especial que haga pensar que el plan español está desviado? Según explican fuentes conocedoras, no es así. En lo referente a las ayudas de Estado, las empresas españolas no deberían estar más preocupadas que las letonas o francesas: son las primeras interesadas en que el Gobierno estructure bien su plan y que comunique aquellas ayudas de las que deba informarse a Bruselas, pero no hay nada que indique que el equipo de la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, no esté siguiendo el consejo del Ejecutivo comunitario en lo referente a las ayudas de Estado.

Sin embargo, esta no es la primera vez que una medida tomada por el Gobierno español acaba generando problemas para las empresas años después. A día de hoy, grandes multinacionales como Iberdrola, Telefónica, Santander, Ferrovial, Prosegur o Abertis mantienen una batalla en los tribunales europeos por las ayudas fiscales que les concedió el Gobierno de Aznar. Estas fueron denunciadas ante Bruselas por empresas extranjeras que sentían que esa era una ayuda que falseaba la competencia y parte de las mismas han sido declaradas ayudas de Estado ilegales no compatibles con la Unión Europea, por lo que se han tenido que devolver.

Aunque la problemática no es igual, nadie quiere volver a verse en una situación así, de ahí que los despachos y las consultoras estén trabajando a fondo sobre esta cuestión. Máxime después de ver lo ocurrido con Plus Ultra, aerolínea a la que la SEPI ha concedido 53 millones en préstamos. Ahora crece la inquietud sobre esta ayuda. Algunos sectores señalan que si se demuestra que no se otorgó con arreglo a la normativa, dadas las dudas de su caracter de estratégica, tendría que ser devuelta a instancias de la Comisión Europea.